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27 marzo 2018 2 27 /03 /marzo /2018 23:00
Viñeta: Omar Pérez

Viñeta: Omar Pérez

En España se aceptó la monarquía sin referéndum porque las encuestas decían que la república ganaba en 1977, lo dijo Suárez en 1995, se aceptaron los pactos de la Moncloa que sirvieron para que la clase obrera pagara la crisis económica hundiendo la capacidad adquisitiva del proletariado español, el E.T. anuló las conquistas que el movimiento obrero arrancó al franquismo, se aceptó un modelo de Estado uninacional, renunciando al carácter multinacional de España que Dolores Ibárruri defendía en 1970 y que el PSOE también defendió en la lucha antifranquista, se aceptó la economía de libre empresa y libre mercado renunciando al cambio de las relaciones de producción capitalistas, se aceptó las instituciones de la guerra fría (UE y OTAN), se introdujeron las primeras políticas neoliberales junto al thatcherismo en Gran Bretaña…

Miguel Ángel Montes

Y en efecto, todo lo que nos cuenta Miguel Ángel Montes en la cita de entradilla cuadra perfectamente con el desprecio que sufrimos hacia nuestros derechos políticos, civiles, sociales, económicos, culturales y medioambientales. En la entrega anterior ya citamos cómo de hecho nuestro texto constitucional distingue claramente entre el grueso de los derechos sociales y el resto, y sacamos como conclusión (siguiendo a Manolo Monereo y a Héctor Illueca en su libro "España. Un Proyecto de Liberación") que comparada con las garantías que nuestra Constitución reserva al breve catálogo de derechos fundamentales y libertades públicas, la protección dispensada a la mayor parte de los derechos sociales supone "una tutela devaluada y completamente dependiente de su desarrollo legislativo" (en palabras de los citados autores). Por su parte, y en reiterada jurisprudencia al respecto, el Tribunal Constitucional ha llevado hasta sus últimas consecuencias esta devaluación de los derechos sociales, negando incluso que se trate de auténticos derechos subjetivos y afirmando que carecen de la nota de aplicabilidad inmediata que caracteriza a los derechos constitucionales. En última instancia, y ante el flagrante ataque que los mismos han sufrido durante estos últimos años, hemos de concluir que los derechos sociales en nuestro país han sido reducidos a la condición de principios meramente orientadores de las políticas públicas. Esto es lo que precisamente ha de evitar el Proceso Constituyente y la nueva Constitución de él derivada, definiendo todo el blindaje y el marco normativo precisos para que los derechos sociales en el Estado Español no puedan ser recortados, ignorados, o no garantizados para el conjunto de la ciudadanía.

 

No es cierto, a tenor de todo lo expuesto, que nuestro país sea un verdadero Estado Social, tal como abiertamente la Constitución proclama. Y ello básicamente porque nuestro país ha ido abrazando cada vez más un nuevo orden social completamente dominado por el mercado, expresado bajo una continua tendencia hacia nuestra integración en modelos económicos fanáticamente neoliberales. En este orden de cosas, es justo reconocer que nuestra integración en la Unión Europea ha servido de acicate para dicha evolución. En efecto, la UE y sus órganos de gobierno han demostrado en numerosas ocasiones (el más evidente quizá sea el caso de Grecia) ser un espacio económico supranacional específicamente diseñado para convertir el neoliberalismo en la base del orden social imperante, con valor incluso legalmente constitucional (véase al respecto la indecente reforma del artículo 135 efectuada por acuerdo entre PP y PSOE durante el verano de 2011). De ahí que el Proceso Constituyente haya de plantearse también la conveniencia de continuar perteneciendo tanto a la UE como a la zona monetaria del euro. La Comisión Europea insta y jalea a nuestros gobernantes para que emprendan aberrantes contrarreformas sociales y laborales, las cuales han instalado la precariedad en el centro de nuestras vidas. Los autores de referencia afirman: "Esta precarización de la existencia no es un fenómeno meteorológico ni una casualidad sin responsables, tampoco la consecuencia "natural" de una crisis económica cíclica e inevitable. Es más bien el resultado de una intensa actividad reformista conscientemente desplegada por el poder público, y de la que resultan efectos devastadores: la clase trabajadora se encuentra completamente subordinada a la eficiencia económica y a las cambiantes circunstancias de la vida empresarial. Las garantías recogidas en el Estatuto de los Trabajadores de 1980 parecen hoy una lejana utopía".

