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22 octubre 2020 4 22 /10 /octubre /2020 23:00
Por una Reforma Educativa para todos (52)

La referencia oficial en Internet sobre todo lo relativo a la propuesta para una Reforma Educativa para todos, es decir, para la elaboración de una nueva Ley Educativa, lejos de los actuales parámetros de la LOMCE, se sitúa en el sitio web "POR OTRA POLÍTICA EDUCATIVA", fundado en el año 2012, y patrocinado por el denominado "Foro de Sevilla", un conjunto de profesionales de la educación, provenientes de diferentes orígenes, pero centrados todos ellos y ellas en defender un enfoque distinto para la Educación Pública en nuestro país. Remito por tanto a mis lectores y lectoras a la detallada lectura y exploración de este sitio web, del cual nosotros rescataremos las propuestas y reflexiones más interesantes, en línea por supuesto con todo lo que venimos contando en esta serie de artículos. El Manifiesto original de referencia, que vamos a exponer, fue publicado en octubre de 2012, e intervinieron en la elaboración del mismo un grupo de profesores y profesoras, la mayoría de la Universidad, que ya entonces manifestaron sus preocupaciones, alarmados/as ante la peligrosa deriva de la política educativa, con el objetivo de sembrar la semilla para generar debate y un compromiso con la mejora del sistema educativo. Los puntos más generales de su aporte fueron los siguientes:

 

1.- OBJETO DE LA EDUCACIÓN. En contra del sesgo economicista de la actual LOMCE (entonces era solo un anteproyecto), el objetivo de la Educación Pública comprende el desarrollo humano y la cohesión social. Mujeres y hombres deben poder formarse como personas completas, en todas sus dimensiones, ciudadanos/as críticos y responsables, y trabajadores/as cualificados/as. La sociedad precisa de la escuela para asegurar niveles adecuados de bienestar, libertad, justicia y equidad. 

 

2.- ESCUELA PÚBLICA. La escuela es la columna vertebral de la ciudadanía. Nuestra peculiar historia nos ha legado un sistema dual, y los gobiernos de corte neoliberal llevan emitiendo claras señales de desdén hacia la escuela pública, pero un desmedido apoyo a la enseñanza privada y confesional. El deber de las Administraciones es articular un sistema público de educación igualitario y efectivo, con una amplia red de centros de titularidad y gestión públicas, con una gestión democrática y unas características que garanticen los objetivos a cubrir: calidad, gratuidad, universalidad, laicidad, inclusividad, multiculturalidad, democracia. 

 

3.- FRACASO ESCOLAR. El fracaso escolar no es anónimo: posee nombre, historia y cultura. Es decir, posee contexto. No se produce súbitamente. Es el resultado de un proceso que se puede identificar y prever. Tiene que ver con el tipo de contenido, descontextualizado y sin sentido, que se enseña y evalúa, y con un proceso de enseñanza y aprendizaje que no facilita ni promueve que el alumnado establezca conexiones y elabore sus propios significados y conocimientos. 

 

4.- SOLIDARIDAD. La respuesta al elevado fracaso escolar, y el subsiguiente abandono, no debe ser normalizarlo, asumirlo ni naturalizarlo, sino al contrario, concentrar medios diferenciales y adicionales sobre grupos e individuos en riesgo, es decir, perseguir los objetivos comunes con medios cuantitativamente superiores y cualitativamente más adecuados. Una ley educativa no puede aceptar ese fracaso como inevitable, y para ello debe incrementar los programas y recursos para la educación compensatoria y atención a la diversidad, sin abandonar a su suerte a los estudiantes más vulnerables. 

 

5.- REPETICIÓN DE CURSO. Lejos de abordar el problema de la repetición de curso, que España encabeza en Europa de forma exagerada, se ha mostrado indiscutiblemente ineficaz, resulta económicamente costosa e ineficiente y constituye una de las principales causas endógenas del fracaso escolar, la actual ley parece querer ampliarla, sistematizarla y convertirla en el determinante de la segregación temprana. 

