Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

Es evidente que si pretendemos disfrutar de una educación con las características de la cita de entradilla, no podemos dejar en manos de los padres la educación pública, sino que ha de ser una cuestión de Estado. Es la sociedad, democráticamente organizada, la que ha de controlar una educación pública que se ajuste a dichas características. Pero hoy día, con el avance del neoliberalismo, se hace muy difícil abanderar un discurso que cuestione el supuesto "derecho" de los padres sobre la educación de sus hijos. Es un axioma totalmente falso, y vamos a intentar explicarlo, basándonos en este artículo de Miguel Ángel Cerdán para el medio Diario 16. Porque, como muy acertadamente han argumentado los autores del texto "Escuela o Barbarie", más bien son los hijos los que tienen que tener derecho a librarse de los prejuicios o ideología de sus padres. No es justo ni democrático que porque unos padres sean por ejemplo testigos de Jehová, miembros del Opus Dei, o partidarios de unirse al Estado Islámico, tengan que determinar la educación de sus hijos, para que en vez de educarse bajo parámetros democráticos, se vuelvan adictos a su filosofía de vida. La escuela pública debe actuar como antídoto y como remedio para evitar estas posibles situaciones. Si unos determinados padres desean que sus hijos sean formados en determinadas creencias o aptitudes, deben optar por la escuela privada. Pero en medio de ambas, desde los primeros gobiernos del PSOE de Felipe González, se levanta una institución muy sospechosa, como es la escuela concertada. Un colegio concertado es básicamente un colegio privado que recibe fondos del Estado. El Estado lo financia, a la vez que deja libertad en la implementación de su ideario y de sus prácticas docentes. Al principio la escuela concertada se difundió bajo la excusa de que la escuela pública no llegaba a todo el alumnado que la necesitaba, pero rápidamente comenzó a crecer de una forma peligrosa, y hoy día alcanza un volumen gigantesco. El peligro reside en que lo que aparentemente es una escuela pública, funciona internamente como una escuela privada. Como es muy lógico adivinar, el sector religioso es el que se ha apropiado de la escuela concertada en nuestro país, difundiendo su proselitismo en nuestros colegios. Así lo explica Antonio Piazuelo en este artículo para la web Con Acento: "Cuando, en los años ochenta del siglo pasado, los primeros gobiernos socialistas se aplicaron a la conquista de la Educación gratuita y universal, que llevaba muchas décadas garantizada en la Europa democrática, hacía poco más de un lustro desde el final de la dictadura franquista. Lo raquítico, en medios y en calidad, de la Enseñanza Pública que heredamos del franquismo hacía imposible cubrir las necesidades de escolarización en Primaria y Secundaria, y por el contrario, el nacionalcatolicismo imperante durante cuarenta años había puesto en manos de la Iglesia Católica una imponente red de centros de enseñanza confesional (en muchos casos de élite) que, en buena parte de España, se convertía prácticamente en un monopolio". 

De hecho, pocos casos conozco de mi generación (hermanos, amigos, compañeros, vecinos...) que  no estudiaran en colegios religiosos. Y a partir de ahí, los fundamentos del laicismo en la escuela concertada se han abandonado, reivindicando la tradición religiosa católica de nuestro país, y lo peor de ello es que este planteamiento ha acabado recalando también en la escuela pública. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, gobernada ahora de nuevo por la derecha política, la escuela concertada representa cerca del 40% de la escolarización total. Y como argumenta Antonio Gómez Movellán en este artículo para el digital Rebelion, educar a tus hijos en tus propias convicciones religiosas sí parece ser, en nuestro país, un derecho constitucional, lo que en nuestra opinión es un hecho muy grave, puesto que elevar a rango constitucional la tiranía patriarcal y una concepción de la emancipación personal basada no en el desarrollo crítico racional de los alumnos, sino en las convicciones religiosas de los padres, es un planteamiento contrario a la pedagogía. Recordemos lo que decíamos en nuestro anterior artículo, cuando hablábamos de sembrar en el alumnado la semilla de la pregunta, en vez de la respuesta, para que aprendieran a pensar, a reflexionar, y a cuestionarlo todo. Esa idea de una escuela católica, islámica o basada en la preeminencia de cualquier otra religión es absolutamente reaccionaria, y van en contra de los derechos humanos fundamentales. Frente a la idea de una escuela segregada por ideologías o por confesiones religiosas está la idea, alumbrada en el siglo XIX (y aquí representada por la Institución Libre de Enseñanza, que inspiró a los maestros de la II República), de una escuela moderna, instructiva y de desarrollo del pensamiento crítico, una escuela emancipadora frente a las constricciones del pensamiento familiar y social imperante, es decir, está la idea de una escuela pública laica y universal, inclusiva y tolerante, emancipadora en lo personal e igualitaria en lo social. Una escuela con los valores que dábamos en nuestra cita de entradilla. Un sistema de enseñanza basado en la segregación social del alumnado no es una escuela laica. La escuela laica no es aquella que no adoctrina en una ideología o en una religión (que también), sino una escuela que significa una oportunidad de emancipación personal y que promueve la igualdad social. El templo del laicismo es la escuela, como dejó dicho el genial Víctor Hugo. 

