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16 abril 2019 2 16 /04 /abril /2019 23:00
Hacia otra Política de Fronteras (43)

El mercado mediático nos propone la radical descontextualización de los procesos sociales. La mirada televisiva nos ofrece atajos para comprender la realidad: para que percibamos al inmigrante subido a la valla como un asaltante, previamente hemos tenido que despojarle de su humanidad. Lo vemos como una aparición súbita, como un ser sin pasado y sin futuro. Existe porque lo vemos. Existe mientras lo vemos

Eduardo Romero

En efecto, tal como nos dice Eduardo Romero en la cita de entradilla, sólo así es posible que nuestra sociedad albergue aberrantes centros como los CIE, y el resto de la población permanezca inerme, como si no pasara nada. No es el único caso: en Estados Unidos tienen la base militar y prisión de Guantánamo (Cuba), donde se han practicado y se practican los más crueles maltratos a los presos, y el mundo sigue mirando para otro lado. Hemos desarrollado esa escandalosa insensibilidad, ese hierático silencio, esa pasmosa indiferencia, no para no ver, sino para no querer ver que estas monstruosidades existen en nuestro mundo. Los Centros de Intermiento para Extranjeros (CIE), que estamos tratando a fondo en estas entregas, son otro claro ejemplo. El carácter penitenciario de estos centros, como nos cuentan en el Informe "CIE: Derechos Vulnerados" que estamos tomando como referencia, excede a la propia arquitectura y fisonomía de los mismos, para extenderse a la privación de los derechos de las personas detenidas en estos centros, que en ocasiones es superior a las que se aplican a las típicas cárceles. La negación por ley del carácter penitenciario de los CIE nos debería llevar a presuponer que el nivel de calidad de estancia de las personas internadas en ellos debiera ser superior al existente en las cárceles propiamente dichas, es decir, debiera suponer un régimen más favorable, algo que desgraciadamente no se corresponde con la realidad. La ley establece que las personas ingresadas en los CIE tienen únicamente restringido su derecho ambulatorio. Por ello se debería respetar por norma el resto de sus derechos, los cuales son en muchos casos vulnerados, condenándolos sin ser delincuentes a condiciones mucho peores a las que se ven sometidas las personas que sí han cometido delitos. Un ejemplo de ello es la restricción a los internos en el uso de sus teléfonos móviles.

 

Los CIE adolecen también de otras restricciones: no disponen de intérpretes, la falta de garantía de acceso a la defensa jurídica (con la consiguiente indefensión), la imposibilidad de agrupamiento familiar, la ausencia de cámaras de vigilancia en parte de las instalaciones (que impiden verificar el correcto funcionamiento del centro en todo momento y lugar), y el uso de protocolos y procedimientos administrativos inadecuados para que los internos puedan tramitar con seguridad y confidencialidad quejas respecto a la vulneración de sus derechos. Otra de las carencias que se acusa es la vulneración de la intimidad en las comunicaciones a través de mamparas, lo que impide el contacto físico con familiares y amigos, o del derecho a la integridad moral que supone compartir una habitación de pocos metros cuadrados con numerosas personas. Como ya advertíamos en la entrega anterior, cobra una especial relevancia la práctica del desnudo integral a la que se somete en algunos CIE a las personas que van a ingresar a los mismos, que resulta absolutamente intolerable y constituye una clara agresión a los derechos de las personas. Así mismo, normalmente las personas no son identificadas por su nombre y apellidos sino por su número, lo que conlleva una grave despersonalización e infravaloración de las personas internas. Continúa siendo frecuente el internamiento de personas con problemas de salud, especialmente psiquiátricos, y mujeres embarazadas en los CIE, que carecen de los recursos para poder darles a estas personas una atención adecuada a su situación. Algunos CIE conservan instalaciones muy degradadas (procedentes de cuando eran utilizados como centros penitenciarios), pese a que en otros se hayan efectuado algunas reformas. Bien, todo este retrato que estamos relatando refuerza la conclusión que ya habíamos enunciado desde el artículo anterior, solicitando una nueva Política de Fronteras que, entre otras muchas medidas, no contemple el encierro en este tipo de centros a personas que no han cometido ningún delito.

