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23 enero 2019 3 23 /01 /enero /2019 00:00
Viñeta: Eneko

Viñeta: Eneko

Los gobiernos de España y de la Unión Europea deberían plantearse qué derecho tienen a obligar a sus trabajadores –así sean rescatadores, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de entidades como la Cruz Roja– a lidiar con una crisis humanitaria como si se tratase de una rutina burocrática, y a envenenar así a su ciudadanía con unas prácticas que convierten a estas personas en mercancías desechables. No hay discurso cargado de buenas intenciones que resista el ejercicio cotidiano de la banalización del mal: llevan tres décadas normalizando y volviendo cómplice a su ciudadanía de la deshumanización y criminalización de los extranjeros pobres, personas que llegan sin nada a las que presentan como una amenaza. Arrasado el horizonte de la Ética Pública, no cabe sorpresa ante el siguiente paso natural: el abrazo del fascismo

Patricia Simón

Europa está completamente obsesionada por la "amenaza" de los refugiados y migrantes, hasta tal punto que no sólo desvía recursos, sino que también distorsiona el comercio, las ayudas y las relaciones internacionales de nuestro continente con toda la región MENA (Middle East and North Africa), acrónimo de norte de África y Medio Oriente, a las que podemos añadir el Magreb, el Sahel y el cuerno de África. Tal y como ya han señalado muchos expertos analistas, se están sentando las bases para una mayor inestabilidad e inseguridad en la región, así como de la probabilidad de provocar un aumento del número de personas refugiadas en el futuro. El informe "Expandiendo la Fortaleza", de Mark Akkerman, del cual extraemos esta información, revela que la gran mayoría de los 35 países que la UE prioriza para la externalización de sus fronteras poseen gobiernos de corte autoritario, y son conocidos por cometer abusos contra los derechos humanos, además de poseer indicadores de desarrollo humano deficientes. Sólo 4 de ellos pueden ser considerados democráticos. Además, 25 de ellos se encuentran en los últimos lugares del mundo en términos de bienestar de la mujer (inclusión, seguridad y justicia). Por su parte, los países europeos continúan vendiendo armamento a estos países, aunque ello alimente más conflictos, violencia y represión, y por tanto, contribuya al aumento del número de refugiados. Es de destacar que el 20% de estos países sufren un embargo de armas por parte de la ONU, pero la propia UE ignora este mandato. El gasto de la UE en seguridad fronteriza en estos terceros países ha aumentado enormemente, y la mayor parte de estos recursos se desvían desde las partidas de Ayuda al Desarrollo. Creemos que no cabe mayor indecencia. Y como venimos contando desde entregas anteriores, el aumento del gasto en seguridad de fronteras ha beneficiado a una amplia variedad de empresas, en particular a las fabricantes de armas y a las de seguridad biométrica. Veamos algunos datos.

 

El gigante armamentístico francés, Thales, también uno de los que más armas exporta a la región, es un actor destacado. Proporciona equipamiento militar para la seguridad de las fronteras y sistemas y equipos biométricos. Entre los proveedores empresariales de seguridad biométrica más importantes se hallan Veridos, OT Morpho y Gemalto (que pronto será absorbido por Thales). Por otra parte, Alemania e Italia financian sus propias empresas de armamento (Hensolt, Airbus y Rheinmetall de Alemania, y Leonardo e Intermine de Italia) para apuntalar el trabajo de seguridad fronteriza en varios países de la región del MENA, en particular Egipto, Túnez y Libia. En Turquía, los contratos de seguridad fronteriza más importantes se han adjudicado a empresas de defensa turcas, en particular a Aselsan y Otokar, que utilizan los recursos para subvencionar sus propios esfuerzos en materia de defensa, que también respaldan los controvertidos ataques turcos contra comunidades kurdas. Pero no todo el mercado es privado. También existen varias empresas y organismos semipúblicos y organizaciones internacionales que ofrecen proyectos de consultoría, formación y gestión de seguridad de fronteras, que han prosperado con el enorme crecimiento del mercado de la seguridad fronteriza. Entre ellas, se encuentran la compañía francesa (semipública) Civipol, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias (CIDPM). Civipol es, en parte, propiedad de grandes fabricantes de armas como Thales, Airbus y Safran, y en 2003 elaboró un informe de consultoría que tuvo una gran influencia en la Comisión Europea y que sentó las bases para las actuales medidas de externalización de fronteras de las cuales ahora se beneficia. Y nosotros nos preguntamos...¿Hasta qué punto es ético todo esto? ¿Tiene sentido que existan empresas y organismos, tanto públicos como privados, que estén haciendo un formidable negocio con el sufrimiento de terceras personas, cuyo éxodo es además patrocinado en gran parte por los países a los cuales pertenecen estas empresas? Nos parece una cuestión absolutamente cínica y aberrante, digna del capitalismo más odioso, agonizante y terminal que nos corroe. 

