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8 noviembre 2017 3 08 /11 /noviembre /2017 00:00
Fuente Viñeta: http://www.ecorepublicano.es/

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Las venas franquistas del PP irradian toda su gobernanza, desde su negativa a condenar la dictadura, su política represiva (Ley Mordaza), su permisividad con las manifestaciones de la extrema derecha, su rechazo a recuperar los restos de miles de muertos enterrados en las cunetas, hasta el hundimiento en la miseria de millones de ciudadanos (jóvenes sin futuro) que se encuentran en unas deplorables condiciones de vida

Juan García Ballesteros (Colectivo Prometeo)

Y hoy día, quizá el verdadero motor, el auténtico corazón que permite que la impunidad de la dictadura franquista, con todas sus consecuencias, llegue hasta nuestros días, sea la famosa Ley de Amnistía a la que nos hemos referido en muchas ocasiones durante esta serie de artículos. Nosotros ya le dedicamos en su momento un artículo separado en nuestro Blog ("La necesidad de derogar la Ley de Amnistía"), al que remito a todos los lectores y lectoras interesadas. Pero ahora, nos vamos a basar en el magnífico artículo que ha escrito Alejandro Torrús para el medio Publico, titulado "40 años de la Ley de Amnistía, 40 años de vergüenza democrática". La susodicha Ley fue aprobada en el Congreso de los Diputados en octubre de 1977, pero no con el objetivo con el que ahora se utiliza (como una especie de "escudo franquista", en expresión de Torrús), sino para facililtar la salida de prisión de los presos políticos antifranquistas de la época. Bajo el mantra de la "reconciliación entre todos los españoles", la Transición nos dejó esta joya jurídica que ha llamado la atención de tribunales de todo el mundo. Como decimos, originalmente la Ley de Amnistía pretendía pacificar el ambiente, contribuir a vaciar las cárceles de presos políticos, y contribuir al abandono de la vía armada, que estaba costando por aquél entonces un alto precio al Estado y a la sociedad. Y curiosamente, la única fuerza política que se abstuvo a la aprobación de la Ley fue Alianza Popular, es decir, la antecedente del PP actual. Lo que son las cosas: quién les iba a decir a ellos que, con el correr del tiempo, esa misma Ley ante la que ellos se abstuvieron (y para la elaboración de la cual no asistieron ni siquiera a la Comisión Parlamentaria creada al efecto) iba a ser defendida tan ferozmente como lo hacen en la actualidad. Paradojas de democracias incompletas, tuteladas, de corto recorrido y de baja intensidad, como la nuestra. 

 

Alejandro Torrús lo explica en los siguientes términos: "La ley, por tanto, no buscaba en su origen convertirse en una ley de punto final de la dictadura. La ley buscaba terminar de vaciar las cárceles de aquéllas personas que habían luchado contra la dictadura. Punto. Sin embargo, los años pasaron y con la democracia asentada, víctimas de la dictadura y colectivos ciudadanos vieron la oportunidad de acceder a la Justicia de una democracia para pedir explicaciones a los responsables de la dictadura. Una democracia no se podía permitir la impunidad de quienes utilizaron el poder del Estado para torturar, asesinar e imponer el horror a aquéllos que no compartieron su forma de pensar. O, al menos, así pensaron las víctimas de la dictadura. Se equivocaron. Esta es la historia de una vergüenza democrática". Y hoy día, la Ley de Amnistía de 1977 es el perfecto recurso legal que tienen los herederos del franquismo que poseen el control de los poderes del Estado para rechazar cualquier petición de justicia que proceda de las víctimas, y que han elevado en muchas ocasiones ante las instancias internacionales, ante las reiteradas negativas, impedimentos y obstáculos que les pone el Gobierno (hasta ahora, siempre procedente del bipartidismo) español. Desde las primeras elecciones "democráticas" de 1977 hasta hoy, ningún Gobierno se ha propuesto en serio tumbar esa anomalía jurídica, pieza fundamental en la que se ampara la impunidad franquista. El propio poder judicial (recordemos que es un estamento que tampoco fue renovado, removido ni actualizado tras la dictadura), más la propia clase política (con la honrosa excepción de algunos partidos de izquierda), expresada en los diferentes Parlamentos, han impedido eliminar la legislación donde se ampara la impunidad. 

 

Diversas ocasiones e intentos han existido para tumbar esta infame Ley, pero todos ellos se han encontrado con la sistemática oposición de PP, PSOE, Ciudadanos, y los partidos nacionalistas de la derecha catalana y vasca. El Ministerio Fiscal, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía de la Audiencia Nacional también han puesto palos en la rueda, cada vez que han podido, rechazando colaborar con la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Todo lo cual provoca que en pleno siglo XXI los muertos republicanos sigan en las cunetas, y sus familiares, como en 1939, sigan esperando una verdad, justicia y reparación que no llegan. Hasta cinco organismos internacionales de la ONU han pedido a España la derogación de la Ley de Amnistía: el Grupo de Trabajo para las Desapariciones Forzadas, el Comité Contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Desaparición Forzada, y el Relator Especial sobre Verdad, Justicia y Reparación. Ante todos ellos, la inacción y la pasividad del Gobierno. Desde la muerte del dictador, el Estado Español ha mirado sistemáticamente hacia otro lado para no ver la impunidad de la dictadura franquista. Siempre ha faltado, y continúa faltando, voluntad política. Pero incluso, la Ley de Amnistía podría ser sorteada, porque los crímenes del franquismo podrían ser considerados como crímenes de lesa humanidad, y por tanto, no pueden ser amnistiados por ninguna ley. Pero como señala Alejandro Torrús, la Ley de Amnistía, además, contradice fuertes compromisos internacionales en materia de derechos humanos a los que España está suscrita, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue suscrito por nuestro país en abril de 1977. Pues bien, este Pacto señala en su artículo 15 que aquéllas personas que cometieron actos delictivos conforme a "los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional" pueden ser juzgados y condenados aunque sus actos no fueran delito según el derecho nacional en el momento en el que se cometieron. 