Un sistema educativo como el que padecemos actualmente, que segrega socialmente entre las clases adineradas y el resto de la sociedad lleva en su germen un sistema social que amplifica la desigualdad. Con este sistema educativo no es casual que España sea uno de los países de Europa, según datos de la OCDE, donde más ha aumentado la desigualdad social. Si se observa el mapa regional de la escuela concertada en nuestro país, se obtendrá también el mapa de la desigualdad regional. ¿Dónde está el grueso de la escuela concertada? En las regiones con más renta: Madrid, Cataluña y País Vasco. ¿Dónde están los niveles de menor concertación? En las regiones con menor renta, Extremadura y Andalucía. Y es en las áreas metropolitanas de mayor renta donde más escuela concertada existe, y donde las órdenes religiosas controlan, en una gran parte, este lucrativo negocio. ¿Financiar públicamente esta desigualdad en la enseñanza es conforme a la Constitución y a la tan cacareada libertad de educación? ¿Acaso la financiación de los colegios privados es una obligación constitucional? Según la Profesora de Derecho Constitucional Ana Valero: "El derecho de creación de centros docentes por personas físicas o jurídicas privadas no exige su financiación por parte de los poderes públicos, no estando obligados a realizar conciertos educativos. La concertación de la escuela privada no es un derecho constitucional, es una concesión que la legislación puede o no reconocer". Quizá se confunde que las leyes deban ser iguales para todos, con el hecho de que no se puede gobernar para todos por igual. Existen opciones de gobierno. En el diseño del sistema educativo se requiere justicia, ambición y una verdadera revolución. Una revolución que debe basarse en la construcción de una escuela universal, pública y laica en nuestro país, pero para ello se requiere desandar lo andado, abandonando la financiación de la escuela concertada (que es, básicamente, una escuela católica). No existen para ello excusas constitucionales, ni siquiera en nombre de la libertad de educación, para parapetarse en el inmovilismo o en la cobardía, y claudicar ante la desigualdad. Debajo de todo ello descansan los privilegios de la Iglesia en el campo de la enseñanza, privilegios que no pueden seguir manteniéndose. 

