Overblog
Edit post Seguir este blog Administration + Create my blog
30 abril 2019 2 30 /04 /abril /2019 23:00
Viñeta: Gatis Sluka

Viñeta: Gatis Sluka

Mentes simples con ideas simples que actúan sobre sectores de la población de bajo nivel cultural o mal informados. Por eso, si no se contrarrestan, pueden tener eficacia los mensajes del tipo “Los españoles los primeros” o los italianos, los húngaros, los franceses…, que dicen los Salvini, Orbán, Le Pen… y los neonazis de Europa. Olvidan los derechos humanos, el derecho internacional, las normas de la Unión Europea y la más mínima empatía y humanidad con las personas migrantes

Agustín Moreno

Continuando con la exposición de la vergonzante realidad que suponen los CIE, anómalos y terribles establecimientos consagrados a la política del encierro, al tratamiento de personas consideradas "ilegales" como si estuvieran en un campo de concentración, y que son la punta de lanza de todo el entramado vergonzoso que rodea a nuestra Política de Fronteras. Como afirma Arturo Borra en el artículo de referencia: "No hay ningún azar tras estas realidades: son producto de una política del encierro que produce maltratos físicos y psíquicos por parte de quienes detentan el monopolio de la ley y la violencia". Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el maltrato institucional, el clasismo, la xenofobia y el racismo se han convertido en política de Estado. Y cuando por fin estas personas, después de su terrible estancia en el CIE, son "liberadas", la mayoría de las veces lo son para ser expulsadas, lo que equivale a vetarles toda posibilidad de integración, al impedirles acceder a una posterior regularización, o a la obtención de un permiso de trabajo. Los CIE representan la forma más visible y palpable del desprecio que le profesamos como sociedad a las vidas de las personas que no nos interesan. Su estructura jurídica de excepción da pie a que lo excepcional sea en este caso la regla: vejaciones, insultos, abusos de autoridad, maltrato institucional, indiferencia y desprecio social. Estas personas son reducidas a cuerpos regulados a través de una violencia crónica, normalizada y proyectada, y ejercida discrecionalmente por un poder policial soberano. ¿Cómo es posible que una persona que no ha cometido ningún delito pueda ser encerrada en nombre de un supuesto "Estado de Derecho"? ¿Qué clase de abyecto racismo y xenofobia institucional pueden permitir que algunos seres humanos puedan ser tratados de esa forma por una falta administrativa? ¿Qué estado de degradación moral puede llegar a poseer una sociedad que admite estos centros? 

 

Los CIE, de esta forma, son la expresión más corrupta y brutal del desprecio al pobre, al diferente, al vulnerable, al desposeído. Paradójicamente, como señala Arturo Borra, nuestro ordenamiento  jurídico permite que unos imputados por delitos graves estén en libertad si tienen poder para pagar su fianza, mientras que otros que sólo han cometido faltas administrativas estén encerrados y sufriendo penurias por no tener recursos económicos suficientes para su defensa. ¿No es ésta la mejor radiografía de nuestra clasista política de fronteras? Es la perversión de un sistema que es blando con los poderosos, y fuerte con los débiles. Parece que hemos legitimado (ignorando el conjunto del derecho internacional) un perverso sistema en el que los derechos humanos son terriblemente violados en cuanto el ser humano no es ciudadano, sobre todo cuando la obtención de esa condición de "ciudadanía" depende del poder económico que se tenga. Un círculo vicioso tenebroso se nos vislumbra, cuando al reconocimiento de los derechos de ciudadanía se le superpone una denegación de tales derechos a los no-ciudadanos. Fabricamos de esta forma con estos extranjeros pobres seres humanos de tercera categoría, que no llegan ni siquiera al grado de ciudadanía, al grado del derecho a existir. Le negamos su propia existencia, los maltratamos por no ser nadie, por intentar existir en un mundo cruel donde sólo el que demuestra cierto poder puede obtener los derechos mínimos de existencia. Son únicamente seres "irregulares", "ilegales", objetos de persecución, carne de encierro. Los CIE señalan, sin ninguna duda, el grado de patologización de las estructuras sociales e institucionales que padecemos. Creemos que tras este sombrío diagnóstico, queda perfectamente que con los CIE sólo cabe una medida digna: cerrarlos. Es la única decisión decente que podría tomar cualquier Gobierno. En ese sentido, la presión social ciudadana debe mantenerse e incrementarse, hasta que consigamos esta realidad, que los CIE dejen de existir, que la política del encierro finalice. 

 

