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25 octubre 2017 3 25 /10 /octubre /2017 23:00
Contra los Tratados de Libre Comercio (53)

El Capitalismo es una civilización que ha subordinado todos los aspectos de la vida a una maquinaria de acumulación de ganancias. Desde el comercio, la producción, la ciencia y la tecnología, la educación, la política, el ocio, la naturaleza misma, todo, absolutamente todo ha sido pervertido para ser sometido a la dictadura del lucro

Álvaro García Linera

El Tratado de los Pueblos, que estamos describiendo y exponiendo en esta recta final de la serie como alternativa clara a los TLC, prevé un desarrollo normativo posterior de sus principales cláusulas, así como de diversos organismos internacionales (tales como la Corte Mundial sobre Corporaciones Transnacionales y Derechos Humanos), así como una regulación clara, estricta y precisa sobre los crímenes económicos, corporativos y ecológicos. Prevé también la construcción de nuevas relaciones entre los pueblos y la naturaleza, que conduzcan a la implementación de nuevas políticas e ideas económicas alternativas, siempre con la vista puesta en colocar a los pueblos y a la naturaleza, es decir, al planeta, en primer lugar, y no a las corporaciones. Porque hasta ahora, como sabemos (y hemos ido ilustrando en las anteriores entregas), la comunidad internacional, debido al inmenso poderío de las ETN como principales agentes de la globalización capitalista, ha eludido su obligación de crear normas jurídicas específicas de cumplimiento obligatorio para las ETN en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a pesar de la gravedad y recurrencia de las acciones transgresoras de dichos derechos que las empresas transnacionales llevan a cabo con total impunidad. La historia viene de lejos, porque desde la década de los años '70, la Comisión de Sociedades Transnacionales del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas estableció como tareas prioritarias, entre otras, investigar las actividades de las ETN y elaborar un código de conducta internacional para las mismas. Dicho código se discutió durante diez años pero nunca llegó a ver la luz, principalmente por la oposición de las grandes potencias y del poder económico internacional. 

 

En 1998, la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos adoptó una Resolución para crear un Grupo de Trabajo que estudiara la actividad y los métodos de trabajo de las ETN en relación con el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo. En uno de los párrafos de dicha resolución se señalaba que uno de los obstáculos que se oponen al ejercicio de esos derechos consiste en la concentración del poder económico y político en manos de las grandes empresas transnacionales. Como era de esperar, las ETN reaccionaron a dicho documento, afirmando que socavaba los derechos humanos, así como los derechos y legítimos intereses de las empresas privadas. También apuntaban que las obligaciones en materia de Derechos Humanos corresponden a los Estados, y no a los actores privados, pero todos sabemos que en realidad es un argumento falaz, pues hemos ido viendo a lo largo de las sucesivas entregas de esta serie, cómo las ETN son las que socavan la democracia, y se oponen a cualquier legislación de los Estados que vele por los derechos humanos, de los animales y de la naturaleza. La ONU designó en 2005 un Relator Especial (una especie de delegado del Secretario General) para estos asuntos, que elevó una serie de informes aprobados en 2011 por Naciones Unidas, pero en ellos figuraba claramente que "no se deriva ninguna nueva obligación jurídica", así como que todas estas recomendaciones no son vinculantes. En una palabra, que las ETN podían seguir haciendo lo que les diese la gana. Como estamos afirmando, necesitamos un marco legalmente vinculante para que puedan regularse y sancionarse las acciones ilegales de las corporaciones transnacionales. 

 

