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9 abril 2019 2 09 /04 /abril /2019 23:00
Viñeta: Eneko

Viñeta: Eneko

¿Por qué defiende Europa la libre circulación de sus mercancías y cierra a la vez sus fronteras? Esta contradicción refleja simplemente la hipocresía de la UE como centro del sistema capitalista. Por una parte oculta los resultados de sus políticas y por otra genera pobreza y desesperación cuando impide que lleguen las personas refugiadas y migrantes, legisla leyes mortales de extranjería, levanta vallas acuchilladas, externaliza fronteras, financia mafias y señores de la guerra, abre CIEs, y piensa continuar con su política de centros de detención en África, alejados, para no ensuciarse las manos. No sería de extrañar que en un tiempo no muy lejano se lleguen a usar formas cercanas al genocidio

Omar Boudaaoui

De los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) nos vamos a ocupar a continuación, un asunto que ya hemos citado de pasada en multitud de ocasiones durante esta serie de artículos, dentro del contexto de la falta de humanidad con que nuestros países tratan a los migrantes y refugiados. El CIE es una aberración más dentro de la ya larga cadena de aberraciones que hemos de contemplar en el periplo vital que muchas personas migrantes tienen que sufrir. El CIE es, básicamente, una cárcel temporal. Es decir, nuestras sociedades son tan insensibles a estas personas, que durante un tiempo inicial (que puede estimarse en varios meses), durante el cual no saben qué hacer con estas personas (si van a quedarse, si van a ser deportados, etc.), los encierran literalmente en una prisión. Aunque legalmente no estén consideradas como tales, toda la parafernalia que rodea al CIE (seguridad, régimen interno, instalaciones, etc.) los coloca al mismo nivel que las prisiones. Desde hace ya bastantes años, la práctica totalidad de las organizaciones orientadas a la defensa de los Derechos Humanos que en nuestro país poseen representación (CEAR, APDHA, SOS Racismo, Andalucía Acoge, Médicos del Mundo, Caminando Fronteras, y muchas otras) se han mostrado enérgicamente contrarias a la existencia de estos centros. Aunque los extranjeros (pobres) eran encerrados allí desde muchos años antes, el Reglamento de funcionamiento interno de los CIE no fue aprobado hasta el año 2014. Anteriormente, el funcionamiento de estos perversos centros se había dejado al arbitrio del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. Pero antes y después de la aprobación de este reglamento, las denuncias contra los CIE no han cesado. Incluso determinadas marchas, protestas y movilizaciones de diversos colectivos han manifestado su rotunda oposición a los mismos. Por supuesto, nuestro Ministerio de Interior jamás hizo caso a las mismas. También en los CIE se han producido motines y altercados, por las protestas de muchos internos que se han rebelado ante las infames condiciones que padecían. 

 

La Plataforma "Que el derecho no se detenga a las puertas de los CIE" presentó ya en abril de 2012 un extenso documento de propuestas para que se tuvieran en cuenta de cara a la preparación del borrador del documento reglamentario, pero todas ellas fueron ignoradas. También contribuyeron organizaciones de la sociedad civil, tales como Jueces para la Democracia, o Unión Progresista de Fiscales. Y así, retenidos, sin información sobre su destino, sin saber cuánto tiempo van a estar recluidos, atrapados e indefensos, criminalizados, maltratados, ignorados, tratados como "ilegales", ninguneados, y en situación de extrema vulnerabilidad, se encuentran estas personas en los CIE. Se permite el encierro en este tipo de centros a personas vulnerables de toda condición: menores, personas discapacitadas, ancianos, mujeres embarazadas, padres solos con hijos menores, y personas que hayan padecido tortura, violación u otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual. Todos ellos pueden ser (y son) encerrados. Desde antes de su aprobación reglamentaria, y también después de la misma, se mantiene el marcado carácter policial de estos centros. La Policía es la encargada no sólo de la seguridad de los centros, sino también de gestionar todo lo relativo a la permanencia de los extranjeros en los mismos. Únicamente la "faceta asistencial" es asumida por empleados públicos ajenos a la policía (psicólogos/as, trabajadores/as sociales, etc.). El Reglamento generalizó la posibilidad de que la Policía porte armas de fuego en el interior de los CIE, que son centros que no tienen legalmente reconocido su función penitenciaria, en contraste con la normativa penitenciaria que limita su uso a situaciones excepcionales. Ante el previsible incremento del número de personas encerradas, el Reglamento de los CIE ya autoriza la habilitación de otros "centros de ingreso temporal o provisional". 

