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18 octubre 2017 3 18 /10 /octubre /2017 23:00
Contra los Tratados de Libre Comercio (52)

El gran capital depreda el trabajo total de los pueblos de la tierra, atrapados en la lógica infernal de los procesos de acumulación trasnacional, que produce y reproduce el instaurado gobierno mundial de facto estructurado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la propia ONU, dictadura que ha establecido una jerarquía de Estados y que dicta las políticas mundiales, en particular económicas, comerciales y educativas de una gran cantidad de gobiernos liberales o socialdemócratas satélites

Camilo Valqui

El tratado vinculante para las grandes empresas transnacionales que estamos proponiendo desde esta humilde tribuna tendría evidentemente que superar el escollo de las Naciones Unidas, hito prácticamente insuperable de momento, ya que se necesita para ello un gran consenso internacional, que normalmente no se alcanza debido a las innumerables reticencias que plantean los Gobiernos de los Estados donde se encuentran las sedes de las empresas multinacionales más importantes, y como sabemos, el gran capital posee mucha fuerza bajo este escenario de globalización salvaje y desregulada. Básicamente, ese hipotético tratado debería recoger una legislación ejecutable por parte de las empresas (es decir, de obligado cumplimiento) para la prevención de violaciones de los derechos humanos (extensible a los derechos del resto de animales y de la propia naturaleza), con objeto de acabar con la impunidad de las empresas infractoras, obligándolas a reparar los impactos que hubiesen causado. Difícilmente podrá llegarse a este escenario, cuando actualmente hasta los asesinatos que se llevan a cabo contra activistas ambientales por todo el mundo quedan impunes, y se conoce que las empresas que están detrás de los grandes proyectos a los que los activistas se enfrentan son las responsables de sus muertes. El chip, por tanto, debe ser cambiado: necesitamos un contexto que albergue derechos para las personas, y reglas para las empresas. Hoy día ciertamente ocurre lo contrario: a las personas se las margina, se las precariza y se las excluye socialmente, se le anulan sus derechos, mientras que las empresas, amparadas en ese invento de la "seguridad jurídica", cada vez están más protegidas por este perverso sistema. 

 

No nos engañemos: hoy día, los escenarios de violación de los derechos humanos cometidas por las empresas más grandes del mundo son un fenómeno generalizado. Agresivos proyectos extractivistas ponen en peligro la viabilidad y sostenibilidad de comunidades indígenas en varios países, pues provocan pérdida de biodiversidad, contaminación de acuíferos, mares y ríos, destruyen sus viviendas, o talan sus bosques. Y así, las actividades de estas empresas generan diariamente crímenes ambientales y atentan contra la integridad de las comunidades locales que defienden su derecho a la vida y al medio ambiente. Las comunidades sufren diariamente la persecución, el acoso y el terror, e incluso se llega a asesinar impunemente a determinados dirigentes campesinos, indígenas, o activistas ambientalistas o de derechos humanos. Los secuestros, asesinatos, encarcelamientos, agresiones a mujeres y amenazas constituyen el peligroso día a día de estas comunidades, que sólo buscan poder ejercer en paz sus derechos fundamentales a la vida y a un medio ambiente digno. Por tanto, tal como nos sugiere la ONG Amigos de la Tierra en este documento, se necesita imperiosamente un instrumento jurídicamente vinculante para controlar las actividades de estas empresas transnacionales. Dicho tratado vinculante ha de surgir del apoyo de los movimientos sociales, de las ONG's, de los sindicatos, pero sobre todo de los Gobiernos concienciados en que hay que poner freno a las actividades execrables del gran capital. Difícil escenario hoy día, pues como ya hemos indicado en entregas anteriores, muchas multinacionales poseen más riqueza y poder que los propios Estados, los mismos que deberían reglamentar su actividad. Se ha dejado crecer durante décadas a estos monstruosos agentes económicos, y cuando hemos querido darnos cuenta, resulta que ya son demasiado poderosos. 

 