Durante los últimos 40 años, las ETN y los Organismos y Estados que las apoyan han construido una especie de arquitectura de la impunidad, precisamente a través de la jurisprudencia de los propios tratados comerciales y demás legislación interna de los Estados, inspirada (en la inmensa mayoría de los casos) por los dogmas neoliberales. Hoy día las ETN poseen un enorme poder jurídico, económico y político, que vuelve extremadamente complicado el poder elevar una legislación que controle y sancione realmente sus peligrosas actividades. En este sentido, el Tratado de los Pueblos es una alternativa de carácter radical, cuyos objetivos son, por un lado, proponer mecanismos de control para frenar las violaciones de los derechos humanos cometidas por las ETN, y por otro, ofrecer un marco para el intercambio y la creación de alianzas entre comunidades y movimientos sociales para reclamar el espacio público, ahora ocupado por los poderes corporativos. La esencia del Tratado de los Pueblos va unida también a la reivindicación de reglas vinculantes para las ETN y la aprobación de normas (por parte de los Gobiernos) que excluyan al sector privado de las áreas claves para la dignidad humana y la supervivencia de las personas y el planeta, áreas que, como se ha venido exponiendo, no pueden estar sujetas a los principios de mercantilización. En esta propuesta de Tratado alternativo, los pueblos se configuran como sujetos constituyentes de la ley internacional, pudiendo proponer y proclamar nuevos derechos. Un Tratado basado en la responsabilidad y en la ética de las generaciones presentes y futuras, y en la obligación de proteger la Tierra, el propio planeta, el medio ambiente y sus recursos naturales. 

 

El Tratado de los Pueblos también parte de la base de que todos los derechos humanos y las libertades públicas fundamentales ligadas a ellos son indivisibles e interdependientes, de modo que debe prestarse igual atención y urgente consideración tanto a la aplicación, promoción y protección de los derechos civiles y políticos, como a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Aquí radica una trampa que suelen utilizar muchos Estados de forma recurrente, pues se llenan la boca hablando de derechos humanos, pero sólo se refieren al primer grupo, olvidándose del resto. Esto no es un planteamiento admisible. Todos los derechos humanos han de tener, pues, el mismo grado de consideración. El Tratado también parte de la base, como no podía ser de otra manera, de que los pueblos poseen el derecho a su autodeterminación, y a establecer libremente su destino político, económico, social y cultural, así como acceder libremente al derecho al desarrollo autónomo, armónico, sostenible, autocentrado e inclusivo de sus regiones, al Buen Vivir, a los servicios públicos y a los bienes comunes. Asímismo, el Tratado Internacional de los Pueblos también asume la igualdad soberana entre los diversos Estados, entre los diferentes pueblos y entre hombres y mujeres, junto al reparto equitativo de la riqueza y el respeto a la naturaleza. Todos ellos son principios inspiradores del mismo. Este Tratado de los Pueblos también deja claro, como no podía ser de otra manera, que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (incluido el Derecho Internacional del Trabajo y el Derecho Internacional Ambiental) es jerárquicamente superior a cualesquiera normas sobre comercio e inversiones, sean nacionales o internacionales, por su carácter imperativo y han de ser entendidos como obligaciones de toda la comunidad internacional y para toda la misma. 

 

Esto deja sentado definitivamente, como es evidente, que ninguna norma relativa al comercio de cualquier tipo o forma podrá vulnerar, directa o indirectamente, cualquier precepto o mandato relativo al cumplimiento garantista de todos los derechos humanos. Y en todo caso, los principios jurídicos vinculados a las normas de libre comercio e inversión deben subordinarse a las normas nacionales del Estado receptor, así como a las normas internacionales de derechos humanos. En ningún caso puede permitirse que las posibles disputas entre los Estados y los inversionistas se sometan a la decisión de órganos arbitrales, ya que implican un menoscabo de la protección ya concedida a la soberanía de los Estados, a los derechos de las personas y a los pueblos, por medio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En ningún caso puede invertirse este orden apelando a la supuesta seguridad jurídica de las posibles inversiones. Todo ello deviene en que las normas sobre comercio e inversiones que se muestren incompatibles con el pleno respeto de todos los derechos humanos integralmente considerados, deben ser suprimidas. Como estamos viendo, este Tratado Internacional de los Pueblos se muestra como una poderosa herramienta que, de ratificarse por numerosos Estados de forma progresiva, proporcionará una cobertura garantista al conjunto de los derechos humanos, de las personas, de los pueblos y de la naturaleza, impidiendo que puedan darse situaciones de clara vulnerabilidad de los mismos, amparada en la impunidad que los TLC actuales proporcionan a las empresas transnacionales. Un instrumento legal, internacional y vinculante como este Tratado de los Pueblos, puede suponer un impedimento para que las ETN puedan seguir campando a sus anchas y utilizando la excusa del "libre comercio" para seguir llevando a cabo sus tropelías, abusos y atropellos. Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Política
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