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6 junio 2013 4 06 /06 /junio /2013 23:00

En algún artículo anterior ya nos hemos referido de pasada a la nueva Contrarreforma que va a llevarse a cabo por parte del Gobierno del PP en torno a la Administración Local, pero aquí vamos a detenernos un poco más en ella, para exponer con más calma sus peligros e inconvenientes. De entrada es, como todas las demás, una Ley involucionista, que lejos de reforzar las competencias de la Administración Local y de apoyar el Municipalismo, les vacía de competencias, les abre la puerta a la privatización, y quienes salen reforzadas son las Diputaciones Provinciales, auténticos entes de la época franquista, que no tienen ya ninguna razón de ser en nuestro Estado de las Autonomías. Nos apoyaremos para nuestra exposición en una estupenda entrevista concedida por Manuel Fuentes para Mundo Obrero, actual responsable de Política Municipal de Izquierda Unida.

 

admon_local1.jpgEl proyecto que presenta el Gobierno, lejos de seguir apostando por una plena descentralización del modelo de Estado, que prime la cercanía de las Administraciones Públicas al ciudadano, lo que hace es retrotraernos a la época franquista, para dar mayor poder a las caducas Administraciones centralistas, y eliminar capacidad a las Administraciones Locales a la hora de poder implantar las políticas de servicios públicos a toda la ciudadanía. Las competencias que se van a eliminar de los Municipios y se van a derivar a las Comunidades Autónomas, van a ser sanidad, educación, servicios sociales y gestiones de medioambiente. El trabajo de servicios sociales es uno de los principales trabajos que hacen los Ayuntamientos, y requiere, evidentemente, de una cercanía al ciudadano/a al que se le prestan dichos servicios. También va a haber un alejamiento de la Administración en el sentido de que las personas que gestionarán esos servicios sociales estarán en unos despachos a 50, 60 o 100 km de la gente que necesita esos servicios.

 

admon_local2.jpgEl Ministerio va a establecer cuál es el coste medio que tiene que valer el servicio que se preste al ciudadano. Y si no se cumple, en municipios de menos de 5.000 habitantes, y en menor medida a los 20.000, que son más del 90% del país, esos servicios, si son obligatorios, se van a prestar a través de las Diputaciones Provinciales, y si son unos que aplica el Ayuntamiento dentro de su política de atención a la ciudadanía sin ser obligatorios, pueden llegar a eliminarse. Lo que ocurre es que el Ministerio establecerá los precios estándar y si la Diputación no los puede prestar directamente, se privatizarán, subirán los precios de esos servicios y los ciudadanos tendrán que pagar más por ellos. No se va a tener en consideración el servicio social que se presta y los beneficios que van a tener esos ciudadanos en el aspecto social, sino únicamente si son rentables económicamente y se ajustan a los costes estándar.

 

admon_local3.jpgY como argumenta Manuel Fuentes: "Desde el conocimiento y la proximidad, los alcaldes y concejales son capaces de percibir cuál es la necesidad más importante que tienen esos ciudadanos. ¿Cómo lo va a saber una Diputación Provincial o una Comunidad Autónoma, que en este caso son las que van a tener las competencias y pueden estar a 100 kilómetros de distancia? Y cuando los vecinos quieran manifestar su protesta no lo van a poder hacer a la puerta de sus Ayuntamientos, van a tener que desplazarse a la capital de provincia o de la comunidad, o enviar un correo, algo que elimina la proximidad y eficacia". Por su parte, al traspasar competencias a las Diputaciones, también restamos poder a la democracia, porque los diputados provinciales no son elegidos democráticamente por sus ciudadanos/as, sino que son nombrados a dedo por sus respectivos grupos políticos, que determinarán qué concejales y alcaldes van a formar parte de los órganos de gestión y dirección de las Diputaciones. Y ni que decir tiene, el resto de mecanismos de democracia participativa que se pueden y deben implementar en los Ayuntamientos, dada su cercanía, tales como las consultas populares, los presupuestos participativos, etc., quedarán anulados de un plumazo.

