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20 junio 2019 4 20 /06 /junio /2019 23:00
Viñeta: Iñaky y Frenchy

Viñeta: Iñaky y Frenchy

Algo funciona mal en el mecanismo de fijación de precios de la electricidad y la consiguiente retribución de las eléctricas cuando estos y la realidad social de los ingresos de las familias dibujan trayectorias tan divergentes. Más allá de la muy necesaria reforma de las leyes que regulan el sistema eléctrico, el autoconsumo entra aquí como elemento que puede cambiarlo todo radicalmente: no solo ayuda a reducir la factura energética de las familias sino que, cuando se generalice, cambiará las reglas del juego y reducirá drásticamente el poder del oligopolio

VV.AA.

Además de los factores generales que determinan el estado de pobreza, para el caso que nos ocupa de la pobreza energética es evidente que la subida desorbitada del precio de la factura eléctrica es un factor principal a considerar. A este respecto, tenemos un dato esclarecedor y escalofriante: la factura de la electricidad aumentó en un 76% entre 2007 y 2013. Y como sabemos, la Ley del sector eléctrico de 1997 (tras las privatizaciones de las empresas públicas que gestionaban el servicio) supuso la liberalización del sector eléctrico, y con ello el fin de la consideración de la electricidad como un servicio público. Hoy día, el escenario es igual al de cualquier otro servicio de pago: sólo se presta a quien posee la capacidad de pagarlo. En consecuencia, los "consumidores" no solo hemos sufrido durante este tiempo aumentos en el precio de nuestra factura, sino que, en la práctica, han dejado de existir mecanismos eficaces que garanticen el acceso universal de los ciudadanos a este suministro básico. Esto coloca directamente a las personas en una situación cercana a la exclusión social, y por tanto, lo justo sería que las Administraciones garantizaran por Ley tal suministro fundamental. Pero al no entenderse el acceso a la energía como un derecho humano fundamental, tal acceso básico no es garantizado, y de ahí vienen los problemas. La solución más viable y directa sería que las Administraciones Públicas pusieran en marcha los mecanismos de evaluación necesarios para que cada hogar pagase por el suministro básico un precio razonable de acuerdo con sus ingresos (o sus niveles de renta). Por supuesto, el actual diseño del llamado Bono Social no cumple este requisito. Si a esto se le une el enorme poder político y económico que posee el lobby energético en nuestro país (responsable como hemos visto del mayor fenómeno de puertas giratorias), la situación se complica bastante. La tendencia durante estos años ha sido la de evolucionar hacia un mercado de la energía cada vez más salvaje, absurdo, injusto y desregulado, lo cual provoca las aberrantes situaciones actuales para multitud de personas y familias de nuestro país. La pobreza energética es otra modalidad de la desigualdad, de la pobreza que invade una parte importante de la población, que no puede ser ignorada. 

 

La pobreza energética atenta contra los más vitales y elementales derechos, colocando a los que la sufren en una situación de extrema vulnerabilidad. En muchos casos, las situaciones de pobreza energética (o derivadas de ella), son las responsables últimas de provocar peligrosos accidentes, costando incluso la vida de las personas en algunos casos. Por otra parte, la evolución hacia las fuentes energéticas renovables ha potenciado la posiblidad del autoconsumo, que de hecho puede representar un papel importante en la lucha contra la pobreza energética. Pero sin embargo, para que esto ocurra en España es preciso dotarnos de una regulación que lo impulse y facilite, en vez de obstaculizarlo (recuérdese el llamado "impuesto al sol" de la Administración del PP). Últimamente, la tasa de pobreza energética ha subido más rápidamente que la que mide la pobreza general de la población, hecho que sólo puede deberse al enorme incremento en el precio del suministro de la energía registrado en nuestro país durante los últimos años. Durante ese mismo período de tiempo (coincidente con los años más duros de la actual crisis), los beneficios de las grandes empresas eléctricas del país no solo no se han visto reducidos, sino que han aumentado considerablemente, razón de más que nos sitúa ante una realidad de todo punto injusta, desigual y aberrante. Por supuesto, medidas como la reducción del nivel de desempleo, reducir considerablemente la precarización de los puestos de trabajo, que los trabajadores obtengan unos salarios dignos, y que exista una Renta Básica universal, individual e incondicional (de la que ya hemos tratado a fondo en el anterior bloque temático), pueden cambiar este penoso panorama, y reducir de forma importante los niveles de pobreza energética. A finales de 2016 ya sufríamos un 10% de los hogares en situación de pobreza energética, mientras desde el Gobierno y las instituciones se nos vendía la idea de que "habíamos salido de la crisis" y de que galopábamos reduciendo las cifras de desempleo. 

