Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

Continuando con el perverso régimen de comercio e inversión vigente, última razón del poderío corporativo actual, y de la enorme desigualdad creada por dicho motivo, hay que señalar (siguiendo con el completo y fantástico artículo de Rafffaele Morgantini, del cual hemos extraído también la cita de entradilla) que el retroceso de las conquistas sociales de los pueblos se hizo, y se continúa haciendo, en el marco de la extensión del sistema neoliberal al mundo entero (proceso que se ha dado en llamar globalización), sobre todo a través de la implementación de un nuevo régimen de comercio e inversión (es decir, de expansión empresarial) controlado y hecho a la medida del poder corporativo. Y todo ello cristalizó en base a un constructo jurídico que le daba soporte y protección en todas partes del mundo. Y así, con el paso del tiempo, una multitud de nuevos acuerdos de "libre" comercio e inversión corporativos, de carácter regional, bilateral o multilateral, forman  parte de este régimen. Estos acuerdos han desmantelado progresivamente, vaciado de su sustancia y primacía a las normas nacionales e internacionales, en favor del gran capital transnacional. Poco a poco, estos acuerdos comerciales se iban haciendo más completos y potentes, y no se limitaban a definir productos o aranceles, sino que intentaban extender la semilla de la eliminación de lo que para estas empresas eran "obstáculos" a dicho comercio, pero que en realidad eran garantías que situaban los derechos humanos, de los animales y de la naturaleza por encima de los beneficios empresariales. Para los lectores y lectoras que deseen más información sobre el asunto de los peligrosos tratados comerciales de última generación, les recomendamos nuestra serie de artículos (recientemente finalizada) titulada precisamente "Contra los Tratados de Libre Comercio".

El hecho de haber ganado la batalla de la primacía legal, permite a este sistema desmantelar la soberanía de los Estados (ya que incluso no son ellos mismos los que negocian estos tratados, sino instancias supranacionales, como en nuestro caso la Unión Europea), atacarlos cuando éstos deciden adoptar políticas económicas y/o sociales en contra de los intereses comerciales de estas corporaciones. De esta forma, se ha creado un caldo de cultivo para que estas multinacionales puedan actuar en cualquier parte del mundo con (casi) absoluta impunidad, sin rendir cuentas por sus crímenes corporativos, ni por las tremendas violaciones de los derechos humanos que practican. Y de esta forma, si saquean a los pueblos, si expropian propiedades, si esclavizan a sus trabajadores/as, si no respetan las leyes locales, si masacran animales, si esquilman el planeta, o si comercian con derechos humanos fundamentales, entre otras deleznables prácticas, siempre estarán protegidas, o como mucho, se les impondrá una ridícula multa que no les disuadirá de continuar ejecutando tales atrocidades. En otras palabras, esta red de acuerdos comerciales funciona como un sistema de "vasos comunicantes" que permiten a las políticas neoliberales circular, extenderse, y sobre todo penetrar e imponerse en las economías nacionales. Las empresas siempre ganan, mientras pierden los Estados y sus poblaciones. En el fondo, siempre llegamos a la misma palabra: desigualdad. Una arquitectura (en este caso de comercio e inversión) pensada, planificada y extendida para garantizar que las grandes corporaciones siempre se salgan con la suya, mientras la democracia es socavada, la soberanía ignorada, los trabajadores y trabajadoras explotadas, y la naturaleza destrozada.

El elemento fundamental de los acuerdos de libre comercio e inversión es su naturaleza coercitiva y vinculante, que les proporciona prioridad absoluta frente a cualquier otra legislación, incluida la del derecho internacional sobre los derechos humanos. Como hemos indicado más arriba, las legislaciones nacionales, las Constituciones de los respectivos Estados y la legislación internacional se subordinan a estos acuerdos. Incluso para los casos de litigio se crean tribunales privados internacionales de arbitraje, donde las corporaciones también se ven respaldadas frente al resto de actores. Y en caso de no cumplimiento, una serie de mecanismos de presión, chantaje y coerción política y económica entran en juego: sanciones económicas, presiones diplomáticas, y en los casos más graves, intervenciones militares, Golpes de Estado, o Golpes blandos o parlamentarios (auspiciados bajo el paraguas de la democracia, pero que en realidad son sucias maniobras al servicio del gran capital). Además, dentro del marco de estos tribunales de arbitraje, la desigualdad es plena y evidente: mientras las empresas pueden demandar a los Estados que estimen oportuno, los Estados no pueden perseguir a las empresas en caso de violaciones de la legislación nacional o internacional, laboral o medioambiental, en caso de crímenes o violaciones de los derechos fundamentales de sus respectivos pueblos. ¿Se permitiría una desigualdad tan palpable y discriminatoria en cualquier otro ámbito? Piensen los lectores y lectoras en algunos ejemplos: ¿Se permitiría que los propietarios pudieran denunciar a los inquilinos de sus pisos pero no al revés? ¿Se permitiría que empresarios pudieran denunciar a sus empleados/as pero no al revés? ¿Se permitiría que una Comunidad pudiera denunciar vecinos pero no al contrario? Podríamos pensar en más ejemplos. Saquen sus propias conclusiones.