 

admon_local4.jpgEl criterio del supuesto ahorro económico de esta nueva Contrarreforma tampoco se sostiene, ya que si las competencias pasan de los Ayuntamientos a las Comunidades Autónomas, ese dinero que ahora ponen los Ayuntamientos, lo tendrán que poner las Comunidades Autónomas. Por ejemplo, en las escuelas infantiles el 33% del dinero lo pone el Estado, el 33% las Comunidades Autónomas y el otro 33% los Ayuntamientos; si con esta contrarreforma el Ayuntamiento no pone su 33% ¿quién lo va a poner? ¿las Comunidades Autónomas que no tienen suficiente financiación? ¿o lo van a poner las mamás y los papás en la factura que les pasen a final de mes por dichos servicios? Pero es que con la pérdida de competencias también asistiremos a una sutil recentralización, ya que con la excusa del control financiero y el presupuesto más riguroso, el Estado ejercerá un auténtico tutelaje sobre los Ayuntamientos. Es decir, un control exhaustivo sobre los alcaldes como existía antes, en la dictadura, de forma que un interventor va a tener quizá más potestad y más facultades económicas que el propio alcalde. El interventor será un funcionario tecnócrata al servicio del Ministerio de Hacienda.

 

admon_local5.jpgPero sin duda, la mayor aberración que representa esta Ley es el hecho de abrir la puerta a la privatización de los servicios municipales, de una forma subrepticia. En efecto, lo que va a ocurrir es que se va a favorecer la iniciativa privada, y eso significa que se va a perder empleo público. Y va a ocurrir con las transferencias de los servicios obligatorios de educación, sanidad y servicios sociales. Cuando las transferencias pasen a las Comunidades Autónomas y tengan que adaptarse a los costes estándar, si el precio estándar que se establece para el servicio del limpieza de un colegio, por ejemplo, está por debajo del coste real, una de dos: o se presta peor servicio o se despiden a empleados. Los sindicatos ya están dando cifras alarmantes de despidos, hablan de hasta 200.000 despidos de la Administración Pública, si se aplica esta Ley tal y como está redactada y se pone en funcionamientos. Una de las aberraciones de esta ley es que los precios estándar los determina el Ministerio y lo va a hacer a través de un Decreto Ley, ¿sobre qué base lo van a hacer? ¿Van a intervenir los alcaldes, las Comunidades Autónomas a la hora de establecer esos criterios? Es fundamental saber los criterios que van a aplicar porque el daño que se va a hacer a la gestión municipal va a ser enorme.

El problema que tiene esta gentuza del PP es que no tienen sensibilidad social, y todo lo pretenden arreglar mediante criterios económicos. Para el tema que nos ocupa, resulta que el coste de un servicio municipal no es lo mismo para unos municipios que para otros, porque depende de su nivel de población, de sus necesidades, de sus infraestructuras, de su cercanía a otros núcleos de población, etc. Por tanto, los criterios sociales no se pueden omitir. Y por otra parte, en vez de caminar hacia la eliminación o desviación de competencias, hay que hacerlo en el sentido del reforzamiento de las mismas, de la autosuficiencia financiera, incluso para aquéllos servicios que legalmente no les correspondan, pero que los ciudadanos/as les demandan.

 

Manuel Fuentes nos pone un ejemplo muy ilustrativo: "Por ejemplo, en materia educativa. Si una Comunidad Autónoma no aporta la suficiente financiación para que haya un comedor escolar o transporte escolar, o libros de texto, y un Ayuntamiento determina que eso es lo más importante para sus ciudadanos, porque estos lo están demandando, ¿por qué no lo puede dar el Ayuntamiento? Las competencias tienen que ser municipales aunque la gestión sea de otro nivel del Estado, para que podamos hacer política, política social fundamentalmente, porque es ahí donde se diferencian las políticas de la izquierda y la derecha, las políticas a favor de los ciudadanos y las políticas a favor de las empresas. Y el PP se lo quiere quitar a los Ayuntamientos para que se potencie la economía a través de la empresa privada".

 

En última instancia, lo que el PP pretende es romper con el principio de la no rentabilidad económica de la Administración Pública, imponiendo el criterio económico sobre la universalidad de cierto servicio o prestación social. Una biblioteca o una escuela de música nunca va a tener rentabilidad económica, pero queremos que nuestros jóvenes practiquen la lectura y la música. ¿Porqué entonces no ha de prestarse un servicio aunque sea deficitario? Centros de día para ancianos/as, escuelas infantiles, polideportivos, ludotecas, y un largo etcétera, son ejemplos de dichos servicios sociales, que quizá los Ayuntamientos, si es que la Ley finalmente entra en vigor, no podrán permitirse el lujo de conservar. Y todo ello bajo la bandera de poder intervenir los Ayuntamientos ante su supuesta elevada deuda, cuando es completamente falso, puesto que del montante total de la deuda, tan sólo un 4% corresponde a los entes locales, y el gran porcentaje corresponde a la Administración Central. Todo ello, unido a la reducción en una media del 30% del número de concejales, dará al traste finalmente con todo el engranaje de la democracia municipal que hemos desarrollado desde la Transición. Debemos impedirlo a toda costa.

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