 

Un Estado que se precie de administrar una mínima justicia social no puede permitir casos de pobreza energética, mientras se asegura la impunidad y los beneficios de las compañías suministradoras. Ello nos devuelve de nuevo a las primeras entregas de esta serie, donde hablábamos de las dos caras de una misma moneda, al referirnos a la existencia de ricos y pobres. Si las Administraciones Públicas aseguraran una situación de garantía de suministros básicos (incluso a los que no pudieran pagarla), quizá nuestras grandes compañías (sus dueños, accionistas y directivos) no serían tan ricas. Precisamente alcanzamos cifras de pobreza energética tan elevadas porque nuestras compañías eléctricas son las más ricas de Europa. Un mercado que las favorece, cada vez menos regulado, es el que provoca que estas compañías puedan campar a sus anchas, y dicten unos precios prohibitivos para gran parte de la población, que tiene que elegir entre comer o pagar facturas. Y evidentemente, eligen comer. Y a continuación, vienen los cortes en el suministro. Sólo en 2015, como extraemos de este artículo de Gladys Martínez para el medio Diagonal, Iberdrola y Endesa (empresas que gestionan el 80% de la distribución eléctrica en nuestro país) realizaron cortes de luz por impagos en más de medio millón de viviendas, según los datos que dichas compañías elevaron a la CMVC. En 2012, uno de los años más duros de la crisis, la cifra de cortes de electricidad fue aún mayor: 1,4 millones de viviendas lo sufrieron. Es decir, que al menos millón y medio de personas quedaron a oscuras en nuestro país. Mientras estas grandes empresas transnacionales directamente forraban sus bolsillos, se estaba produciendo el cóctel explosivo compuesto por la mezcla de las facturas más caras de electricidad para unos hogares que quedaban en desempleo, y los recortes jibarizaban las economías familiares. 

 

En el primer semestre de 2016, según datos de Eurostat, el kilovatio/hora costaba hasta 0,218 euros, muy por encima de la media europea (situada en 0,206 euros por kwh), y de países como Francia (0,168 euros), Suecia (0,189), o Reino Unido (0,195). Este incremento desenfrenado se traducía en elevados beneficios para las empresas energéticas. Entre 2008 y 2015, las tres grandes eléctricas, Endesa, Iberdrola y Naturgy (antes Gas Natural Fenosa), se embolsaron 56.624 millones de euros en beneficios. Por tanto, hablemos en plata: vivimos en una sociedad donde se proyecta una arquitectura de la desigualdad en multitud de facetas, y en lo que se refiere a la energía, a día de hoy un suministro básico como éste la ofrecen únicamente unas pocas empresas privadas en régimen de oligopolio que se deben únicamente a sus accionistas, es decir, que están pensadas y diseñadas únicamente para obtener los máximos beneficios. ¿Acaso desconocían estos detalles nuestros ex Presidentes Felipe González y José María Aznar? ¿Promovieron acaso dicha privatización en beneficio del conjunto de la ciudadanía? La respuesta a esta pregunta se nos ofrece clara como las aguas fluyentes de un arroyo cristalino. Lo extraño es que continúe habiendo personas que creen (imbuidos en el dogma neoliberal, o bien por ignorancia supina o falta de madurez intelectual) que la gestión privada de estos servicios fundamentales es mejor que la gestión pública. A los datos nos remitimos. Y como siempre, detrás de esos datos hay personas: personas y familias que se quedaron sin luz, que tuvieron que pasar grandes fatigas para poder abonar los recibos...en una palabra, detrás de los fríos datos hay mucho sufrimiento humano. El único mecanismo que palía un poco la pobreza energética hoy día es el llamado Bono Social (al que han unido recientemente un tal Bono Social Térmico), aprobado en 2009 por el Gobierno del PSOE y modificado desde 2013 por el Gobierno del PP. Este bono se concreta actualmente en un 25% de descuento en la parte del consumo de la factura. Es la única medida que ha tomado la Administración para aliviar el gravoso problema. Veámosla con un poco más de calma. 

 

El Bono Social no ha tenido el resultado esperado. De entrada, se estima que aproximadamente un 80% de familias en situación de pobreza energética no están recibiendo dicha ayuda pública, mientras que por el contrario, existen muchas familias que no lo necesitan y sin embargo lo reciben, ya que este Bono Social no se basa en el criterio de renta. Algunas modificaciones han sido efectuadas desde el último Gobierno del PSOE tras la Moción de Censura de 2018. Por si todo ello fuera poco, el Tribunal Supremo (tan aliado desde siempre de los grandes poderes económicos) se ha puesto en dos ocasiones del lado de las empresas, ilegalizando que éstas asumieran el coste del Bono Social y obligando al Estado a que se les reembolsara con dinero público: concretamente 500 millones de euros han ido a parar a las arcas de estas empresas desde 2013. A todo ello le hemos de añadir la estigmatización que supone la tramitación de dicha ayuda. En este sentido, posee mucho paralelismo con las ayudas que concede el Servicio Público de Empleo Estatal o los Servicios de Empleo de las Administraciones autonómicas, ante las que hay que justificar la situación de desempleo y de necesidad que dichas personas sufren. Pero como aún después de estas ayudas estatales continúan existiendo familias que no pueden hacer frente al pago de los recibos, algunas Administraciones autonómicas y locales han creado sistemas de ayuda adicionales. En concreto, han desarrollado planes de protección para las familias que se encuentran en situación más vulnerable, a través de ayudas para el pago de los recibos de la luz o asumiendo directamente el coste de los mismos a través de convenios con las principales distribuidoras eléctricas. En estos casos, son los Servicios Sociales de cada Ayuntamiento los que se encargan de gestionar dichos expedientes. Dicho nivel supone otro escalón en la estigmatización para estas personas, es decir, otra ventanilla donde hay que volver a demostrar lo pobres que son. Continuaremos en siguientes entregas.

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