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27 noviembre 2020 5 27 /11 /noviembre /2020 00:00

Hace pocos días se aprobaba en un primer trámite la nueva LOMLOE (más conocida como “Ley Celáa”), y tanto en el Congreso de los Diputados como en las calles aledañas al mismo los detractores de dicha Ley proclamaban al unísono: “¡Libertad!”. Cualquier observador externo, sin más datos, podría pensar que el nuevo texto legal es de carácter autoritario, que recorta las libertades a la comunidad educativa (padres y madres, alumnado y profesorado), y que por tanto es criticable bajo la óptica de una sociedad democrática. Nada más lejos de la realidad. Lo que ocurre, como vamos a exponer a continuación, es que la derecha política, social y mediática de este país viene apropiándose falsariamente de este término, impregnándolo de un significado y ensartándolo en un contexto que para nada le corresponde (salvando las distancias, los negacionistas de la pandemia de coronavirus también reclaman en las calles de las ciudades “¡Libertad!”, pero como estamos diciendo, son apropiaciones conceptuales del término absolutamente sesgadas, erróneas e interesadas). Cuando el pasado domingo miles de vehículos salieron en caravana por muchas ciudades de nuestro país, en protesta por la llamada Ley Celáa, y los periodistas se acercaban a preguntarles por qué estaban allí, las respuestas eran similares, a saber: “Porque reclamamos libertad para poder educar a nuestros hijos según nuestros principios”, “Porque queremos seguir teniendo libertad para llevar a nuestros hijos al centro que queramos”, “Porque esta ley restringe el derecho de los padres a impartir la educación que quieran a sus hijos”, y miles más de variantes.

 

En el fondo, todas las respuestas nos llevan a una misma, que es en sí una falacia, como vamos a exponer a continuación. De entrada, el concepto de “libertad” que los adeptos de la escuela concertada poseen es un concepto muy particular. La cuestión del consentimiento, de la “política de elección personal” descansa sobre una visión liberal occidental de los derechos humanos que eleva la voluntad y las elecciones individuales por encima de todos los otros derechos humanos y de toda noción de bien común. Y así, en su sacrosanta visión de la “libertad” individual no interviene el bien superior de la sociedad, pues en el fondo, bajo su prisma insolidario, egoísta e individualista, no creen en la misma. Nosotros pensamos, en cambio, que en nombre de una cierta concepción del ser humano y del bien común, la colectividad, a lo largo de la Historia, ha juzgado necesario con frecuencia poner límites a la libertad individual (venta de órganos, esclavitud, uso de drogas, etc.) para alcanzar un bien común superior. Esto es exactamente aplicable al caso que nos ocupa, porque frente al derecho humano fundamental y universal a la educación (tal como lo entendemos), no cabe la libertad individual de conceder privilegios a ciertos sectores, grupos o personas, para menoscabar los objetivos de la escuela pública, que son de todos. Se enarbola por tanto un supuesto derecho de los padres “a que sus hijos e hijas reciban la educación que sus progenitores deseen”, pero a costa del erario público, es decir, a costa del conjunto de la sociedad. He ahí donde reside la trampa.

 

Existe un hecho incontestable: no hay crecimiento de la escuela concertada sin recortes en la escuela pública, al igual que no existen ricos sin la existencia de pobres. Bajo los gobiernos conservadores y neoliberales, siempre apoyados en este asunto por la Conferencia Episcopal, la escuela concertada lleva en nuestro país un ritmo creciente durante las últimas décadas, que es directamente proporcional al decrecimiento de la escuela pública, medido éste en todas sus dimensiones (en personal docente, en recursos, en medios, en número de centros, etc.). Pero aún se escuchan más falacias en el argumentario de la derecha educativa: se dice que esta Ley (aún muy tibia y timorata) constituirá un “monopolio estatal” para la educación, cuando ni contempla la reducción de la escuela concertada (a lo más que se llega es a no financiar a los colegios que segreguen por sexos), ni la escuela pública es una “escuela estatal”. Es decir, que los mismos que desean un monopolio católico y privado para las escuelas, están en contra de un supuesto “monopolio estatal” que no existe ni existirá. Todo un desaguisado.

