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18 febrero 2019 1 18 /02 /febrero /2019 00:00
Viñeta: Falcó

Viñeta: Falcó

Ninguna guerra en la Tierra ha adquirido el dramatismo que tendrá la futura lucha por la supervivencia frente a la extinción. Y como marxista ni siquiera estoy seguro de que el Marxismo nos pueda dar las mejores defensas frente a un adversario tan demoledor como la lógica inquebrantable de la naturaleza

Lucho Torres

El modelo industrial-desarrollista, ese que nos llevará al colapso, santifica la producción, pero se le escapa un matiz fundamental: que para que exista producción se tiene que dar una precondición básica, que es la producción de vida, cuya lógica se apoya en las leyes de la naturaleza y en la ética del cuidado, y no en la maximización de las ganancias. Las vidas humanas y el entorno natural que necesitamos han de ser cuidados especialmente, pero en cambio, lo que el actual modelo está provocando es la destrucción masiva de ambos factores. La ecofeminista Yayo Herrero, en este artículo para el medio Contexto y Acción que estamos siguiendo, se pregunta qué principios podrían sustentar, a la luz de lo expuesto, las bases para una Constitución que esté a la altura de los tiempos, y se responde en los siguientes puntos:

 

1.- El sentido y orgullo de pertenencia a una comunidad (preferiblemente local, añadimos nosotros) que se cuida y que vive de lo que sus territorios proporcionan. Hay que volver a recuperar el concepto antropológico de pueblo, y abandonar el más político de Estado-nación. Esto supone, aclara Herrero, sustituir un concepto sagrado, excluyente y normativo de Patria o de Familia que apela a las emociones más violentas, pero que vende sin vacilar la tierra, los recursos o el litoral, abandona y culpabiliza a las personas que sufren precariedad vital y de desresponsabiliza del cuidado de los cuerpos. La patria son nuestros semejantes, son las personas, es el colectivo humano donde estamos insertos, y esto no tiene nada que ver con banderas, himnos o instituciones.

 

2.- El enfoque de la sostenibilidad de la vida cuestiona también un concepto cristalizado y rígido de soberanía, que sólo puede ser entendido si se cree que la vida humana "flota" al margen de la materialidad de la tierra y los cuerpos, y propone por tanto revisar este concepto en términos de autonomías interdependientes. Esto implica reconocer la importancia de la soberanía y de la existencia digna de los demás, ya que de ellos/as dependemos también nosotros para subsistir. Mi soberanía, por tanto, mi capacidad de decidir, implica el reconocimiento de la soberanía de los demás. 

 

3.- Desbancar la creencia y el sentimiento de que sólo necesitamos dinero, y de paso, la lógica sacrificial que defiende que merece la pena sacrificar cualquier cosa (territorio, derecho al cuidado, derecho a la vivienda, a la energía, a la alimentación, libertad de expresión...) con tal de que la economía crezca. La economía decrecerá materialmente por las buenas o por las malas, y conviene encarar un reajuste valiente, decidido y explicado del metabolismo social, de tal manera que quepamos todas las personas y se frenen los procesos de expulsión. Los textos constituyentes deben construir una racionalidad económica alternativa, conectada con las necesidades humanas y con los límites físicos del planeta. He ahí donde reside la verdadera "austeridad". Una racionalidad económica distinta, que dé paso a las monedas sociales alternativas, al trueque social, a la renta básica por la tierra, etc. En relación al trabajo humano, el enfoque debe hacerse bajo una óptica de rentabilidad social, y para satisfacer las necesidades de la comunidad donde pertenecemos. 

 

4.- Proteger de forma sagrada los bienes comunes (agua, minerales, tierra fértil, fuentes energéticas...), y garantizar el acceso a ellos de forma sostenible y equitativa para todas las personas. En entregas anteriores hemos introducido a los/as lectores/as a la filosofía de la EBC (Economía del Bien Común), a la cual remitimos para una exposición más profunda. Básicamente, todo ello implica la democratización en el acceso a todos esos bienes y recursos comunes. 

 

5.- Situar la seguridad de todas las personas como prioridad fundamental. Ello implica también disputar la propia noción de seguridad, con frecuencia confundida con el blindaje de las élites. Pero muy al contrario, supone más bien blindar el derecho a la vivienda, a la educación, a la libertad de expresión, y en general, todas las necesidades cuya carencia suponga una vida indigna. El concepto de amenaza y de seguridad dejarán de estar ligados a la defensa militar, sino a la defensa y blindaje a ultranza de todo el conjunto de derechos sociales, económicos, políticos y culturales de las personas que forman la comunidad. 

 

6.- Establecer, además de los derechos, un sistema de obligaciones. Es imprescindible entender que la vida requiere de un conjunto de relaciones recíprocas de cuidado. Las mujeres no son las únicas que tienen que prestarlos, y por ello, es preciso repartir las obligaciones que comporta tener cuerpo y ser especie.

 

7.- Garantizar una salud integral que pasa no solo por la atención sanitaria, sino por respirar aire limpio, comer alimentos de calidad, gozar de una habitabilidad digna, tener capacidad de decidir sobre nuestra propia vida y el propio cuerpo, disponer de tiempo para las relaciones significativas y para poner en marcha proyectos y deseos propios. Es el concepto de salud entendido como la plena integración del ser humano con su entorno, y sus capacidades de relación con sus semejantes, así como su plena realización personal y social.

 

En la base de una Carta Magna que se pretenda enfocada bajo los parámetros auténticos de la sostenibilidad, y consciente del colapso, han de destacar como dos grandes pilares el escrupuloso respeto a la vida humana (en ese sentido, el respeto a los Derechos Humanos), e igualmente el escrupuloso respeto a la madre Tierra (Pachamama para los pueblos indígenas sudamericanos), a la naturaleza, a los ecosistemas y al resto de seres vivos que lo habitamos. Pensar así una Constitución, una Ley de Leyes, implica abandonar todos los parámetros políticos, sociales y culturales donde nos hemos movido hasta ahora, y abordar un complejo y valiente proceso que sitúe como principio político la ética del cuidado, entendido no como una carga, sino como una condición inherente a la propia vida para mantener los vínculos y la cohesión. "Un cuidado entendido como la capacidad y la voluntad de hacerse cargo de la continuidad de la existencia digna que es la forma más noble de amor", en palabras de Yayo Herrero. Esa Ley de Leyes ha de estar consagrada a la mayor causa, que es la propia vida, entendida como ese esfuerzo constante, radical y apasionado de crear, de mantener y de respetar vidas justas y dignas, que es el mayor aliento que debe impulsar el intento de organizar la vida en común. Una Constitución enfocada a la vida, y no a los mercados ni al capitalismo, como se consagra ahora. Continuaremos en siguientes entregas.

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