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27 marzo 2022 7 27 /03 /marzo /2022 23:00

Dadas las circunstancias políticas, sociales y económicas actuales, la previsible evolución de las mismas, y siendo absolutamente realistas, es posible que el actual conflicto que están protagonizando muchos transportistas de nuestro país (ahora mismo ya solo están manifestándose los miembros de la Plataforma en Defensa del Transporte por Carretera), no sea un conflicto laboral más al uso, sino que suponga una verdadera piedra de toque, un punto de inflexión, un antes y un después en el clásico conflicto Capital-Trabajo, hoy día llevado a su infinita potencia y a su máxima y descarnada expresión, mediante la extensión de un capitalismo globalizado y neoliberal, que no solo explota cada vez más la fuerza de trabajo (comenzando por los propios trabajadores/as autónomos/as, que se explotan a sí mismos), sino que acapara cada vez riquezas más enormes en unas pocas manos, privatizando los derechos humanos fundamentales, acaparando de forma irracional los recursos naturales, y atacando todas las formas elementales de la existencia material, para el conjunto de los seres humanos.

 

Observemos la naturaleza del conflicto: los transportistas se niegan a trabajar porque aseguran que lo hacen “a pérdidas”, lo cual significa que el conjunto de los gastos necesarios para poder llevar a cabo su trabajo (mantenimiento de sus vehículos, revisiones, seguros…, y sobre todo combustible), superan los creces a los salarios (u otros beneficios) que obtienen por el mismo. Aseguran que han llegado a una situación insostenible, que ya no pueden mantener por más tiempo. El factor “combustible” es, con mucho, el principal en esta ecuación, ya que es el que supone el mayor esfuerzo económico para estos trabajadores/as. Y resulta que el combustible se ha puesto por las nubes, protagonizando una demencial escalada de precios, absolutamente inasumible para estas personas, que dependen completamente del combustible que sus camiones (principalmente, pero también furgonetas, autobuses, y demás modalidades) necesitan para transportar la mercancía desde sus orígenes hasta sus destinos, proveyendo a todo tipo de fábricas, laboratorios, cadenas de montaje o suministros, mercados de alimentación mayoristas y minoristas, pequeños o medianos establecimientos, etc.

 

Bien, ante tamaño conflicto, el Ministerio de Transportes, después de varios días de negociaciones con los interlocutores de las patronales del sector (un error fundamental en dichos encuentros fue la inicial negativa de la Ministra a reunirse con la plataforma convocante de los paros), ha diseñado una estrategia de ayuda para el sector, en principio temporal, aunque prorrogable, que aborda diversos frentes: una subvención de un número determinado de céntimos por litro de combustible, más una serie de ayudas directas según el tipo de vehículo determinado de que se trate (además de algunas otras medidas adicionales, como la extensión de los créditos ICO, etc.). Este paquete de medidas satisfizo a las principales patronales del sector, que lo acogieron con agrado, y dieron por finalizado el conflicto.

 

Sin embargo, la Plataforma convocante que no había sido aún recibida por la Ministra acudió por fin a una reunión con Raquel Sánchez, después de la cual comunicó a la opinión pública que, a pesar de las medidas adoptadas, los paros continuarán indefinidamente. Las razones de esta decisión, según argumentan estos transportistas, apuntan a que dichas medidas les parecen insuficientes, y a que, sobre todo, no solucionan el problema, pues la escalada del precio del combustible es absolutamente caótica, de tal forma que los, por ejemplo, 20 céntimos por litro de hoy, pueden quedar en nada de aquí a varias semanas vista. Estos transportistas proponen, fundamentalmente, topar el precio del combustible, ya que en caso contrario, la ecuación siempre estará sujeta a parámetros variables que podrán continuar volviéndola inasumible. La Plataforma lo ha expresado por boca de su presidente, que básicamente ha manifestado: “No queremos subvenciones, sino poder realizar nuestro trabajo en condiciones dignas”. También lo han expresado de la siguiente forma: “Que esté prohibido contratar a pérdidas”. A mi juicio, tienen toda la razón.

