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2 diciembre 2020 3 02 /12 /diciembre /2020 00:00

Reduciendo a las mujeres a una mercancía susceptible de ser comprada, vendida, apropiada, intercambiada o adquirida, la prostitución ha afectado a las mujeres en tanto que grupo. Ha reforzado la ecuación establecida por la sociedad entre mujer y sexo, que reduce a las mujeres a una menor humanidad y contribuye a mantenerlas en un estatuto de segunda categoría en todo el mundo

Extracto de Informe de la ONU sobre la Prostitución en el Mundo (1992)

En nuestra última entrega incidíamos (basándonos de nuevo en el magnífico documento elaborado por Enrique Javier Díez Gutiérrez) en que uno de los argumentos de los que abogan por entender la prostitución como un trabajo estaba basado en que dicha actividad representaba una aportación socialmente útil, pero esta afirmación presupone que la necesidad sexual masculina es una necesidad biológica imperiosa, que no puede ser puesta en cuestión. Pero esto contradice el hecho evidente de que muchas personas, por circunstancias diversas, pasan determinadas etapas de su vida, de duraciones variadas, sin tener relaciones sexuales, sin que por ello se vean afectadas sus funciones vitales. De nuevo, estamos ante un argumento falaz que el capitalismo patriarcal ha alimentado durante siglos, y que entiende una cultura del consumo sexual masculinizada y mercantilizada. Y por otra parte, admitir el hecho de que ciertas mujeres, para cubrir sus perentorias necesidades, dada su precariedad vital, no poseen mejor opción "profesional" que la prostitución, es renunciar a la batalla política para incrementar el poder de las mujeres y tolerar las actividades extremadamente lucrativas y déspotas de la industria del sexo, para la cual el cuerpo de las mujeres es su materia prima fundamental. No negamos que cualquier mujer, durante su vida, y ante situaciones de extrema necesidad, haya optado por la prostitución como último recurso de salida a dicha situación, pero no por ello hemos de legitimar el hecho prostitucional como válido, o como una opción laboral disponible, al igual que cualquier otra. En definitiva, creemos que estos hechos no legitiman la opción de la prostitución como un trabajo, ni quitan valor a la postura abolicionista. Pensamos que en todos los casos y circunstancias, la prostitución constituye una enérgica modalidad de explotación sexual de las personas prostituidas, especialmente de mujeres y menores, y una de las formas más arraigadas en las que se manifiesta, ejerce y perpetúa la violencia de género. 

 

Está demostrado que la regulación de la prostitución no supone un control sobre la poderosa industria del sexo. Supone, eso sí, un control social, policial y sanitario sobre las mujeres prostituidas, especialmente de las mujeres que la ejercen en espacios abiertos, las más vulnerables de todas. Pero esta no es la solución. Entendemos que reglamentar la prostitución como un trabajo o una profesión supone quitar dicho fenómeno del ámbito de la clandestinidad (ciertamente tolerada), pero supone actuar en connivencia con el prostituidor, garantizándole las mejores condiciones para su deseo, y facilitándole el acceso, con concentración de mujeres para su elección, control sobre los locales, regulación de los mismos con buenas condiciones higiénico-sanitarias, y con productos controlados y sanos. En definitiva, supone mejorar las condiciones sobre las que la prostitución se ejerce, pero legitimando peligrosamente el fenómeno en sí mismo, validándolo como una opción laboral legítima, y por tanto consintiendo como sociedad la violencia que supone sobre el cuerpo de las mujeres, la trata de personas, y la existencia y el poder de las mafias que las controlan y mercantilizan. Todo ello no es tolerable en una sociedad que se precie de ser democrática, y que crea profundamente en los derechos humanos. En última instancia, la regulación no beneficia a las mujeres prostituidas, sino a los proxenetas, que pasan a denominarse "empresarios del sexo", concediéndoles un halo de respetabilidad (al igual que un empresario cafetero o juguetero, por ejemplo) y proporcionando a dicho sector una mayor "seguridad jurídica" (una peligrosa expresión que se utiliza mucho hoy día sin ser conscientes de lo que verdaderamente implica) y estabilidad legal, mediante marcos normativos que legalizan el hecho prostitucional, y que por tanto lo normalizan para el conjunto de la sociedad. Las mafias pasan a convertirse en corporaciones empresariales que cotizan en bolsa (como de hecho ocurre en Australia), y también beneficia a los propios clientes (prostituidores), pues también los aceptan y normalizan socialmente. En los países donde se ha intentado, la regulación ha expandido y aumentado la demanda de prostitución, incentivando a los hombres a comprar a las mujeres por sexo bajo un entorno social más permisible y de mayor aceptabilidad. Todo ello es lo que la postura abolicionista combate. 

 

