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30 enero 2019 3 30 /01 /enero /2019 00:00
Viñeta: Tomas

Viñeta: Tomas

El 9 de noviembre de 1989 caía uno de los muros más emblemáticos del mundo: el que separaba el Berlín de la República Democrática Alemana del de la República Federal Alemana, el mayor símbolo de la división del mundo entre los ejes capitaneados por EE UU y la URSS. Casi tres décadas después del fin de la amenaza de la guerra fría, Europa ha levantado cerca de 1.000 kilómetros de muros, seis veces el tamaño del de Berlín, contra una supuesta amenaza que no porta AK-47 y no tiene ni cazas MIG, ni armas nucleares

Redacción de El Salto Diario

En la entrega anterior expusimos algunos casos bien conocidos sobre la externalización de las fronteras europeas, y sus terribles consecuencias. Países que controlan por voz de la UE a los migrantes, a cambio de recibir dinero público de todos los europeos, y de que sometan a las personas a férreos controles violatorios de los más elementales derechos. Todos los casos que hemos expuesto revelan que la política de interacción de la UE con su región vecina se ha vuelto obsesiva con el control migratorio, a pesar de los costes para los países o para las personas desplazadas por la fuerza. Es un concepto de seguridad limitado y, en última instancia, contraproducente, ya que no aborda las causas de raíz que obligan a la gente a migrar: los conflictos, la violencia, el subdesarrollo económico y la incapacidad de los Estados para gestionar debidamente estas situaciones. Si, en vez de ello, se refuerzan la tecnología, los impedimentos y los cuerpos militares que los controlan, es probable que se agrave la represión, se limite la rendición de cuentas democrática y se aviven conflictos que empujarán a más personas a huir de sus hogares. Hay que cambiar el rumbo de esta nefasta y caótica política de fronteras. En lugar de ella, en lugar de traspasar esa responsabilidad errática a terceros países, en lugar de hacerles la vida imposible a los migrantes, en lugar de dar cabida a las mafias, en lugar de cerrarles rutas seguras y obligarles a rutas peligrosas, deberíamos externalizar la solidaridad real y el respeto por los derechos humanos. Jamás los migrantes fueron una amenaza. Siempre han supuesto riqueza e interculturalidad en todas las sociedades donde se han asentado. La clave puede ser respondernos a la pregunta: ¿Por qué viene esta gente? ¿Por qué se juegan la vida? ¿Por qué abandonan sus países de origen por alcanzar el "sueño europeo"? Quizá ahí encontremos la respuesta a lo que ocurre, y así poder diseñar la estrategia correcta. El problema es que aún viéndolo, son tantos los intereses cruzados que se dan cita en el mapa de interrelaciones que hemos diseñado, que simplemente no les conviene hacerlo a nuestros indignos gobernantes. 

 

Desde nuestra perspectiva occidental, cada vez que mueren personas intentando surcar el Mar Mediterráneo hasta alcanzar sus destinos, nos preguntamos por qué lo hacen, por qué arriesgan sus vidas de esa manera tan suicida. Simplemente lo hacen porque no ven otra alternativa. Es más: cuando sus familias se enteran de que han muerto, los padres no tardan en pedir a sus otros hijos que retomen el testigo, que sean ellos los que lo intenten, que vuelvan a repetir la misma peligrosa travesía, aún a sabiendas de cómo puede terminar ese nuevo intento. Pero para ellos/as no existe otra alternativa. Los hemos condenado en sus países de origen a un destino tan cruel, que la salvación pasa por alcanzar su sueño, ese "sueño europeo" al que aspiran. Saben que cuando lo consigan, si es que lo consiguen, eso significará la supervivencia de la familia. Y aunque son tremendamente religiosos y confían en el "destino" que su Dios les tenga preparado, nosotros sabemos que no tiene nada que ver con su Dios, sino con el cruel e inhumano sistema que Occidente ha preparado para ellos/as. Por ejemplo, unos 50 euros mensuales que un joven africano pueda enviar a su familia en un país como Gambia, les da para que coma su familia durante todo ese período. Pero hasta poder alcanzar ese sueño, han de superar mil desafíos, a cada cual más insufrible. En caso de que hayan alcanzado las costas españolas, primero asistirán a un desembarco y recepción de lo más inhumano. Ya lo hemos descrito en entregas anteriores, ayudados del fantástico reportaje de Patricia Simón. Pero después, dependiendo del lugar en el que desembarquen, del abogado de oficio que les corresponda, del juzgado de instrucción de turno que reciba las órdenes de internamiento en los CIE correspondientes, o del nivel de ocupación en estos centros, las personas recién llegadas tendrán o no posibilidad de solicitar asilo, o acceso a una asistencia letrada especializada en Extranjería, según documentan fuentes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). 