 

Por otra parte, que la escuela concertada tiene fines de negocio y empresariales, es decir, fines corruptos (en el sentido de que se alejan del objetivo primordial, que no es otro que satisfacer el derecho universal y fundamental a la educación) lo atestiguan sus poderosas cifras: su presupuesto es de más de 6.000 millones de euros al año, para un total aproximado de 2 millones de alumnos/as. Según datos del propio Ministerio de Educación, la educación concertada ha incrementado sus fondos en un 25% durante la última década (frente al 1,4% que lo ha hecho la escuela pública). A ello habría que sumar, en su caso, las correspondientes cuotas que deben aportar los padres de los niños y niñas que estudian en ellas. Y otro asunto escandaloso es la propia segregación social que la escuela concertada lleva a cabo: los hijos/as pertenecientes a familias con pocos recursos no pueden estudiar en la concertada, la concertada admite siempre a menos inmigrantes que la pública, y los alumnos de etnia gitana también parecen estar destinados a estudiar en la pública y no en la concertada. Los alumnos y alumnas de clase económica baja suponen un tercio de los/as estudiantes de la pública, frente a solo un 7% de la escuela concertada.

 

De forma general, solo el 13% de los alumnos extranjeros estudian en la escuela concertada. Además de todo ello, la escuela concertada acaba expulsando a los malos estudiantes, a los conflictivos, a los que tienen necesidades especiales y a los de baja clase social hacia la escuela pública (al igual que por ejemplo, hacen los hospitales privados con los enfermos que no les interesan, es decir, enviarlos a los hospitales públicos. En el fondo, la política neoliberal es la misma para todos los ámbitos). Finalmente, el poder de la Iglesia Católica en la educación concertada en nuestro país es verdaderamente escandaloso: “Escuelas Católicas”, la red que agrupa a todos los centros de la Iglesia, representa al 60% de la escuela concertada, de ahí que la jerarquía eclesiástica haya llamado también a la rebelión contra la Ley Celáa, más bien con un carácter “preventivo” (pues como decimos, la LOMLOE no ataca directamente a sus centros, ni a medio ni a largo plazo).

 

Esto se llama segregar: se podrá estar a favor o en contra (nosotros apostamos por una escuela pública inclusiva), pero ese es su nombre. El problema está, por tanto, en la gran permisividad política (que ha ido además creciendo en cada presupuesto) frente a todo este proceso segregador, más que consentido y buscado, tolerado y bien visto, apoyado desde las instancias públicas, y mientras esto sucede, la escuela pública va siendo atacada, menospreciada, ninguneada, infrafinanciada, despojada de medios humanos y materiales, es decir, residualizada. En resumidas cuentas, se viene congelando o recortando sistemáticamente la inversión en educación pública, mientras se incrementa el gasto para la educación concertada. Al final, este injusto y perverso modelo pretende perpetuar una escuela para ricos y otra para pobres, una escuela de los mejores estudiantes y otra de los peores, una escuela financiada y otra saqueada, una escuela dotada de recursos y apoyos, y otra discriminada, una escuela elitista y selectiva, y otra escuela residual. Y a todo esto, es a lo que llaman “libertad”.

 

En definitiva, cuando los adalides de la escuela concertada gritan “¡Libertad!” lo que están pidiendo es que el Estado les siga concediendo en espiral creciente la libertad para segregar al alumnado, la libertad para cobrar cuotas en sus centros, la libertad para adoctrinar a sus hijos e hijas en clase, la libertad para que la religión católica y sus múltiples sectas continúen con su poder dentro de la escuela, la libertad para separar por sexos, la libertad para elitizar la enseñanza de quien pueda pagarla, y la libertad para convertir en un gueto la enseñanza pública, conduciéndola a un sector residual. Éstas son las “libertades” que reclama la escuela concertada. Que el Estado se las conceda o no será otro cantar, pero al menos, ya tenemos claro a lo que se refieren cuando la proclaman fervientemente en las calles. Les va en ello sus privilegios.

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