Regular la prostitución como un trabajo equivale a aceptar implícita y explícitamente un modelo de relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, un modelo de dominación injusto y desigual, que implica aceptar que los hombres poseen necesidades (sexuales) ineludibles que deben poder ser satisfechas mediante el uso (mercantilizado) del cuerpo de las mujeres. Entendemos que este enfoque supone una aberración en sí mismo, y por eso apostamos por la abolición. Porque si reglamentamos la prostitución, integrándola en la economía de mercado (una actividad que incrementa el PIB), estamos enviando el mensaje de que la prostitución es una alternativa viable y aceptable para las mujeres, estamos diciendo que no estamos en contra de ella, que no nos oponemos, y por tanto, no es necesario actuar ni remover las causas profundas que motivan el hecho, ni alterar las condiciones sociales que posibilitan y determinan a las mujeres a prostituirse (o a que las prostituyan). Tampoco se puede desvincular el tráfico de mujeres de la legalización de la prostitución, porque el tráfico es una consecuencia de la oferta y la demanda que rige el negocio de la prostitución a escala mundial. La legalización, por tanto, estimula y promueve el tráfico y empodera a las mafias. Legalizar la prostitución implica, por tanto, legalizar la violencia que se ejerce contra las mujeres, asumirla y normalizarla socialmente. Según un estudio de la Universidad de Londres (2003), la legalización o regulación de la prostitución condujo (en los países estudiados, Australia, Irlanda y los Países Bajos) a un drástico aumento en todas las facetas de la industria del sexo, un marcado incremento del crimen organizado en dicha industria, un dramático aumento en la prostitución infantil, una explosión en la cantidad de mujeres y niñas extranjeras traficadas hacia la región, así como diversos indicadores que mostraron un incremento en la violencia contra las mujeres. Sin embargo, entre todos los casos estudiados, Suecia es un caso especial que demuestra nuestra tesis, pues sus resultados han sido distintos. De hecho, Suecia ha disminuido drásticamente la cifra de mujeres dedicadas a la prostitución. La "solución sueca" se inició en el año 1999, cuando tras años de investigación y estudios, se aprobó una ley que penaliza la compra de servicios sexuales y despenaliza la venta de los mismos.

 

¿Cuál es el secreto? Pues veamos: la novedosa lógica que hay detrás de esta inteligente legislación se advierte claramente en la literatura del gobierno sueco aportada sobre la ley en su exposición de motivos: "En Suecia la prostitución es considerada como un aspecto de la violencia masculina contra mujeres, niñas y niños. Es reconocida oficialmente como una forma de explotación de mujeres, niñas y niños, y constituye un problema social significativo...la igualdad de género continuará siendo inalcanzable mientras los hombres compren, vendan y exploten a mujeres, niñas y niños prostituyéndoles". Queda por tanto absolutamente claro. Nos parece que éste es el único enfoque realmente digno para acabar con el problema. La conclusión se nos ofrece nítida: la erradicación de la demanda es la única fórmula para abolir la prostitución. Como explica Díez Gutiérrez: "Además de la estrategia legal de dos vías, un tercer y esencial elemento de la ley sueca sobre la prostitución provee que amplios fondos para servicios sociales integrales sean dirigidos a cualquier prostituta que desee dejar esa ocupación; también provee fondos adicionales para educar al público. Siendo así, la estrategia única de Suecia trata la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres, en la cual se penaliza a los hombres que las explotan comprando servicios sexuales, se trata a las prostitutas, en su mayoría, como víctimas que requieren ayuda y se educa al público para contrarrestar el histórico sesgo masculino que por tanto tiempo ha embrutecido el pensamiento acerca de la prostitución. A fin de anclar sólidamente su visión en terreno legal firme, la ley sueca referida a la prostitución fue aprobada como parte de la legislación general de 1999 sobre la violencia contra las mujeres". Es decir, es un texto integral contra toda forma de violencia hacia las mujeres el que de hecho ataca la prostitución como un fenómeno más encajado en dicha órbita, y dictamina que la forma de abolir el mismo es criminalizar la propia demanda. Pero obsérvese que para que un gobierno actúe de esta forma primero tiene que dejar de entender el fenómeno prostitucional desde la óptica de los hombres que se benefician de él.

 

Es decir, considerar a las prostitutas como víctimas de coerción y violencia por parte de hombres requiere que un determinado gobierno que se lo plantee, en primer lugar pase de entender y mirar la prostitución desde la óptica masculina, a contemplarla desde los ojos de las mujeres. Este cambio de enfoque es primordial, sin el cual es imposible diagnosticar adecuadamente el fenómeno. Y los países, en su inmensa mayoría (si no es que prácticamente todos), continúan viendo la prostitución y cualquier otro asunto desde una óptica predominantemente masculina. Por eso, Suecia, en contraste, ha sido líder en promover la igualdad de las mujeres y los hombres durante mucho tiempo, y también destacó en esos momentos (comienzos del presente siglo) por tener la más elevada proporción de mujeres en todos los niveles de responsabilidad, tanto en el ámbito privado como en el público. En 1999, cuando se aprobó la ley a la que hemos hecho referencia, una trascendental ley sobre la prostitución, no solo pionera sino que estableció un enfoque diferente, el Parlamento sueco ya estaba conformado casi en un 50% por mujeres, es decir, era prácticamente paritario. ¿Qué hay que hacer, entonces? Aspirar a una ley como la sueca, exigir que el planteamiento para la prostitución sea abolicionista, y de momento, se puede ir combatiendo lo que ya existe y está más o menos normalizado: que se persiga a los proxenetas que campan a sus anchas en los diferentes clubs de alterne, los burdeles de carretera, que todo el mundo conoce y tolera. Un siguiente paso debe ser enfocar la prostitución criminalizando quien la promueve y favorece la existencia de la misma, que no son otros que los prostituidores, los mal llamados "clientes" (el neoliberalismo también extiende este término hacia todos los sectores, y así también son llamados "clientes" los enfermos de un hospital privado, o los alumnos y sus padres en los colegios privados). Hay que situar el foco sobre un hecho fundamental: no existe prostitución ni mujer prostituida sin el hombre prostituidor. Y en esta misma línea, el siguiente paso sería dejar de actuar en connivencia con el prostituidor abonando la tesis regulacionista, sino apostar por una visión abolicionista centrada precisamente sobre la existencia de la demanda, y poniéndole la vida difícil a los hombres que desean seguir comprando sexo. Continuaremos en siguientes entregas.

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Comentarios

feromonas 12/08/2020 09:39

gran articulo, muy completo

Rafael Silva 12/08/2020 11:50

Muchas gracias!!!

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