Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

¿Cómo podemos entonces revertir la arquitectura de la desigualdad en lo que se refiere al enorme poder de las grandes empresas transnacionales? Su poder, como decimos, gracias al capital globalizado, es ciertamente inmenso. Pero existe una línea de trabajo que podemos emprender desde los movimientos sociales, colectivos afectados y fuerzas políticas de izquierda, que consiste en delimitar y hacer respetar la frontera entre el poder de las empresas y la garantía de los derechos humanos. Si conseguimos (y el mercado y el ámbito laborales están muy relacionados evidentemente con todo esto) que el conjunto de la ciudadanía entienda que son dos ámbitos en conflicto (cosa que aún no se acaba de comprender, gracias a la ideología y al pensamiento dominante) habremos dado un paso de gigante, pues podremos comenzar a abrir camino hacia las garantías laborales, y de ese modo acabar con la precariedad. Dejémoslo claro por tanto: bajo la actual arquitectura de la desigualdad, las empresas transnacionales están enfrentadas a los derechos humanos. Esto es algo que hemos de aceptar de forma clara y rotunda. Quien vea fisuras en esta afirmación es que aún no es consciente del tremendo poder de estos grandes agentes del capitalismo, por lo cual le recomendamos que relea las entregas anteriores de esta serie. Bien, si aceptamos por tanto la afirmación realizada, está claro que hemos de poner límites a la impunidad jurídica de las corporaciones, cortar el vínculo entre el poder económico y la democracia, desprivatizar ciertos aspectos relativos a los servicios y bienes públicos actualmente mercantilizados, e impedir el continuo saqueo practicado con la naturaleza. 

Pero llevar a cabo todas estas acciones será muy difícil bajo un marco regulatorio internacional favorable a las empresas transnacionales, lo cual no significa que desde los ámbitos locales no se pueda actuar para revertir estos procesos. Diversas medidas, tácticas y estrategias pueden ponerse en marcha para que los efectos de la globalización capitalista hagan el menor daño posible a nuestros mercados laborales, legislando contra la precariedad, favoreciendo a las empresas que se comporten de forma socialmente responsables, y sobre todo, volviendo a recuperar para el ámbito público bienes, suministros, actividades y servicios que ya se encuentran dentro del ámbito privado. Con todo ello habremos dado pasos de gigante en favor de la igualdad. En un segundo estadío, la meta es ampliar el marco normativo del derecho internacional sobre los derechos humanos, para extenderlo también a los animales y a la naturaleza por sí misma. Al ser reconocidos como sujetos de derechos, podremos legislar y prohibir su continua explotación por parte de las empresas, y evitar los graves efectos derivados de estas execrables prácticas, tales como una mayor conciencia animalista y el freno a las diversas prácticas que están disparando el cambio climático a marchas forzadas. El estadío final es alcanzar un nivel de gobernanza democrática de tal forma que pongamos fin al libre albedrío y a la impunidad de la que gozan las grandes corporaciones, y evitemos los nocivos efectos que proyectan sobre los trabajadores y las trabajadoras en todo el mundo, y la degradación de los ecosistemas naturales. La prevalencia de los derechos humanos (en este caso, aplicados a un mercado laboral más racional y regulado) ha de ser total. No podemos consentir por más tiempo la salvaje situación que padecemos, que deja en manos del gran capital el destino de millones de seres humanos, que se convierten en simples piezas a su servicio. 

Por su parte, hay que deconstruir los grandes monopolios u oligopolios corporativos, hay que recuperar la soberanía alimentaria de los pueblos, hay que reivindicar los derechos campesinos, hay que impedir el constante abuso corporativo sobre la propiedad intelectual, hay que establecer entornos legales que primen la atención a las personas de forma universal sobre los beneficios empresariales (por ejemplo, para el sector de la salud), y hay que intentar cerrar todos los huecos y vacíos legales de tipo jurídico en el derecho internacional en todo lo relativo a las grandes empresas transnacionales. Hay que reconceptualizar el significado (hoy día absolutamente manipulado y magnificado) de la seguridad jurídica, y hay que crear instancias y tribunales internacionales donde los pueblos, las personas y los Estados puedan dirigirse a la hora de litigar con ciertas garantías contra estas megaempresas. Pero sobre todo, en lo que aquí nos ocupa (que es todo lo relativo a su poder en el mercado laboral, y sus injusticias derivadas), hay que revolucionar las relaciones entre las empresas multinacionales y las normas del trabajo, derogando leyes regresivas o contrarreformas, y volviendo a diseñar para este siglo XXI una herramienta universal como el Estatuto de los Trabajadores (al lado de organismos internacionales, como la OIT) que ofrezca plenas garantías de derechos, protecciones y coberturas. Pero dicho todo esto, quizá el mayor escudo de las empresas transnacionales sea el perverso régimen de comercio e inversión vigente, y auspiciado por organismos tan peligrosos como la OMC (Organización Mundial del Comercio) y los Tratados de Libre Comercio de última generación (TPP, TTIP, TISA, CETA...), a los cuales les hemos dedicado recientemente toda una serie de artículos, que recomiendo a los lectores y lectoras que no la hayan seguido. Seguiremos a continuación datos, opiniones e informaciones que nos proporciona Raffaele Morgantini en este artículo aparecido en uno de los números de la revista América Latina en Movimiento (ALAINET), y difundido también por el medio digital Rebelion.org.