 

Y llegados a este punto, “Con la Iglesia hemos topado, Sancho” (Don Quijote dixit), pues nos enfrentamos a un asunto extremadamente sensible, para el cual necesitaríamos por parte de nuestros gobernantes grandes dosis de valentía política, además de, por supuesto, quedar excluidos del “mercado” gestionado bajo los parámetros de la Unión Europea, que con toda seguridad no iba a permitir incursiones “comunistas” de este tipo, es decir, del tipo de las que solicitan intervenir en los mercados desde la iniciativa pública, que es precisamente lo que hace falta. Cada vez que se ha anunciado, de forma tímida y cobarde, una operación de este tipo, los grandes poderes económicos (así como sus paladines de la derecha política, social y mediática) han salido en tromba poniendo el grito en el cielo, amenazando al Gobierno y rasgándose las vestiduras ante tamaña osadía. Y es que con unas compañías petroleras (todas privadas) que obtienen unos desorbitados beneficios, que acumulan un poder inmenso, y que poseen ingentes lobbies en todas las instituciones públicas y privadas, tomar decisiones de ese calado (es decir, intervenir desde las instituciones públicas en los precios de mercado del producto) es poco menos que una aventura titánica, a la que nuestros gobiernos “progresistas/socialistas” no están dispuestos. Y en vez de atacar el problema desde su raíz, proponen mil parches, diseñan soluciones parciales, e inventan mecanismos ad hoc para intentar resolver lo que no se puede resolver. En definitiva: marear la perdiz.

 

Por tanto, se debería dejar a la perdiz tranquila, e ir al meollo de la cuestión. Porque hemos llegado ya a un punto, como decíamos al comienzo, donde se nos presenta más claramente que nunca la verdadera naturaleza del conflicto, que no es otra que la siguiente: no es posible dejar a la iniciativa privada el conjunto de bienes y servicios que consideremos fundamentales para la sociedad, así como para la satisfacción y protección de los derechos humanos fundamentales (el catálogo completo lo expusimos en esta serie de tres artículos, aquí, aquí y aquí). Y así, servicios y bienes como la banca, la energía, las telecomunicaciones o el agua (y derechos como la alimentación o la vivienda), entre otros, al representar a derechos humanos fundamentales, debieran tener una representación pública (en forma de algún tipo de organismo o institución) que garantizara su pleno suministro al conjunto de la ciudadanía, de forma gratuita o en condiciones que no supusieran un gravamen inasumible para la misma.

 

Es necesario comprender, por tanto, la imperiosa necesidad de convertir determinados recursos en bienes comunes, controlados y planificados democráticamente por el conjunto de la sociedad, así como determinados derechos que la sociedad necesita que sean de todos, y por tanto, cuyo control esté en manos públicas, controlado democráticamente (lo cual no obsta para que sigan existiendo negocios privados que mercantilicen los mismos recursos y derechos, pero la iniciativa pública debe existir). Aplicado al caso que nos ocupa, podría intervenir una especie de Agencia Pública de la Energía (o similar), que controlara de facto los precios máximos de todas las formas de la misma, y que por tanto, contribuyera a que el precio de los combustibles no evolucionara al albur de los continuos altibajos del mercado, provocados sobre todo por la escasez o la abundancia, las disputas geopolíticas, la especulación y los irracionales beneficios que las empresas pretenden obtener. La conclusión está bien clara: si este tipo de organismo hubiera existido y hubiese cumplido su función, este conflicto jamás se hubiera manifestado.

 

Para finalizar, y para tranquilizar a los posibles lectores/as, quiero explicar el significado del título del artículo: evidentemente, cuando me refiero a que el conflicto de los transportistas “no acabará nunca” no estoy queriendo decir que el paro de los camiones continuará permanente e indefinidamente, pues entiendo que los actores intervinientes alcanzarán algún tipo de acuerdo que les permita, más tarde o más pronto, reanudar sus labores; a lo que me refiero es a que las causas de base que han generado el conflicto, si no se abordan de forma radical y valiente, es decir, de forma estructural, continuarán generando problemas en el sector del transporte, y además es muy probable que se extiendan a otros sectores, que igualmente planteen sus actividades en los mismos términos de relación. Por tanto, ha llegado el momento de que nuestros gobernantes comprendan que, o bien se enfrentan de forma directa y decidida a la problemática expuesta, o continuaremos en una espiral de conflictos laborales, que cada vez más amenazarán nuestras relaciones laborales, nuestra economía y nuestras actividades cotidianas, contribuyendo a la generación de auténticos estallidos y revueltas sociales a gran escala y de gran envergadura.

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