Debido a ello y durante décadas (apoyadas por esos Organismos internacionales a los que también nos hemos referido en anteriores entregas, como la OMC), las grandes empresas han logrado impedir la aprobación de normas vinculantes que fueran en contra de sus intereses a través de un fuerte lobby y la complicidad o cuando menos connivencia de los Gobiernos de corte neoliberal imperantes en el mundo. Salvo honrosas excepciones, el enorme poderío empresarial ha campado a sus anchas haciendo y deshaciendo a su antojo, sin más control que el que las propias empresas se dotaban a sí mismas. Los Estados y sus gobernantes se han convertido en vergonzosos vasallos de las mismas, en su gabinete de representación. Como consecuencia de todo ello, hoy nos enfrentamos a estos TLC de última generación, cuyo alcance ya hemos explicado largo y tendido, y las empresas siguen sin responsabilizarse por sus crímenes, y las comunidades y el medio ambiente siguen pagando el precio. Esta escalada resulta ya absolutamente inaceptable, pues pone en peligro de forma irreversible la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales, y la sostenibilidad ambiental a nivel global. Bien, la pregunta es...¿Tenemos actualmente alguna herramienta que concuerde con estas características? ¿Poseemos alguna referencia de lo que puede ser un tratado que consagre la arquitectura de los derechos humanos frente a la arquitectura de la impunidad de las empresas? Pues sí, afortundamente. Y a su exposición nos vamos a dedicar en esta recta final de la presente serie de artículos, para que lectores y lectoras posean un marco de referencia de aquéllo que puede y debe ser planteado, y de cómo puede acabarse con las malas prácticas y la impunidad de las grandes empresas transnacionales. 

 

Se trata del "Tratado Internacional de los Pueblos para el Control de las Empresas Transnacionales", una propuesta abanderada por la Red Global de Movimientos Sociales "Desmantelando el Poder Corporativo". Este no es por tanto un tratado al uso, no es un TLC, no es un tratado comercial en su estricto sentido, sino que se nos presenta como un instrumento precisamente diseñado para poder contrarrestar los nocivos efectos que los TLC nos están trayendo en su última generación. Representa por tanto una nueva configuración jurídico-política de cómo enfrentar la impunidad con la que actúan las grandes empresas en la actualidad. Es un anti-TLC, un anti-tratado, es decir, define el marco de actuación y las garantías debidas que se pueden y deben exigir al funcionamiento, actividades y expansión empresariales, para que dejemos de ser (personas, animales, naturaleza, medio ambiente, planeta en última instancia) meros instrumentos de explotación al servicio del capital representado por ellas. Hay que recuperar los derechos y la democracia como valores fuertes del marco jurídico global. Este Tratado de los Pueblos está diseñado fuera de la lógica jurídica clásica del Derecho Internacional, pues pretende recoger la experiencia acumulada de las diferentes luchas contra las empresas transnacionales, así como contra los Estados y las entidades financieras cómplices con ellas. Se trata de que estas propuestas de los movimientos sociales puedan proponer normas al Derecho Internacional desde su base. Porque como se indica en el propio documento: "El lenguaje de los conocimientos especializados de los abogados oculta el carácter político de su intervención y de la representación de los intereses hegemónicos y tiende a suplantar o tergiversar la participación de las organizaciones sociales, movimientos y comunidades". Oponerse a la impunidad de las empresas supone y exige una confrontación y una lógica muy diferente, para no caer en las trampas de "lo técnico". Hemos de anteponer siempre lo político. 

 

Seguimos retomando de su misma fuente: "La dificultad de establecer obligaciones precisas y de armonizar en un Tratado las diferentes normas implicadas es evidente: el Derecho Laboral, los derechos humanos, el Derecho Humanitario, el Derecho referido al Medio Ambiente, los derechos de los consumidores, los derechos corporativos, el reconocimiento de la obligación de las empresas transnacionales de respetar las normas internacionales en materia de derechos humanos y de su responsabilidad civil y penal en el caso de incurrir en violaciones a los mismos, la responsabilidad civil y penal de sus dirigentes, la primacía de los derechos humanos y del interés público sobre el interés económico, la obligación de las empresas transnacionales de pagar a sus proveedores y subcontratistas precios razonables por sus productos y servicios, la aprobación de una Corte Internacional y la regulación de la extraterritorialidad...son temas muy diversos y responden a lógicas jurídicas diferentes". Este tratado ofrece un marco de juego para intentar regular el enorme poder transnacional, lo cual ya de por sí es un arduo propósito. Lo primero que hace el Tratado es incrementar el número de actores intervinientes como sujetos de derecho, es decir, las organizaciones, movimientos sociales y comunidades afectadas por las actividades de las ETN, serán igualmente actores y sujetos de pleno derecho de los procesos vinculados al desarrollo del Tratado de los Pueblos. El objetivo final será su aprobación futura (o de un documento similar en su objetivo y alcance) en el marco de la Asamblea General de la ONU, para adoptarlo a partir de ahí como una regla común para todos los Estados e Instituciones en relación a las ETN, consagrando de esta forma que los derechos, responsabilidades y propuestas reconocidas en el Tratado sean transformados a su vez en nuevas leyes, mecanismos e instituciones a nivel nacional, regional e internacional, y sean promovidos para su implementación entre todos los pueblos y Estados del mundo. Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Política
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