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9 noviembre 2017 4 09 /11 /noviembre /2017 00:00
Contra los Tratados de Libre Comercio (55)

Este sistema económico y político está condenado a la búsqueda de beneficios en espiral ascendente si no quiere morir; está obligado a expandirse por todo el Mundo, a someter a pueblos y naciones, a provocar constantemente guerras por el reparto de mercados, materias primas y fuentes energéticas, y finalmente a destruir el ecosistema, a provocar el cambio climático y a poner gravemente en peligro la vida en la Tierra. En verdad el capitalismo se ha vuelto ya un peligro para las generaciones presentes y futuras

República en Marcha

Otro aspecto que recoge el Tratado de los Pueblos es el relativo a los medios de comunicación. Los Estados, con el fin de garantizar la libertad de expresión y el derecho a una información objetiva e imparcial, deben prohibir la formación de monopolios en los medios de comunicación, así como la formación de sociedades o acuerdos inter-empresariales, etc., entre empresas de comunicación y otros sectores de actividades industriales, comerciales o financieras. El Estado debe garantizar una pluralidad genuina de proveedores de servicios. Esto es absolutamente vital para alcanzar una sociedad plenamente libre y crítica, profundamente democrática, donde todas las opciones, puntos de vista y posicionamientos de cualquier índole puedan ser igualmente escuchados, difundidos y rebatidos. El Tratado de los Pueblos también indica que se deben prohibir los paraísos fiscales y la especulación con la deuda soberana. Además, la deuda pública que se declare ilegítima (se entiende tras un proceso de auditoría ciudadana y democrática), de acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se verá anulada y se aplicará una quita sustancial para el resto de la deuda de los países en cuestión. Asímismo, se deben prohibir las llamadas "puertas giratorias" (circulación sin obstáculos de altos cargos y representantes políticos entre el sector público y el privado), la cooptación del proceso decisorio de las políticas públicas (la cooperación regulatoria, la coescritura de legislación, la elaboración de normas tipo o de anteproyectos de leyes), el soborno y otras prácticas de corrupción. El TP también prevé la multiplicidad de actores en las consultas y tomas de decisión, ya que instan a los Gobiernos y Parlamentos a consultar (en línea y en audiencias públicas) con las empresas, grupos de presión, movimientos sociales, sindicatos, ONG's, pueblos autóctonos, etc., en las tomas de decisiones que afecten a los intereses de los mismos. 

 

Como estamos comprobando, el texto de propuesta del Tratado Internacional de los Pueblos intenta corregir todos los aspectos viciados hasta ahora, para que sean anulados o reconvertidos en un sentido justo y democrático. Asímismo, el TP indica que se debe prohibir todo intento de patentar las diversas formas de vida presentes en la naturaleza (es decir, intentar su apropiación privada indebida) y los organismos genéticamente modificados, y establecer un derecho de preferencia del dominio público sobre los descubrimientos fundamentales para la salud. Esta cláusula es sumamente importante, ya que impide a las empresas mercantilizar todo tipo de avances científicos y descubrimientos importantes, así como patentarlos, llevándolos al terreno de la iniciativa privada, con todo lo que ello supone. El TP también intenta poner un poco de orden en la gestión de bancos, fondos de inversión y grandes empresas. Su cláusula 2.33 ordena que se debe regular el complejo entramado de bancos, empresas, grupos de inversores, agencias, consultoras, comisionistas y otros actores que operan en los mercados financieros. En este sentido, se aprobarán normas, al menos, sobre la transparencia de las prácticas financieras, el control de capitales y de los servicios financieros, el control de los fondos de inversión (hedge funds), el fraude y la elusión fiscal, las agencias de calificación, la retribución de los altos directivos, el secreto bancario y las sanciones a los flujos ilícitos de capital. Se elaborarán también reglas sobre las tasas al movimiento de capitales y la imposición fiscal progresiva sobre la renta, el patrimonio y los beneficios empresariales. En efecto, si se consiguieran controlar todos estos aspectos, no cabe duda de que elevaríamos bastante el listón sobre la justicia fiscal y se pondría orden en todas las tropelías que hoy día cometen bancos y grandes ETN.