En este artículo para el medio Cuarto Poder, Silvia Casado Arenas explica lo siguiente sobre el supuesto derecho de los padres a la libertad de elección en cuanto a la educación de sus hijos se refiere: "Asombra contemplar este maquillaje por el que la expansión de los negocios de la patronal de la enseñanza --que desde hace ya tiempo insisten en que ellos no son subsidiarios, sino complementarios-- se presentan como un bien universal basado en los principios de los derechos humanos y constitucionales. Habría que comenzar, como explica [Carlos] Fernández Liria en "Escuela o Barbarie", por negar la mayor: aquí lo que está en juego no es la libertad de elección de los padres sino todo lo contrario; la escuela pública se construyó, ante todo, para proteger a los niños del totalitarismo familiar, para abrir una puerta al libre pensamiento en unos niños que, en sus ambientes familiares, pueden estar sometidos a una dictadura ideológica asfixiante y castradora. Nadie tiene por qué asumir como un destino el haber nacido en una familia del Opus, de testigos de Jehová, de integristas islámicos o de hippies contraculturales. Contra lo que se suele decir, la escuela pública no adoctrina, en primer lugar porque hay en ella tanta diversidad que aunque quisiera, no podría; y en segundo lugar, porque los profesores son funcionarios con libertad de cátedra, que no tienen por qué ceder a ninguna presión gubernamental. Se olvida a menudo que para eso se inventó el funcionariado: para apuntalar la división de poderes e impedir injerencias gubernamentales en la enseñanza o la justicia. Son dos virtudes que por definición no puede tener la enseñanza privada o concertada, donde la diversidad puede ser cribada ideológicamente y los profesores pueden ser despedidos por no encajar con el ideario doctrinal del centro. La enseñanza privada no es un bastión de los principios de la Ilustración, sino una lacra medieval y totalitaria incrustada en los principios del Estado de Derecho. Se habla mucho del gran éxito educativo de Finlandia, obviando el hecho de que ahí la enseñanza privada y concertada es prácticamente inexistente". Creo que queda suficientemente explicado. Hay que tener mucho cuidado, porque en el campo educativo, en nombre de la supuesta "libertad" (de los padres, de la educación, de la elección de centro...) se han cometido enormes barbaridades. Una escuela concertada no es más que una escuela privada que recibe fondos públicos, y por tanto constituye una anomalía democrática que no debemos tolerar. 

En nombre del Estado, de sus fondos y recursos, únicamente deben financiarse colegios y escuelas que también sean de todos. Cualquier otra modalidad que ponga en cuestión este principio básico no ha de ser admitida. No estamos, aclarémoslo, en contra de la existencia de la escuela privada, hacia la que no tenemos nada que objetar. Pero sí estamos en contra de que con fondos públicos se financien colegios segregacionistas, de élite, religiosos, y que no respondan a las características con las que hemos definido a la escuela pública. La Constitución dice, sí, que los padres tienen derecho a escolarizar a sus hijos (y el deber, añadamos) en el centro que consideren más apropiado, pero no dice en ninguna parte que esa decisión la tengamos que pagar los demás. Hasta ahí podría llegar la broma. Y al igual que no existe el derecho a "ser padres" (de ahí que rompamos con la falacia donde se sustenta la maternidad subrogada), tampoco existe el derecho de la "libertad educativa" de los padres con respecto a sus hijos. Eso es una falacia como un piano. Ni la Constitución ni ninguna ley dice tal cosa. Ha sido la derecha política, social y mediática la que nos ha ido empujando en esa dirección, para que normalicemos esa situación como si fuera un supuesto derecho fundamental. La propia existencia de la enseñanza concertada es una anomalía democrática en sí misma. Rompamos por tanto con dicha anomalía: si al principio la cuestión estaba fundamentada en la existencia de una buena red de centros (y por ello se acudió a los que la Iglesia tenía en su poder), hoy día ya sí tenemos una buena red de centros públicos de enseñanza donde formar a nuestros alumnos/as. Al principio se trataba de una solución transitoria al problema, en tanto el Estado construía una extensa red de centros educativos públicos. La idea era que paulatinamente se iría reduciendo el volumen de esa concertación hasta alcanzar una situación como la que existe en el resto de países de nuestro entorno. Pero han transcurrido más de cuatro décadas, y los centros concertados no solo se han normalizado, sino que además llevan años comiendo terreno a la escuela pública, tanto en centros, como en profesorado y recursos. No podemos seguir soportando esta situación, que conduce a una educación pública residual, si continuamos en esta tendencia. Por tanto, no es cuestión de amenazar ninguna libertad (que por otra parte no existe, como hemos comentado más arriba), ni de violar ningún derecho constitucional, sino de alcanzar el objetivo que se marcó hace más de tres décadas, y que lleva mucho tiempo olvidado, por presiones de la Iglesia Católica y de los gobiernos de derechas. Continuaremos en siguientes entregas.