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15 agosto 2012 3 15 /08 /agosto /2012 23:00

Finalizamos ya con esta cuarta y última entrega la serie de artículos que hemos querido dedicar a tratar con más calma la última serie de medidas de recortes aprobadas por el Gobierno de Rajoy, y precisamente vamos a hacerlo, después de haber expuesto la totalidad de las medidas en los tres artículos anteriores, con reflexiones, conclusiones y análisis finales que nos lleven a ver un poco el bosque, es decir, el camino al que nos conducen dichas medidas, vistas en su conjunto. En primer lugar, como siempre, criticamos la imposición de las mismas, en vez de su negociación con el resto de grupos parlamentarios, como viene siendo normal en las prácticas autoritarias de este Gobierno, que aplica su mayoría absoluta como un implacable rodillo para impedir cualquier intervención de otros grupos.

 

35_medidas1.jpgY en cuanto al contenido, la tendencia general, tras la lectura comparada de las medidas, es constatar una vez más el hecho de que no responden a ninguna coyuntura económica, sino a una clara concepción ideológica que pretende reformular las capacidades del Estado, tal y como lo conocemos. Básicamente, se pretende definir y conformar un Estado que responda a las siguientes características:

 

1.- Un Estado que preste muy pocos servicios, pero que recaude muchos impuestos. Siguiendo incluso el modelo contrario al propio patrón neoliberal, que consiste en un Estado minimo, pero que a su vez deja una gran renta disponible para el consumo a sus gobernados. Pero en cualquier caso, un Estado adelgazado con los mínimos servicios públicos, y muy poca protección social. En el caso de la función pública, Rajoy ya ha avanzado que "se va a proceder a una revisión integral de la función pública, ya que el empleo público debe adaptarse a la realidad económica del momento". Está de hecho adelantando la posibilidad, ya anunciada por la dirigente del PP Elvira Rodríguez, de proceder a la extinción de contratos de funcionarios, que permitan seguir minimizando el Estado.

 

35_medidas2.jpg2.- Un Estado que elimine su  carácter social y democrático de derecho (como proclama la Constitución), dando paso a un Estado Liberal basado en el ajuste económico y la represión. La contabilidad nacional tiene absoluta prioridad sobre las necesidades de la ciudadanía. Y además y muy probablemente, se produzca un endurecimiento del Código Penal, que permita aumentar el control sobre la indignación popular, promoviendo una mayor criminalización de ésta. El Estado pasa, de ser un garante de la seguridad ciudadana, a ser un represor de las manifestaciones de la misma.

 

3.- Un Estado donde la filosofía de aplicación de recargos, tasas, precios, copagos y repagos se imponga globalmente, minimizando el sistema público de coberturas en función de la renta, y aplicando el cobro y la financiación de los servicios públicos por esa doble vía: la de la renta y la del co-pago. Esto conlleva a su vez el crecimiento exponencial del sector privado, que asume el papel de prestador de servicios a sus "clientes", dejando sin resolver cómo habrán de acceder los ciudadanos de menores recursos a estos servicios. La tendencia es a que sencillamente no los recibirán, provocándose un aumento de la desigualdad, así como de la pobreza, la marginalidad y la exclusión social.

 

35_medidas3.jpg4.- Un Estado que transfiera sus competencias al sector privado, mediante la eliminación paulatina de gran parte de su sector público a través del despido de funcionarios, y del cierre de empresas públicas. Para la gran Patronal CEOE representa un nicho de negocio fundamental, y una oportunidad que llevaban esperando mucho tiempo. La privatización traerá consigo más precariedad laboral, menos calidad en la prestación de los servicios, así como la pérdida de su universalización y gratuidad, de cara a la ciudadanía.

 

5.- Un Estado que abre paso a un nuevo discurso centralista, que cumple la ya vieja aspiración de la derecha de este país de "confederar el norte y regionalizar el sur", acabando con el autogobierno de nuestros pueblos, y con el respeto y fomento de nuestra diversidad cultural. Ya se vienen dando tímidos pasos en este sentido desde hace mucho tiempo, pero las declaraciones se suceden ya con total descaro: por ejemplo, el PP Andaluz acaba de sugerir al Presidente Griñán que si no puede gestionar los servicios públicos andaluces con las transferencias que recibe Andalucía, devuelva las correspondientes competencias al Gobierno Central.

