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2 noviembre 2017 4 02 /11 /noviembre /2017 00:00
Contra los Tratados de Libre Comercio (54)

¿Dónde están las dictaduras? En las llamadas economías de mercado. Ahí sí que, efectivamente, las poblaciones están sujetas, amarradas, encadenadas. Están presas de un mercado que obliga a consumir sin piedad, destruyendo al mismo ser humano y a la naturaleza, teniendo periódicamente las guerras como única válvula de escape cuando el sistema se estanca. La ideología dominante está tan bien montada que, incluso, esa explotación y esa manipulación de conciencias no se ven como tal. Las técnicas de control social son cada vez más sutiles, más sofisticadas. Si alguien conculca derechos realmente es la economía de mercado: obliga sin piedad –pero con sutileza– a consumir, dicta líneas de conducta para toda la Humanidad de las que nadie puede escaparse, viola absolutamente las voluntades populares, aun haciendo creer que promueve las libertades. Como alguien dijo socarronamente: “¿qué es la libertad en el capitalismo? No más que una estatua a la entrada del puerto de Nueva York”. ¿Quién puede escaparse del dictado del mercado o de los medios de comunicación masiva? Nadie, absolutamente nadie. ¡¡Ahí está la dictadura!!

Marcelo Colussi

Continuamos, en esta entrega nº 54 de la serie, con la exposición de los aspectos fundamentales del Tratado Internacional de los Pueblos, como la mejor alternativa propuesta a día de hoy para contrarrestar los efectos de los perversos TLC que nos invaden. En entregas anteriores ya hemos expuesto algunos aspectos introductorios del mismo. Para el TP, los Estados deben garantizar y proteger a las comunidades y personas afectadas por las prácticas y operaciones de las ETN que violan los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y medioambientales y asegurar el acceso a la justicia y el derecho a la compensación de los afectados. Es decir, el TP ya declara oficialmente la responsabilidad de los Estados en proteger a la población frente a las perversas prácticas de las empresas transnacionales. Ningún otro tratado lo había reconocido tan abiertamente. Y ello porque los Estados son, en muchas ocasiones, responsables por no garantizar los derechos de las personas y pueblos favoreciendo con sus actuaciones a las empresas transnacionales. Ya hemos expuesto en más de una ocasión el tremendo poderío de las ETN, su enorme tamaño, y las facilidades que la globalización capitalista les ofrece para chantajear a los Estados. Pero aún así, si el Tratado de los Pueblos se hace realidad algún día, los Estados figurarán como responsables ante la protección de sus respectivos pueblos sobre los perjuicios que pudieran causar las ETN. Porque hasta ahora, la verdad es que las legislaciones y las decisiones y medidas adoptadas han mirado siempre más a los intereses de las empresas que a los del conjunto de la ciudadanía. Se puede y se debe denunciar a los Estados firmantes por las violaciones de derechos humanos cometidas por las grandes corporaciones al legislar a su favor, o ratificar TLC o de inversión que facilitan las actividades de las ETN en detrimento de pueblos, personas o de la naturaleza, o bien por complicidad por no impedirlas. 

 

En este orden de cosas, los Estados con sede matriz de las ETN podrán ser perseguidos por su responsabilidad criminal y de derechos humanos cuando forzaren o intentaren forzar la celebración de tratados comerciales y de inversiones que no tutelen los derechos de la ciudadanía y de los pueblos o no incorporen mecanismos de denuncia cuando la aplicación de dichos tratados genere tales vulneraciones. Los Estados matriz deben garantizar igualmente que las empresas no contribuyan a la violación de derechos humanos en otros países. De acuerdo con los principios del Tratado de Maastricht sobre la responsabilidad extraterritorial de los Estados en materia de derechos económicos, sociales y culturales, los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y medioambientales, tanto dentro de su territorio como extraterritorialmente, y la violación de esta obligación puede dar lugar a que quede comprometida la responsabilidad internacional del Estado en cuestión. Sin el reconocimiento de estas obligaciones extraterritoriales, los derechos humanos no pueden asumir el papel que les corresponde como bases jurídicas para regular la globalización y garantizar la protección universal de los mismos. El TP, por tanto, intenta extender una globalización sobre los derechos humanos, contrarrestando la infame globalización capitalista que padecemos. Asímismo, los mecanismos de apoyo a la internacionalización de las empresas por parte de los Estados (las agencias y bancos de crédito a las exportaciones, la promoción comercial, la diplomacia comercial, los instrumentos financieros, los instrumentos de política de cooperación, el apoyo directo logístico y la expansión exterior) deben subordinarse al sistema internacional de protección de los derechos humanos. 