Bien, expuesto todo lo cual, ¿qué habría que hacer para desmontar toda esta aberrante arquitectura de la desigualdad? Es evidente que habría que revertir todo el camino andado, lo cual no es tarea de un día. En última instancia, hay que volver a recuperar la soberanía de los Estados, y su derecho a regular en el contexto de su obligación para proteger los derechos humanos de sus ciudadanos, y el compromiso de desarrollar un modelo económico alternativo que ponga las necesidades básicas de las personas por delante del lucro empresarial. Hay que garantizar la supremacía y la superioridad del derecho internacional sobre los derechos humanos en relación a las políticas de comercio e inversiones, acuerdos y convenios comerciales, y tratados de libre comercio que puedan concertarse. Se trata de recuperar el derecho al trabajo decente, a las condiciones seguras de trabajo, a la protección social y a salarios dignos. Se trata de dar valor a los servicios públicos y a los bienes públicos, de prohibir su privatización, y de blindarlos frente al continuo interés empresarial para mercantilizarlos. Y se trata de reconocer los derechos a la naturaleza y a los animales, todo ello bajo un marco de profundo respeto hacia todas las formas de vida, de cuidados, de producción y de reproducción. Todo ello no anula el mercado, simplemente lo regula, le pone límites, le impone restricciones, para que el irracional y desmedido afán de lucro de las grandes corporaciones se encuentre con determinados obstáculos en su camino, que impida que desarrollen ciertas prácticas que se están demostrando absolutamente depredadoras con el trabajo humano, con los servicios públicos y con la naturaleza. Ellas son las verdaderas fuentes de riqueza: hagámoslas respetar. Pero para poder llevar a cabo medidas que reviertan todo esto, hemos primero de sufrir una revolución en los paradigmas, en los conceptos y en nuestro pensamiento. Vamos a ir poniendo algunos ejemplos para ilustrar lo que decimos. 

"Los empresarios somos los que creamos la riqueza y el empleo", aseguraba, entre otros muchos, el Presidente de Mercadona, Juan Roig. Es una de las frases que se difunden como un mantra incuestionable, con sus muchas variantes. De este modo, la clase empresarial se legitima a sí misma, y se cubre de un halo de necesidad en cuanto a su existencia. Como si el empleo fuese algo etéreo, resultante de una fórmula mágica que sólo ellos conocen, y a los cuales les debemos el favor. Y hay que decirles a estos señores que dejen de manipular, que los empresarios no crean el empleo, que esto es una falacia como un castillo. El empleo no lo crean los empresarios simplemente porque no es su interés, su obsesión ni su función. El empleo es creado por la demanda de un determinado producto o servicio, es decir, por el potencial de clientes que dicho producto o servicio pueda disparar. Ellos lo único que hacen (que en el fondo y dicho sea de paso, es lo único que les importa) es poner el dinero (para ganar mucho más, claro) para que esto sea posible, y si para ello resulta que hay que contratar a 20 personas, o a 2.000, pues se contratan, al igual que si hay que comprar 50 máquinas. No nos dejemos engañar. El empleo lo crea el mercado, lo crean las necesidades, lo crea un mercado laboral adecuado, lo crea la confianza y el crecimiento económico, pero no los empresarios, que únicamente son el instrumento final para que dicha creación de empleo se formalice. Y tampoco son los únicos agentes que pueden hacer esto, también está el Estado, al que los empresarios desean reducir de tamaño, precisamente para que deje de cumplir con su labor de garante último en la creación de empleo. Y ello por una razón muy clara: a los empresarios sólo les interesa el trabajo humano rentable económicamente, mientras que al Estado también le interesa el trabajo rentable socialmente. Continuaremos en siguientes entregas.