 

Como vemos, lo que en el fondo no existe es voluntad de enterrar políticamente esta indecente Ley de Amnistía, porque los que nos gobiernan son los herederos de aquél régimen de infamia y terror que fue la dictadura franquista, o bien sacaron buena tajada de él, o bien temen que abriendo ese melón, la inercia continúe abriendo otros melones igualmente peligrosos, que terminen acabando con los privilegios de buena parte de nuestra clase política y económica. En el fondo, nos encontraremos con el sabroso melón de la Constitución de 1978, auténtica piedra de toque del régimen que llega hasta nuestros días, poniendo en jaque hasta a la mismísima Casa Real. Es falso por tanto que los políticos no puedan hacer nada frente a la Ley de Amnistía. Y también es falso que los jueces no puedan hacer nada, ya que según hemos comentado, pueden declarar la nulidad de dicho precepto legal en base a compromisos de derecho internacional. Bien, pero la Ley de Amnistía que hemos recordado de nuevo en esta entrega no es la única pieza del entramado de la Transición. La herencia franquista, esa que dejaba todo "atado y bien atado", disponía de más elementos de garantía de continuación. Los ha enumerado perfectamente Arturo Maira, miembro del Colectivo ANEMOI de militares demócratas y republicanos, en un reciente artículo, donde distingue los siguientes ocho elementos:

 

1.- La Monarquía Borbónica. Bajo la forma política de Monarquía Parlamentaria (el Rey reina pero no gobierna, aunque esta afirmación posee muchos matices), se reinstauraba la monarquía de los Borbones en nuestro país con Juan Carlos I, hoy día Rey Emérito, y padre del actual monarca Felipe VI. El Rey se define en la Constitución como Jefe del Estado y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, lo cual constituye un absoluto anacronismo democrático en nuestros días. 

 

2.- Una Iglesia Católica que formaba parte del Estado y guardaba nuestras conciencias. Frente a lo que podría haberse esperado, el poder y la influencia de la Iglesia Católica en nuestro país, desde el final del franquismo, no se ha deteriorado ni un ápice, gozando de privilegios fiscales, económicos, educativos, etc., e influyendo en la esfera política cada vez que se intenta dar salida a una ley progresista y socialmente justa y avanzada. 

 

3.- Unas Fuerzas Armadas muy mayoritariamente franquistas, conciencia última del Estado, con derecho a salvaguardarlo. De hecho, el texto constitucional del 78 les asigna a las FAS dichas funciones garantistas de la integridad de la "patria común e indivisible de todos los españoles".

 

4.- Un símbolo intocable: la bandera franquista-borbónica, que sale a los balcones en situaciones absolutamente atípicas, como cuando juega nuestra Selección Nacional de Fútbol, o bien en estos días, ante la crisis política planteada por el referéndum soberanista catalán. 

 

5.- Un anticomunismo feroz, como en los tiempos franquistas, dentro de una sociedad que parece no haber avanzado nada en pluralidad política y en superación de una serie de mitos y falacias que la derecha política, social y mediática lleva inculcándonos desde hace muchas décadas.

 

6.- Un no disimulado odio a la soberanía del pueblo, sustituyendo (incluso en la Constitución) la debida "soberanía popular" como pilar democrático básico, por la "soberanía nacional" del conjunto del pueblo español, sin entender ni reconocer que dicho pueblo español es a su vez un crisol de varios pueblos y culturas que ya existían en el solar patrio que llamamos España. 

 

7.- Una voluntad explícita e inquebrantable de impedir la recuperación de la verdad histórica, la justicia y la reparación del mal causado, ya que lo único que se ha hecho es manipular y distorsionar la historia, y seguir cultivando un montón de valores sociales que el franquismo ya difundió durante la dictadura. 

 

8.- Un concepto centralista y unitario del Estado Español, que ha demostrado que el llamado "Estado de las Autonomías" está absolutamente agotado, y que debemos tender hacia un modelo de Estado Federal (u otras variantes) con pleno reconocimiento del derecho de autodeterminación de todos los pueblos del Estado Español. Es hora de acabar con la visión uniforme de España, así como con el implícito nacionalismo españolista que lo impregna todo. 

 

La plena superación del franquismo, evidentemente, supondrá la superación de todos los puntos anteriores, alcanzando un nuevo modelo de sociedad donde comiencen a cultivarse otro conjunto de valores políticos, sociales y culturales bajo tintes más democráticos, justos y avanzados. Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Política
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