 

Los Estados, por medio de los órganos responsables de la cooperación internacional y los derechos humanos, deben establecer directrices que garanticen el respeto de los derechos humanos en el marco de los programas de internacionalización de las empresas. Igualmente, han de estar sometidos a control los procesos de deslocalización de sedes empresariales, vigilados y condicionados los motivos que conducen y permiten los mismos, y vigiladas las consecuencias que puedan provocar tanto para la situación de sus trabajadores/as en las sedes originales, como en las sedes deslocalizadas. Lo que recoge el Tratado sobre estos procesos es lo siguiente: "Las deslocalizaciones (las transferencias de tareas a sociedades afiliadas implantadas en el extranjero o de forma indirecta mediante compras de servicios y bienes intermedios a proveedores extranjeros con los que no tienen relaciones de dependencia) exigen la aprobación de normas internacionales del trabajo que prohíban los despidos que busquen aumentar los beneficios mediante la deslocalización; prohíban el cierre y la deslocalización de centros de trabajo con beneficios; doten de capacidad a los representantes de los trabajadores y trabajadoras para suspender planes de reestructuración mientras se obtiene la información necesaria para conocer la situación económico-financiera de la empresa; otorguen el derecho de veto a los trabajadores y trabajadoras, ante medidas destructoras de empleo y deslocalización; impongan gravámenes fiscales para productos reimportados de empresas deslocalizadas; exijan el reembolso de ayudas públicas recibidas por parte de empresas que se deslocalizan y extiendan la responsabilidad solidaria de las ETN con sus filiales, proveedores, subcontratistas y licenciatarios". Como se ve, el Tratado contempla todo un buen catálogo de medidas para disminuir las actuales libertades deslocalizadoras de las grandes empresas. 

 

Por otra parte, determinados bienes, servicios, parcelas o nichos de negocio deben estar expresamente excluidas de su posible privatización. En concreto, se deben excluir las privatizaciones directas o encubiertas de determinados bienes y servicios universales y de uso común, tales como la alimentación, la salud, la educación, la cultura, el agua, la naturaleza, etc. Los Estados han de garantizar dichos bienes como derechos humanos, y han de constituir o configurar agencias o entidades públicas que se encarguen de suministrarlos al conjunto de la ciudadanía. El Tratado también recoge que se deben prohibir las prácticas de los bancos y otras sociedades financieras dirigidas a la especulación e intervención del mercado de las commodities, es decir, de materias primas y de productos agrícolas. En su caso, los Estados estarán obligados a establecer evaluaciones participativas y controladas socialmente de impacto sobre los derechos humanos provocados por las privatizaciones, y exigir condiciones como la disponibilidad, la accesibilidad (física, económica y a la información) y calidad, que los Estados deben respetar y garantizar a la hora de permitir las privatizaciones. El Tratado de los Pueblos también contempla que los Estados deben prohibir el ingreso y establecimiento de inversiones contrarias a los derechos humanos (en aspectos como la industria de armas, la energía nuclear, etc.), y limitar aquéllas prácticas que, aún siendo legales, puedan conllevar una responsabilidad por sus efectos perjudiciales para el desarrollo de los pueblos y el buen vivir de las comunidades, abriendo cauces participativos para establecer nuevos parámetros sobre los conceptos del desarrollo, el comercio y las inversiones. 

 

Otra cláusula muy interesante que recoge el TP es que los Estados no deben gestionar crisis de naturaleza económica y/o financiera mediante la eliminación, suspensión o reducción de la progresiva efectividad en el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Estamos comprobando cómo las crisis derivadas de los propios excesos del capitalismo son causadas por sus mayores agentes (bancos, ETN...), mientras se utilizan como excusa perfecta para disminuir los umbrales garantes de la satisfacción de los derechos humanos, y aprovechar el contexto para decretar agresivas contrarreformas que los socavan y los limitan. En su caso, se podrá limitar la progresividad (vs. regresividad) por medio de medidas puntuales, temporales, proporcionales y no discriminatorias, y sólo habiendo agotado todas las propuestas alternativas posibles. El contenido esencial de los derechos económicos, sociales y culturales debe respetarse en cualquier caso, y los argumentos generales de disciplina fiscal y políticas públicas no podrán alegarse como causa de la regresividad. Esta cláusula es fundamental para evitar que cada crisis se convierta en un agravamiento de las ya profundas desigualdades sociales, y su salida se vincule siempre a escenarios de justicia social. Por su parte, las políticas de ayuda humanitaria de los Estados o de Organismos o Instituciones Internacionales deben dirigirse a salvar vidas, aliviar el sufrimiento y mantener la dignidad humana. En este sentido, ningún interés económico de los Estados, de dichas instituciones, de las empresas o de cualquier otro agente podrá diseñar o condicionar las políticas de ayuda humanitaria. De esta forma, como podemos intuir, se previenen indecentes y aberrantes situaciones como los acuerdos firmados por la Unión Europea y Turquía sobre los refugiados. Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Política
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