 

Según estas fuentes, un abogado para cada 12 personas, entrevistas colectivas que impiden una asistencia letrada con garantías, menores encerrados en calabozos, envíos sistemáticos a los CIE o falta de información sobre la posibilidad de pedir asilo son algunas de las consecuencias de la falta de medios y de respuesta coordinada ante el fuerte incremento de las llegadas en patera a las costas españolas durante 2017, que triplicaron la cifra en comparación con el año anterior, según este artículo de Gabriela Sánchez para eldiario.es. Ante este nivel de llegadas, y si pretendemos hacer las cosas bien, las ONG's proponen reforzar los mecanismos de coordinación entre los técnicos de los diversos Ministerios implicados, de tal manera que se pueda reconocer de forma rápida y eficaz a potenciales refugiados, menores o víctimas de trata, para ser derivados a los centros y autoridades especializadas en cada caso, y así conseguir mejorar la asistencia, y las posibilidades de integración de los migrantes en nuestro país. Sólo la completa coordinación efectiva de los organismos e instituciones implicados, podrá garantizar un recibimiento y derivación correctas y garantistas de todas estas personas. El traspaso inmediato a calabozos (pues según la Ley de Extranjería deben estar a disposición policial un máximo de 72 horas para proceder a su identificación) es otro punto que debiera ser acondicionado (o alterado), no solo por las propias instalaciones en sí, sino porque no disponen de acceso a un teléfono o cargador mediante el cual comunicar su llegada a sus familiares. Algunos de estos calabozos no cumplen con las mínimas condiciones de salubridad, e incluso poseen colchones en el suelo, o los típicos barrotes de las cárceles. La Policía Nacional, según la ley, es la encargada de proceder al expediente administrativo con el objeto de devolverlos a su país de origen, salvo los que hayan solicitado asilo. Pero según denuncia CEAR, el expediente de expulsión suele abrirse con anterioridad a que conozcan su posibilidad de solicitar asilo. Este protocolo debería cambiarse, garantizando que los abogados puedan reunirse con ellos para informarles de todos sus derechos, antes de proceder a su custodia por parte de la Policía Nacional. 

 