 

Durante su reclusión, estas personas están privadas en su ejercicio de derechos básicos y fundamentales, que nada tiene que ver con su situación de encierro, y que los colocan aún en peor situación que las personas legalmente recluidas en prisiones. A saber: 

 

1.- No se garantiza el libre acceso al sistema público sanitario, ni a la atención sanitaria completa las 24 horas del día (lo cual es especialmente salvaje para personas mayores, mujeres y niños, así como personas enfermas crónicas).

 

2.- Las visitas de familiares no tienen garantizado ningún régimen de privacidad e intimidad, y pueden ser limitadas en cuanto a número de personas visitantes, duración (30 minutos) y solo para algunos días de la semana.

 

3.- No se permite el uso de teléfonos móviles. 

 

4.- Las labores de control del respeto a los derechos de las personas internas, además de la competencia judicial, sólo será "facilitada" a los organismos nacionales e internacionales "con competencias propias en la visita e inspección de los centros", que es tanto como decir que ninguna entidad no institucional podrá acceder a dicho control. La opacidad por tanto reina en el interior de estos centros. 

 

5.- No se garantiza la instalación y funcionamiento de vídeo-cámaras de vigilancia, herramienta que se ha mostrado esencial como medio de prueba de lo que realmente sucede en situaciones conflictivas, y que constituye una garantía tanto para los internos como para la propia Policía. 

 

6.- Se autoriza el registro personal con desnudo integral, lo que nos parece un atentado contra la intimidad de estas personas. 

 

7.- Las ONG no ven reconocido ningún derecho para poder acceder a estos centros. Sólo es un derecho individual de cada interno. Adicionalmente, queda al arbitrio de la dirección de cada CIE la posibilidad de firmar un acuerdo o convenio que posibilite en la práctica la visita de este tipo de organizaciones. 

 

8.- Las salas de inadmisión de los puertos fronterizos quedan excluidas del Reglamento de los CIE, convirtiéndose en lugares de peor derecho, donde las personas extranjeras podrán sufrir inferiores garantías y condiciones. 

 

Todo lo anterior nos ofrece un siniestro panorama alrededor del funcionamiento interno de los CIE, que nos los presentan como centros de reclusión inhumanos, que no están a la altura de una sociedad democrática, justa ni avanzada, ni de la propia evolución del fenómeno migratorio en sí mismo, que ya venimos analizando en anteriores entregas. Todo lo expuesto es la motivación fundamental de que se den situaciones de abusos y vulneraciones de derechos para las personas migrantes en el interior de estos centros de la vergüenza. Los CIE son, claramente, "verdaderas cárceles encubiertas, prisiones camufladas sin garantías penitenciarias para personas que no han cometido ningún delito". Así son definidos en el Informe "CIE. Derechos Vulnerados", que estamos tomando como referencia, elaborado por las organizaciones sociales que componen la red Migreurop, que puede descargarse libremente en Internet. Los CIE representan un gran agujero negro, desconocido para el conjunto de la ciudadanía, que retuvieron, sólo en el año 2010 (el informe data de 2011), a más de 26.000 personas. Los CIE son la imagen del maltrato institucional a miles de personas cada año, por parte de un sistema que es absolutamente incapaz de integrarlas y de respetarlas mínimamente. Su figura ya estaba contemplada en la primera Ley de Extranjería del año 1985, y desde entonces, las sucesivas leyes promulgadas al respecto amplían las causas de internamiento a casos de devolución, de retorno y a los procedimientos de expulsión por sanción. Según la ley, las personas extranjeras internadas en los CIE se encuentran "retenidas" y no "detenidas", de manera preventiva, y no por un delito sino por una falta administrativa, en este caso por no disponer de la documentación necesaria para permanecer en nuestro país. Su ingreso en un CIE está sujeto a la espera del retorno a su país de origen, de la devolución a la frontera o de una sanción de expulsión. Continuaremos en siguientes entregas.

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