La desigualdad laboral viene enmarcada en un proceso de desmantelamiento de los históricos derechos laborales conquistados por la clase obrera al gran capital. La globalización neoliberal ha contribuido a ello, y se enmarca en el fondo en la misma dinámica que niega el derecho a decidir de los pueblos, y la propia soberanía de los Estados. La globalización pretende imponer su visión del mundo, y por tanto, se opone a cualquier réplica que desde estas instancias se pueda lanzar. Se impone una nueva lógica corporativa desde las élites económicas mundiales, y los altos directivos de las organizaciones internacionales guardianas del nuevo orden neoliberal, y en este sentido, la prevalencia de los derechos comerciales de las grandes empresas tienen absoluta prioridad. Todo comenzó con los procesos de privatización de las grandes empresas públicas, la desregulación sistemática de los aparatos económico-industriales nacionales, y de los derechos laborales, sociales y ambientales. Aunque parezca que cada cosa va por su lado, hay que verlo todo en un solo paquete, pues todo forma parte de una misma estrategia conjunta, que responde a un mismo fin y objetivo compartido, que no es otro que estas grandes empresas transnacionales se impongan en los sectores estratégicos de la economía. Recetas como la internacionalización de las empresas, sus deslocalizaciones, la apertura de mercados en países del Sur (donde se podían imponer bajos salarios y nulas protecciones sociales), la liberalización del comercio y la aceptación de la posición dominante de las grandes empresas, respondieron a este macabro objetivo. Pero lo cierto es que desde el principio, la actividad de todas estas grandes empresas estuvo asociada a las más sangrantes violaciones de los derechos humanos, y al constante expolio de la naturaleza. 

Pero lógicamente, para proteger este entorno y proporcionar legitimidad y respaldo legal a la actividad de las empresas, era necesario desarrollar un nuevo marco jurídico-normativo donde insertar "legalmente" sus mafiosas actividades. Y así, la nueva estructura económica internacional sitúa en el epicentro de la misma al poder corporativo transnacional. La deriva ha consistido no sólo en que estas grandes empresas han acaparado cada vez mayor número de actividades, sino que lo han hecho prácticamente sin fronteras, sin límites a la naturaleza de tales actividades, y pisoteando los marcos laborales nacionales e internacionales. La arquitectura de la desigualdad está, también aquí, servida. Se abrió la puerta a un nuevo Derecho Internacional Privado, dominado y erigido a propósito para el ilimitado poder corporativo. Un nuevo orden internacional que desafía a la propia democracia, a los derechos humanos y a todo cuanto se interpone en su demencial camino. El derecho corporativo prevalece hoy día sobre el derecho internacional de los derechos humanos, sobre el derecho laboral internacional y sobre las normas medioambientales. Los marcos legales y normativos han sido instrumentalizados en favor de las empresas y en contra de las personas, los pueblos y la naturaleza. El panorama surgido de tales aberraciones está claro, y lo sufrimos diariamente: abusos de poder empresarial, estafas económicas masivas, generalización de la precariedad laboral, ausencia de protección social, existencia de puertas giratorias, influencia cultural en los paradigmas de pensamiento, existencia de un consumismo alienante y compulsivo, desarrollo de peligrosos procesos extractivistas, negación del derecho al trabajo y a la seguridad social, acoso y derribo al sindicalismo, aprobación de contrarreformas laborales, desnaturalización y desvirtuación del trabajo humano, desprecio a las normas medioambientales, conversión de derechos y servicios públicos en objetos de mercantilización, etc. Todo ello lo podemos resumir en la palabra sagrada: Desigualdad. Continuaremos en siguientes entregas.