Los CIE se sitúan más allá de la frontera de lo humano, representan lugares que son la expresión prototípica de todo un engranaje político y social racista que es la antesala de las expulsiones y las devoluciones de migrantes, toda una maquinaria cruel y despótica, salvaje y brutal, que impone la violencia en la vida de miles de personas al año, y su existencia busca legitimar un sistema excluyente, xenófobo y desgarrador. Sólo cabe cerrarlos. La estancia en los CIE se alarga en la mayoría de las ocasiones, y se aplica igualmente para personas que poseen ya un elevado nivel de arraigo en su residencia. Los CIE también contribuyen al desarraigo, ya que son parte de la misma maquinaria que permite que una persona sea detenida en un territorio para ser encerrada en un CIE de otro territorio, alejándola de su familia, de sus amistades y de sus posibles redes de apoyo. Se ha demostrado que esto tiene un impacto psicosocial muy elevado en las personas que se encuentran encerradas, ya que aumentan aún más el aislamiento que el CIE les genera. ¿De verdad hay que llegar a tanta crueldad? ¿Es necesaria tanta insensibilidad? Es una política de fronteras únicamente centrada en la protección de las mismas, y en la detención y expulsión de cuerpos migrantes, que mientras son encerrados en estos tenebrosos lugares son víctimas de los más humillantes maltratos. Precisamente, las personas con más arraigo son tanto las más encerradas como las más expulsadas. El encierro en los CIE supone arrancar a estas personas de su cotidianidad, desalojarlas de sus vivencias y de sus posibilidades de integración, devolverlas a las más terribles experiencias. Si el internamiento es prolongado, puede suponer también la pérdida de sus trabajos u ocupaciones, en definitiva, una exclusión total. Pero no piensen los lectores y lectoras que esta situación se da en inmigrantes recién llegados o que llevan poco tiempo entre nosotros. Este artículo de Youssef Ouled para el medio EsRacismo.com, del cual tomamos gran parte de los datos que en esta entrega relatamos, nos cuenta la historia de Badara, un senegalés de 42 años, que llegó a España en 1992, contando tan solo 16 años. Lo hizo mediante Visado Schengen, pero después experimentó la estancia en un CIE. 

 

Pues bien, Badara llevaba en España 23 años, y se había dedicado a la mecánica y a la construcción, carecía todavía de una situación administrativa regular, una situación que le impedía acceder a sus derechos más básicos, a pesar del tiempo que llevaba en territorio español. ¿Cómo son posibles estos casos? SOS Racismo contabilizó hasta un total de 15 huelgas de hambre en señal de protesta por el internamiento y sus penosas condiciones, además de la posible deportación. Durante la época en que las ONG tenían vetado su acceso a los CIE (hasta 2010), hubo al menos dos huelgas de hambre. A todo ello se suma un sistema de absoluta indefensión judicial, donde muchos abogados ni aparecen por las instalaciones, o un encierro que supera el máximo de días estipulados. Desde SOS Racismo Madrid señalan, además, los intentos desesperados de los internos por ser escuchados, y decisiones arriesgadas ante el sufrimiento extremo, tales como los 7 intentos de suicidio y los 11 intentos de fuga. También sabemos que algunas personas han informado haber sufrido malos tratos, pero temiendo represalias, no han querido formalizar la denuncia. El panorama, como vemos, es incierto, macabro y desolador. Toda esta violencia no solo genera sufrimiento, sino también muerte. Recordamos los casos de Osamuyi Aikpitanyi de Nigeria (2007), Jonathan Sizalima de Ecuador (2009), Mohamed Abagui de Marruecos (2010), Samba Martine de Congo (2011, quizá el más mediático de todos), Idrissa Diallo de Guinea-Conakry (2012), Aramis Malukyan de Armenia (2013), y Mohammed Bouderbala de Argelia (2017). Osamuyi, de 23 años, moría asfixiado en pleno vuelo en un avión de la compañía Iberia, esposado y amordazado mientras se ejecutaba su deportación. Su muerte sacó a la luz las expulsiones con uso de medios de contención mecánica y protocolos de sedación con fármacos psiquiátricos en el traslado desde el CIE al aeropuerto.

 

De haber recibido la asistencia médica recogida por la normativa de los CIE, Samba Martine, procedente de República Democrática del Congo y registrada con el número 3106 en el CIE de Aluche, no habría fallecido aquél 19 de diciembre de 2011. La joven congoleña no fue atendida ni diagnosticada a tiempo, hasta que finalmente murió en el hospital. Y en el caso de Badara, sufría depresión y ansiedad, pero tampoco fue atendido correctamente. Les pidió que le llevaran al hospital para hacerle pruebas médicas, pero se limitaban a proporcionarle fármacos. Y en lo que se refiere a las deportaciones, hemos de señalar varios aspectos: en primer lugar, el trauma que supone una expulsión a una persona con arraigo en nuestro país. En segundo lugar, el indudable negocio que supone para determinadas compañías. Y en tercer lugar, y el más grave de todos, el hecho manifiesto (recogido en diversos informes de las ONG) de que no todas las personas son expulsables. Una persona puede ser expulsada en el momento en que exista un acuerdo de readmisión entre España y su país de origen. Los acuerdos en materia migratoria a menudo aparecen camuflados bajo la lógica de cooperación entre Estados y están dotados de gran opacidad y controversia, produciéndose éstos con terceros Estados, pero también entre Estados miembro de la propia Unión Europea. Existe también la práctica de la deportación exprés, una modalidad que permite ejecutar expulsiones en menos de 72 horas, sin apenas tiempo de formalizar recursos jurídicos, dado que en el plazo de 3 días deben aportar la documentación. Como puede deducirse, la opacidad en cuanto a esta modalidad de expulsión dificulta el acceso a los propios datos sobre las mismas. Al propio trauma que supone la deportación, se le unen todos estos inconvenientes, delimitando un proceso tercermundista, insolidario, indigno, indecente y alejado del mínimo respeto a los derechos humanos que se merecen estas personas. Continuaremos en siguientes entregas.

Compartir este post
Repost0

Comentarios

Presentación

  • : Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva
  • : Blog de Rafael Silva. Presenta artículos de opinión basados en la actualidad política, cultural y social.
  • Contacto

Búsqueda

Categorías