 

Y por supuesto, como guinda del pastel, todo esto ha sido organizado de forma antidemocrática, es decir, ignorando los posibles y obligados debates en el Parlamento Europeo, otra prueba más de que este Parlamento es absolutamente inútil, y sirve únicamente para el retiro de algunos dinosaurios de la política. Concretamente, la toma de decisiones y la puesta en marcha de la externalización de fronteras en el ámbito de la UE han estado marcadas por una velocidad poco habitual (intentando ser justificadas por la premura de las decisiones en cuanto a las oleadas de refugiados que venían llegando), y han eludido todos los mecanismos de control democrático del Parlamento Europeo. De hecho, varios acuerdos importantes con terceros países, incluidos los acuerdos alcanzados en virtud del Marco de Asociación y el vergonzoso acuerdo migratorio con Turquía, han excluido o evitado la supervisión de la Eurocámara. Y así, al amparo de esta creciente seguridad transfronteriza europea, han crecido las mafias, obligando a las personas migrantes a acudir a rutas más inseguras y peligrosas. Es un hecho constatable que el impulso y la militarización de la seguridad de fronteras ha llevado a un aumento del número de muertos entre las personas desplazadas por la fuerza. En general, las medidas para bloquear una ruta de migración obligan a la gente a jugarse la vida de forma más peligrosa. En 2017, 1 de cada 57 migrantes que cruzó el Mediterráneo murió, mientras que en 2015, perdieron la vida 1 de cada 257. Esto refleja el hecho de que en 2017 la ruta del Mediterráneo Central, la más larga y peligrosa, era la ruta principal para un número significativamente inferior de las personas desplazadas por la fuerza, en su mayoría provenientes de los países del África oriental y subsahariana, en comparación con la principal ruta del año 2015 de Turquía a Grecia, utilizada principalmente por sirios. Aunque no hay cifras oficiales (a fecha de redactarse el informe), se estima que en el desierto mueren al menos el doble de personas refugiadas que en el Mediterráneo. 

 

Hay una creciente presencia de fuerzas de seguridad y militares europeas en terceros países, desplegadas allí para encargarse de la seguridad fronteriza. Frenar la inmigración se ha convertido en prioridad absoluta para las actuales misiones de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) en países como Mali y Níger, y hay Estados miembros, como Francia e Italia, que han empezado a desplegar tropas en Libia y Níger. Por su parte Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, trabaja cada vez más coordinada con terceros países. Ha empezado negociaciones con países que tienen frontera con la UE sobre la posibilidad de llevar a cabo operaciones conjuntas en sus territorios. Las deportaciones son un buen ejemplo de ello. La cooperación en materia de deportaciones ya es generalizada. Desde 2010 hasta 2016, Frontex coordinó 400 vuelos conjuntos de devolución a terceros países, 153 de los cuales tuvieron lugar durante 2016. Desde 2014, algunos de estos vuelos han sido denominados Operaciones Conjuntas de Recogida para el Retorno (CJRO), donde el avión y los guardias en el vuelo pertenecen al país de destino. Los Estados miembros de la UE invitan cada vez con más frecuencia a las delegaciones de terceros países a identificar a las personas "deportables" sobre la base de su evaluación de nacionalidad. En muchos casos, esto ha dado lugar a la detención y tortura de personas deportadas. En países como Turquía, Libia, Egipto, Sudán, Níger, Mauritania o Mali, la UE ha "suavizado" las críticas a los abusos cometidos por sus fuerzas de seguridad contra los derechos humanos, con el único objetivo de firmar los acuerdos. Una política de fronteras rastrera, indecente, inmoral y que ignora completamente la seguridad de las personas. Se incumplen descaradamente muchos preceptos del derecho internacional, tales como el principio de no devolución, el principio de no discriminación y el principio de acceso al asilo. 

 

En Libia la situación de caos llega hasta límites absolutamente terroríficos, impensables para sociedades del siglo XXI. Allí, la actual guerra civil y la inestabilidad no han impedido que las instituciones de la UE ni Estados miembro como Italia canalicen dinero hacia equipamientos y sistemas para las fronteras, formación de guardacostas y financiación de centros de detención. Se han dado imágenes terribles e inhumanas, de guardacostas disparando contra embarcaciones de refugiados (gente inocente que no ha cometido ningún delito), o milicias dirigiendo centros de detención como campos de prisioneros, donde se dan las escenas más dantescas (humillaciones, vejaciones, violaciones, torturas, etc.). En Egipto, Alemania financia equipamiento y formación periódica para la policía fronteriza. Las personas desplazadas allí por la fuerza se han visto atrapadas, incapaces de trasladarse a Libia debido a la situación de inseguridad, y tiroteadas por los guardacostas egipcios si intentan llegar al mar. ¿Es preciso hacer pasar a personas inocentes por estos inhumanos calvarios? ¿Es que sólo se nos ocurre solucionar el problema de los refugiados mediante tratos degradantes para estas personas? En Sudán, el apoyo fronterizo de la UE no solo ha sacado a una dictadura infame del aislamiento internacional, sino que también ha acabado respaldando a las Fuerzas Rápidas de Apoyo, formadas por combatientes de las mismas milicias responsables de violaciones de los derechos humanos en la capital, Darfur. La situación en Níger, uno de los países más pobres del mundo, muestra los costes del control migratorio para las economías locales. Las crisis en la ciudad septentrional de Agadez han socavado la economía local y favorecido la inmigración clandestina haciéndola más peligrosa para las personas migrantes y aumentando el poder de las bandas armadas de traficantes. Por último, en Mali, la imposición por parte de la UE de medidas de externalización de fronteras en un país que está saliendo de una guerra civil amenaza peligrosamente con reavivar el conflicto. Continuaremos en siguientes entregas. 

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