 

6.- ITINERARIOS. La separación de la trayectoria escolar en itinerarios tempranos es otro error educativo a corregir. La actual ley (LOMCE, PP, 2013) adelanta la edad a la que se crean itinerarios formativos de hecho irreversibles. Se pretende segregar al alumnado desde 3º de la ESO, a los 14 años, reduciendo en dos el tronco común, y convertir la primera orientación hacia la Formación Profesional en una vía muerta, repitiendo así el error de la LOGSE, y se añaden mecanismos que amenazan con adelantar la segregación al segundo curso. La mayoría de países cuya comprensividad llega a los 16 años obtienen mejores resultados que los que segregan a edades más tempranas. La segregación del alumnado con peores resultados se traduce en una enseñanza de calidad inferior por efecto de una profecía autocumplida. 

 

7.- EVALUACIÓN. En la Educación obligatoria la evaluación debe tener un claro propósito formativo, de conocimiento y apoyo a los procesos de aprendizaje y desarrollo personal. Una evaluación excluyente, sancionadora y de control, basada en pruebas frecuentes y estandarizadas, propuesta y puntuada desde entidades externas al propio sistema educativo, es contraria al propio sentido del aprendizaje y a la diversidad humana, generando abandono y exclusión. La evaluación del sistema requiere una revisión a fondo para garantizar que la sociedad y la comunidad educativa dispongan de información relevante, a través de procesos transparentes y democráticos. 

 

8.- RECURSOS Y FINANCIACIÓN. La política de recortes indiscriminados al sistema educativo debe revertirse, y comenzar el sentido contrario. Desde hace una década se están recortando en recursos como comedores escolares, rutas, libros de texto, actividades extraescolares o la misma jornada escolar. Así mismo, se recorta profesorado, se amplían ratios y se cierran aulas. El equipamiento en muchas de ellas es deficiente. Es evidente que una buena Educación Pública debe estar suficientemente financiada, para que pueda responder a sus objetivos. Se debe por tanto asegurar la gratuidad del transporte escolar, comedor y material escolar, así como invertir lo suficientemente en el sistema educativo (al menos un 7% del PIB) y reforzar las plantillas de profesorado, para poder así disminuir los ratios escolares. 

 

9.- SEGREGACIÓN. La actual Ley avala la segregación educativa por sexos en centros concertados, que son fundamentalmente centros promovidos por organizaciones religiosas y ultraconservadoras. Se fomenta igualmente el elitismo educativo, mediante el fomento de determinados "Centros de excelencia", donde se deriva al alumnado más capacitado. Sin embargo, está demostrado que la solidaridad, el cooperativismo, la inclusividad, el igualitarismo y la educación conjunta proporcionan y favorecen una socialización positiva e irrenunciable en una sociedad, máxime cuando aún padecemos la marca de la desigualdad de género. 

 

10.- AUTONOMÍA Y DEMOCRACIA. Es necesario responder a las necesidades de la comunidad educativa con autonomía curricular, organizativa y de recursos. La autonomía no debe dirigirse a la rivalidad entre centros, sino al aprovechamiento diferencial de los recursos. Requiere un proceso de responsabilización social, que es justamente lo opuesto a la merma en la participación que ha supuesto la conversión de los Consejos Escolares en meros órganos consultivos. Es necesario por tanto recuperar la democracia interna de los centros, y dejar de tener Directores/as nombrados por la propia Administración, como representantes de la misma en los centros. 

 

11.- PARTICIPACIÓN Y LIBERTAD. La libertad del Profesorado es un asunto fundamental para implementar un sistema educativo rico, plural y diverso, en vez de un sistema rígido y dirigido desde las instancias educativas. Por su parte, la participación es un derecho de las personas y un principio constitucional. Debe por tanto reforzarse como forma de pertenencia a la propia comunidad, motivación, concienciación, formación y corresponsabilidad social. Resulta imprescindible potenciar la libertad de pensamiento y la libertad de expresión del alumnado, así como su autoorganización y participación en la vida del centro. La participación exige poder de decisión, que es justo lo opuesto al control autoritario que se pretende ejecutar. 

 

12.- RECONOCIMIENTO DEL PROFESORADO. El sistema educativo se funda en la confianza en los docentes, y en su capacidad profesional. Por ello merecen todo el apoyo y el reconocimiento social en el ejercicio de su función, para que puedan sentirse comprometidos con el sistema en toda su dimensión. Los docentes deben manifestar un compromiso claro con sus alumnos/as, su centro y la educación misma, así como una actitud cooperativa con las familias y el resto de la comunidad educativa. Es fundamental igualmente mejorar los aspectos relativos a la formación permanente y al desarrollo profesional de los docentes. 

 

Continuaremos en siguientes entregas.

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