 

35_medidas4.jpg6.- Un Estado que desnaturaliza y adelgaza los Ayuntamientos, acabando con su autonomía y convirtiéndolos en meros entes instrumentales de la Administración Central, a modo de simples apéndices locales de ella, y que presten sólo los servicios esenciales que no puedan ser asumidos por el sector privado. El recorte en sus servicios y la reducción del número de concejales van en esta línea,  y en línea con la difusión de los mensajes de que "sobran políticos" y de que "la democracia es cara", que están intentando imponer. Hay que prestar mucha atención a estas evoluciones, porque suponen, como muy bien ha afirmado Jose Luis Centella, "la antesala del fascismo".

 

7.- Un Estado que, en cambio, reforzará el papel de las Diputaciones Provinciales con el fin de centralizar la prestación de servicios, apuntalando con ello unas Instituciones anacrónicas en términos de funcionalidad, que rompe con el principio de desconcentración y descentralización que los municipios reclaman para atender las necesidades de sus vecinos. Se pretende también introducir en el futuro Anteproyecto de Ley el control mediante técnicos ajenos a la Administración Local, que evaluarán la calidad de los servicios prestados y su viabilidad, siendo los competentes para decidir qué servicios serán privatizados y cuáles pasarán al control de las Diputaciones Provinciales. Se elimina así la soberanía de los ciudadanos para elegir a sus gestores, y la posibilidad de juzgar la gestión de los cargos públicos mediante el ejercicio democrático del voto.

 

35_medidas5.jpg8.- Un Estado que propicia la pérdida de cualquier garantía en materia social o laboral, mediante sucesivas reformas laborales que permitan despidos libres y gratuitos, y total hegemonía de las decisiones empresariales, con la pérdida paralela de la fuerza que supone la negociación colectiva y la representación sindical. De esta forma, la tendencia es hacia conseguir una mano de obra productiva barata y sin derechos, semi-esclava, al servicio de los empresarios, donde el temor, la represión y la pérdida de derechos aseguran una total sumisión e indefensión frente al poder empresarial.

 

Se trata, como hemos indicado al principio, de una reconversión ideológica del Estado, además por la fuerta falsa, es decir, no convocando al pueblo para que se manifieste libremente en referéndum, sino a base de imponer Decretos-Leyes que socaven las funciones de debate, discusión y aportación parlamentaria en las Cortes. Y además, como también venimos denunciando desde hace tiempo, sin aplicar ningún tipo de recortes (o mínimos) en determinados sectores. Valgan para demostrar esto los siguientes ejemplos: no se toca el margen de beneficio de las grandes fortunas que operan mediante SICAV. Se permite una amnistía fiscal a los defraudadores. Se avala la evasión de capitales y fórmulas de comercialización de productos financieros opacos, como la permisividad mostrada con la colocación masiva de participaciones preferentes a pequeños ahorradores, maniobra por la cual ahora, y sólo los bancos más educados, se limitan a pedir perdón (cuando debieran ser procesados por dichas prácticas).

 

35_medidas6.jpgY en fin, sigue sin perseguirse de verdad el fraude fiscal y la economía sumergida. Conocemos que el 72% del fraude de este país lo hacen las grandes empresas y las grandes fortunas. Estamos en un nivel de fraude fiscal del 23%, y sólo el hecho de situarnos en la media europea en cuanto a este indicador, que es del 13%, supondría ingresar unos 38.000 millones de euros al año. Pero no se elige esta vía para aumentar los ingresos del Estado. Claro, es más fácil sangrar a los parados, a los jubilados, a los jóvenes que tienen su primer empleo (los que lo tienen), a las mujeres, a la pequeña empresa, a los funcionarios y empleados públicos, etc. Mientras, se mantienen las exenciones fiscales a la Iglesia, y se mantiene en nómina a 124.350 militares profesionales. En España existen 350 militares con el grado de General, y la media de oficiales por soldados es de 1.8, por no hablar de lo que nos cuesta al año mantener a nuestras tropas en las zonas de conflicto internacionales. A todo esto nos conducen las 35 medidas adoptadas, pero como ya advertimos en el título, serán el suicidio político del Partido Popular.

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