 

El TP también ordena derogar y eliminar algunos tratados previos y organismos internacionales que los avalan. Indica que se debe iniciar un proceso de transición hacia un nuevo mecanismo de regulación del comercio mundial y de resolución de controversias que sustituya a la OMC y sus reglas (ya nos hemos referido en profundidad a la OMC en entregas anteriores, a las que remito a los lectores y lectoras interesadas). De forma urgente, se deben derogar el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, los acuerdos que conlleven la eliminación de las pequeñas explotaciones agropecuarias y el campesinado, el Acuerdo relativo a los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio celebrado en la Organización Mundial del Comercio (TRIPS, por sus siglas en inglés) y el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Estos últimos, en particular, benefician a las ETN y afectan negativamente, entre otros, al derecho a la salud, el acceso a los productos farmacéuticos y los derechos y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. El Tratado de los Pueblos también detalla con extensión las obligaciones específicas que deberán tener las empresas transnacionales. Lo hace en su punto 4, que recoge las siguientes cláusulas. La primera indica que las ETN, sus filiales de hecho y de derecho y sus proveedores, subcontratistas y licenciatarios deben reconocer los principios de la primacía de los derechos humanos y del interés público sobre el interés económico particular. Esta es una cláusula (4.1 del Tratado) de enorme importancia, dado el tremendo panorama que estamos viviendo, y la terrible impunidad de que gozan los agentes empresariales. También se indica que las ETN y sus filiales en cualquier categoría o grado deben respetar los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y medioambientales, y cumplir con sus obligaciones fiscales para que los Estados garanticen, en particular, el derecho al desarrollo, a una alimentación adecuada, a la soberanía alimentaria, a la salud, al medioambiente saludable, al trabajo, a la vivienda, a la educación y a la tierra. 

 

El anterior es un punto absolutamente esencial del Tratado de los Pueblos, que si se sigue fielmente, es capaz de acabar con cualquier chantaje al que las ETN quieran someter a cualquier pueblo que decida en uso de su plena autonomía y soberanía alterar su sistema económico o político bajo medios pacíficos y democráticos. Vamos a poner un par de ejemplos de rabiosa actualidad para que esta cláusula pueda entenderse en todo su alcance. En Venezuela, desde la victoria original de Hugo Chávez en 1998, parte de la estrategia de desestabilización del Gobierno bolivariano consiste en que los grandes agentes económicos (siguiendo órdenes de la derecha política, social y mediática local e internacional) llevan practicando una serie de desabastecimientos de bienes, productos y suministros básicos en sus locales y dependencias (tiendas, supermercados, cadenas, etc.), de tal forma que están provocando el caos y el estallido social, y promoviendo el levantamiento del pueblo ante dicha situación de desprovisión. El segundo ejemplo se refiere a Cataluña, que desde el pasado día 1 de octubre, cuando se realizó el referéndum de autodeterminación, está sufriendo todo un acoso económico, mediante la constante fuga de empresas instaladas en dicho territorio, que han cambiado sus sedes sociales (y otras sus demás sedes, también) o han amenazado con hacerlo si el pueblo catalán, por medio de sus dirigentes políticos, proclamaban la independencia de dicha nación. Podríamos poner muchos otros, pero pensamos que estos dos ejemplos nos dan cumplida cuenta de que lo que ocurre cuando la supuesta "libertad" de los grandes agentes económicos interfiere con la libertad de los pueblos, que desean gobernar sus vidas a través de medios democráticos. En ambos casos, si el Tratado de los Pueblos estuviera en vigor para dichas naciones, no hubieran podido ocurrir tales situaciones de acoso empresarial a dichos pueblos, si es que no querían exponerse a graves querellas ante el Tribunal Internacional de los Pueblos. 

 

El Tratado también prevé que las ETN, sus filiales de hecho o de derecho y sus proveedores, subcontratistas o licenciatarios no cometerán actos (ni serán cómplices, ni colaboradores, ni instigadores, ni inductores, ni encubridores) que constituyan crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio, tortura, desapariciones forzosas, trabajo forzoso u obligatorio, toma de rehenes, desplazamientos, ejecuciones sumarias o arbitrarias y violaciones del Derecho Internacional Humanitario. Interesantísima clásula, pues sólo hace falta mirar un poquito a la reciente historia para darse cuenta de la gran cantidad de empresas (y sus empresarios, evidentemente) que han colaborado más o menos activamente en la reversión de sistemas democráticos, en la implantación de sangrientas dictaduras, en los asesinatos de disidentes (hoy día incluso en los asesinatos de activistas políticos, sociales o medioambientales), en los detonantes que han provocado posteriores guerras civiles, en el expolio de determinados territorios, en el saqueo de determinados recursos naturales o fuentes de energía, que han estado detrás de los trabajos forzados de muchos represaliados, o que han tenido responsabilidades en los oscuros negocios donde operan las mafias que mueven a las personas, que las esclavizan, que las explotan o que las pervierten. Con la entrada en vigor del Tratado Internacional de los Pueblos todas estas situaciones quedarán controladas, y las ETN tendrán que responder por sus actos, decisiones o colaboraciones con todas estas aberraciones sociales. Acabará por tanto la impunidad colaboracionista de las grandes empresas en según qué causas, o bien en determinadas industrias, tales como el comercio de armas, drogas o personas, ya que son actividades estrechamente relacionadas con todas las barbaridades indicadas más arriba, y cualesquiera otras variantes. Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Política
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