Y siempre según este protocolo vigente, tras haber llevado a cabo la identificación y el expediente de expulsión, en la mayor parte de los casos son puestos a disposición judicial para que se autorice su internamiento en un CIE durante un tiempo máximo de 60 días para su deportación. Es decir, que en el mejor de los casos, estas personas son conducidas a verdaderas cárceles durante algunos días, sin haber cometido ningún delito, a expensas de que en cualquier momento los Cuerpos de Seguridad les notifiquen su expulsión inmediata. Mientras, la reclusión en el CIE correspondiente se convierte en el siguiente calvario en su periplo vital. Pero según el Instituto de Derechos Humanos de Iridia, el hecho de que pasen a disposición judicial o no depende de la disponibilidad de plazas que haya en los CIE o de otras circunstancias personales, que conducen a que no se solicite el internamiento, con lo cual las personas quedan (de momento) en libertad. Como estamos comprobando, se trata de un protocolo inhumano, ineficaz y arbitrario, indigno para el recibimiento de estas personas, cuyo único delito es ser pobres. Otro aspecto descuidado del protocolo tiene lugar cuando las embarcaciones sufren tragedias en el mar, porque son dramas humanos que han de tratarse como cualquier otro. En este sentido, se echa en falta la asistencia psicológica y sanitaria imprescindible para los afectados/as. La ONG Caminando Fronteras lleva años solicitando la aplicación del "Protocolo Nacional de Actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples", que aunque suele aplicarse para coordinar la actuación de las diferentes instituciones implicadas en la respuesta ante tragedias múltiples, no se aplica en el caso (tan frecuente) de naufragios migratorios. Estas normas básicas se aplican en accidentes de tren, de avión, en atentados terroristas (son protocolos para la identificación de víctimas, comunicación a familiares, etc.), pero que incomprensiblemente no se aplican a estos casos. 

 

En esta página del diario.es se publicó un extracto del libro "¿Qué hacemos con las fronteras?", libro colectivo de Gema Fernández Rodríguez de Liévana, Pablo Sainz Rodríguez, Eduardo Romero, Raquel Celis y Leire Lasa. Vamos a destacar lo fundamental de la reseña publicada. Comienza con un titular muy significativo: Las personas no se van porque haya violencia, sino que hay violencia para que se vayan. Porque en este asunto...¿Quién fue primero, la gallina o el huevo? Hemos afirmado infinidad de veces que los migrantes se mueven porque sus condiciones de vida son penosas, pero...¿y si se trata exactamente de eso? Al capitalismo le interesa vaciar unos territorios y sobrepoblar otros, únicamente en función de su beneficio. Los habitantes de los territorios expoliados sufren lo que David Harvey (geógrafo marxista británico) ha denominado "acumulación por desposesión", es decir, un despojo en toda regla, controlado bajo el fin capitalista de extraer los recursos naturales y estratégicos, a costa de provocar la expulsión masiva de la población. El análisis del hecho migratorio suele hacerse desde puntos de vista muy simplistas, sin tener en cuenta el origen y los motivos primigenios que determinan esa desposesión. Población rural de todo el mundo abandona en masa su territorio, y su desplazamiento tiene que ver con motivos recurrentes. Generalmente estas poblaciones (al contrario que los turistas) no practican la libertad de movimiento. Despojados de su derecho a la inmovilidad, son forzadas a engrosar las estadísticas de las migraciones internas e internacionales. Estadísticas de 9 dígitos, pues las estimaciones respecto a las personas desplazadas directa o indirectamente por la crisis ambiental, son de cientos de millones. Incluso cuando se trata de catástrofes naturales, la mano del capitalismo llega después. Porque a veces, las comunidades huyen voluntariamente de catástrofes ambientales inesperadas, incontrolables, súbitas (un terremoto, un tsunami...), pero es menos conocida la historia que llega después. Cito textualmente a los autores: "...cómo la reconstrucción posterior se convierte en terapia de choque, liderada por las instituciones financieras internacionales, para expulsar definitivamente de la costa y de las playas a las comunidades que vivían de la pesca, e instalar en su lugar lujosos complejos turísticos en los que ya no huele a pescado sino a desodorante. Naomi Klain relata la ejecución de esta doctrina del shock en países como Sri Lanka. El plan consistía en que millones de personas abandonasen definitivamente sus pueblos para que los ecoturistas disfrutaran de la fauna salvaje, de las exóticas mujeres hindúes y de los templos y lugares sagrados. Enfocadas por las cámaras televisivas en el momento de la llegada de la ayuda de emergencia internacional, las comunidades autóctonas pronto supieron lo que significaba vivir en campos de refugiados, cada vez menos temporales y cada vez más militarizados". Continuaremos en siguientes entregas.

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