 

Hemos de volver a insistir en que son personas que únicamente carecen (aún) de la documentación necesaria para acreditar su residencia o su trabajo entre nosotros, y que por ello, no pueden ser objeto de presidio, en instalaciones deficientes, sin respeto a sus derechos elementales, y sin información sobre la duración de su encierro. Estas estructuras de maltrato no pueden continuar. Una Política de Fronteras humana y sensible debería descartar la existencia de estos centros, pero mientras tanto, su regulación debería hacerse por Ley Orgánica en vez de por Reglamento, como se hizo por el Gobierno anterior. Debería tratarse de una Ley específica que regule expresamente el régimen jurídico de estos centros, cuya ausencia trae como consecuencia la peligrosa arbitrariedad y discrecionalidad de los Cuerpos y Fuerzas que se ocupan de su vigilancia y seguridad. Dicha Ley debería contemplar al menos los siguientes aspectos:

 

1.- Que se prohíban expresamente los lugares de detención de las personas extranjeras que no tengan la consideración legal de CIE. De esta forma, quedaría prohibido de manera expresa la posibilidad de habilitar, aunque sea de manera provisional o por motivos de urgencia, establecimientos que no cumplieran con los requisitos de habitabilidad o servicios mínimos con los que deben dotarse. 

 

2.- Permitir el acceso de la sociedad civil y de las organizaciones sociales a los CIE de forma regular y estandarizada. De esta forma, se acabaría con gran parte de la opacidad que aún rodea al funcionamiento de estos centros. Cualquier ONG o asociación civil legalmente instituida que lo solicitare, debiera obtener permiso para visitar cualquiera de estos centros. 

 

3.- Comunicación con el exterior. La Ley Orgánica y sus ulteriores reglamentos deben establecer previsiones concretas sobre el acceso a la comunicación con el exterior de los internos e internas, que debe ser garantizado con la existencia de teléfonos públicos, además del libre acceso a los propios teléfonos de los internos.

 

4.- Asistencia médica y social completas e independientes. Los CIE deben contar con una asistencia médica independiente, con libre acceso a la misma de todos los extranjeros internados. Éstos deben así mismo poder acceder a todos los servicios de la sanidad pública. Otro tanto cabe decir de los servicios de asistencia social. 

 

5.- Visitas y comunicaciones. Se debe garantizar el ejercicio del derecho a las visitas familiares, y de quienes lo pidan las personas encerradas, con compromisos concretos en cuanto a infraestructuras para que las mismas se efectúen en condiciones de dignidad e intimidad. Los horarios de visita deben tener en cuenta la conciliación familiar y laboral, estableciéndose visitas en horarios de mañana y tarde. Por su parte, la comunicación de los letrados con sus respectivos clientes debe realizarse en lugares especialmente habilitados para ello, con objeto de preservar su confidencialidad. 

 

6.- Mecanismos para prever malos tratos. El asunto de los abusos y malos tratos a los internos ha sido sin duda lo peor que ha trascendido de los CIE. Todo ello debe desaparecer bajo los parámetros de funcionamiento de una sociedad civilizada. Garantizando el respeto a la intimidad personal, se debe prever la existencia obligatoria de cámaras de grabación que eviten la comisión de malos tratos, torturas o tratos inhumanos o degradantes, y en su caso, su posible sanción, tanto en los propios CIE como en los desplazamientos al aeropuerto u otros lugares desde los que se ejecuten las expulsiones. 

 

7.- Transparencia y Control. Hemos de acabar con la opacidad, el secretismo y la arbitrariedad que rigen el funcionamiento de estos centros. En este sentido, el Reglamento debería incluir un mecanismo para que se informe a la sociedad civil sobre la situación de los CIE, existiendo total transparencia sobre su gestión. Sólo el juez encargado de autorizar el inicio, seguimiento y control de la detención administrativa, deberá autorizar cualquier modificación del régimen que afecte a la persona interna, incorporándose tanto al expediente administrativo como al judicial las posibles denuncias que se formulen.

 

Aún estamos lejos de cumplir con todos estos requerimientos. Los CIE son, en cualquier caso, lugares indignos, pues limitan la libertad de personas que no son delincuentes. Por ello, no deberían existir dentro de los límites de una Política de Fronteras justa y humana. Continuaremos en siguientes entregas.

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