 

El Proceso Constituyente debe insistir en la idea de refundar un Estado fuerte que regule eficazmente el mercado, que redistribuya justamente la riqueza, que planifique el desarrollo económico y que defienda los intereses de las mayorías sociales del país. Hay que situar al Estado en el puesto de mando de la economía, y hay que volver a dotarle del papel de último garante del trabajo. Y en la base de todo este planteamiento, el Proceso Constituyente debe reclamar y definir un nuevo contexto plenamente democrático. Recordemos en este sentido que precisamente las demandas para una democracia plena y real fueron mayoritarios lemas inspiradores del Movimiento 15-M. Democracia popular, democracia representativa (con una nueva propuesta de Ley Electoral), democracia decisoria, democracia revocatoria y democracia económica deben ser los pilares fundamentales donde se asiente un sistema democrático pleno, en vez de una democracia de baja intensidad como la que ahora padecemos. Desde la Transición política llevada a cabo tras el franquismo, sus paladines (muchos de ellos franquistas de toda la vida reconvertidos en falsos demócratas) nos quisieron convencer de que en nuestro país gozábamos de un sistema democrático, pero esto no es así. Es "democrático" sólo porque votamos cada cuatro años, y porque ya no estamos sometidos a la violenta tiranía de un sistema totalitario y fascista como el de Franco, pero de ahí a vivir en democracia real va un abismo. José López, uno de los autores más didácticos surgidos en los últimos años, y del cual recomendamos la lectura de su obra completa, nos perfila el marco de la democracia real en este artículo, del cual extraemos el siguiente pasaje: "No habrá democracia real sin elegibilidad y revocabilidad de todos los cargos públicos (empezando por el Jefe del Estado), sin referendos frecuentes y siempre vinculantes, sin efectiva separación de todos los poderes (incluidos la prensa y el poder económico), sin una prensa libre y plural, sin la obligación por parte de los partidos políticos de cumplir sus programas electorales (los cuales deben ser contratos sagrados con sus votantes), sin transparencia a todos los niveles, sin una ley electoral donde cada voto valga igual...". 

 

El Proceso Constituyente deberá sentar las bases de esta democracia real porque estamos convencidos de que es el régimen político más avanzado, incluyendo principios de profunda transformación social, reformas económicas, educación pública y laica, y mecanismos de democracia instalados a todos los niveles de las Administraciones, así como en la empresa privada. Una democracia real que conceda el valor a lo público, a los bienes comunes, y que prohíba toda forma de saqueo, expolio o enajenación de los mismos. Una democracia real que renuncie expresamente a la guerra como mecanismo de solución a cualquier conflicto, y que respete profundamente la plurinacionalidad de todos los pueblos que forman el Estado Español, un Estado al que aspiramos que sea verdaderamente Social, pero también Democrático, Republicano, Federal, Laico, Socialista, Participativo y Solidario. Y todo ello así, en mayúsculas, pues son conceptos que están a escalas muy altas. Un Proceso Constituyente que también nos aleje del imperialismo yanki, de la Unión Europea de los mercados, de la OTAN y de todos sus aliados autócratas de Oriente Medio, que son los principales protagonistas de las múltiples y violentas guerras de rapiña, de conquista y de saqueo de recursos naturales. Pero el neoliberalismo que seguimos a pies juntillas nos conduce también como estamos viendo al desmantelamiento de los principios del Estado del Bienestar, en base a proclamar a los cuatro vientos la ineficiencia de lo público. Igualmente, las arcas públicas quedan hipotecadas por una demencial e insostenible deuda pública (cuyo pago prioritario ha sido elevado a precepto de rango constitucional) y por sus intereses, y se procede a un acoso y derribo de los derechos laborales, aumentando la explotación de los/as trabajadores/as mediante crueles contrarreformas laborales que abaratan el despido y legalizan el trabajo precario.

 

El Proceso Constituyente, a la vez que blinda el conjunto de derechos políticos, civiles, sociales, económicos, culturales y medioambientales, debe sentar las bases para impedir por ley la precariedad laboral. Y todo ello debe venir enmarcado en un sistema que recupere los valores y principios republicanos de pacifismo, antiimperialismo, democracia real y recuperación de las conquistas sociales y obreras arrebatadas. La pregunta del millón sería: ¿es posible conseguir todo ello sin desviarse de la perspectiva capitalista? Nosotros pensamos que no, por lo cual hay que aspirar al socialismo como nueva perspectiva económica, poniendo en jaque el servilismo al imperialismo norteamericano, a la arquitectura europea, y a las políticas de "austeridad". De esa forma será posible no sólo recuperar la fuerza del ámbito público y las conquistas sociales, sino además conseguir todo ello bajo la perspectiva feminista y ecologista, es decir, combatiendo el patriarcado y respetando profundamente a la naturaleza en toda su extensión: recursos naturales, aire, bosques, mares, ríos, y modelos energéticos limpios y renovables que sean compatibles con todo ello. Llegados a este punto, espero que los lectores y lectoras que están siguiendo esta serie de artículos tengan más claro por qué un simple reformismo constitucional no es viable, si queremos alcanzar los objetivos que aquí estamos exponiendo. Es el motivo por el cual necesitamos un Proceso Constituyente que debata de todo y sobre todo, que ponga en solfa todos los principios donde se ha basado hasta ahora nuestra convivencia, para a partir de dicho ejercicio, ser capaces de definir, diseñar y alcanzar un nuevo proyecto de país. Continuaremos en siguientes entregas.

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