La pasada semana se volvieron a escenificar en el Parlamento los modos y formas del ya obsoleto y caduco bipartidismo, aunque sus protagonistas, el tándem PP-PSOE, no quieran reconocerlo. Con total indiferencia y ninguneando al resto de grupos políticos, presentaron un Acuerdo con una serie de puntos fundamentales para ser apoyados de forma común en el próximo Consejo Europeo de finales de mes.
Ante tamaño desprecio al resto de alternativas, aquí publicamos la que presentó en ese mismo día el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, sobre todo para que se vea que los enfoques son muy distintos. En efecto, frente a la súplica y al ridículo seguidismo de los partidos mayoritarios, que sólo plantean medidas de puro maquillaje, la PNL de la izquierda rompe completamente con los postulados actuales de la Troika, y le insta a dar un giro radical sobre los mismos. A continuación, reproducimos íntegramente el texto de dicha PNL, que puede descargarse desde este enlace:
"La raíz de los problemas por los que atraviesa la Unión Europea se encuentra en su diseño político y económico, de tal forma que superar la crisis exige más democracia, una verdadera gobernanza económica orientada al crecimiento y al empleo, y políticas redistributivas en defensa del modelo social europeo. El paro, la recesión, el ataque sistemático a los salarios, a los servicios públicos, a las pensiones, ahogan a las personas trabajadoras de la Unión Europea al mismo tiempo que la intervención de la Troika en la supervisión previa de las cuentas de los Estados, antes de que los parlamentos las sometan a consideración, ataca directamente a las soberanías nacionales y por tanto a la propia democracia.
Esta situación, que viven muchos pueblos de Europa entre ellos el nuestro, es la consecuencia de un modelo, un proyecto de construcción europea basado en el pilar de la desregulación económica y financiera, desregulación que ha consentido la mayor estafa financiera junto a una moneda única sin Tesoro Público y un Banco Central incontrolado al que no se permite emitir financiación directa a los Estados miembros.
Frente a esta situación no es posible maquillar la realidad, es necesaria una nueva orientación política y económica de la UE que centre como prioridad la regulación del mercado, del sector financiero, la inversión pública concertada para crear empleo, para sostener y desarrollar los servicios públicos, buenos salarios y pensiones, y las medidas necesarias para la incorporación de la juventud al trabajo sin precarizarlo y el rescate de sectores estratégicos de producción privatizados.
Es por eso que para el Estado Español es necesario iniciar un diálogo para constituir alianzas políticas con los países del sur de Europa y la periferia del euro, es decir aquellos Estados que se enfrentan a dificultades grandes y comunes. Esta alianza amplia es una condición indispensable para la lucha contra la austeridad, para la salida de la recesión y para el impulso de las reformas que reestablecerán la democracia en Europa.
En particular, Europa se encuentra atrapada por el fracaso de las políticas de austeridad. Los recortes presupuestarios agudizan la recesión, ésta alimenta el déficit público y el círculo perverso se cierra con el refuerzo de las políticas de austeridad por parte de los Gobiernos. En esta espiral depresiva se imponen devaluaciones salariales internas y recortes presupuestarios, laborales y sociales. Son políticas injustas, que cuestionan el modelo social europeo, aumentan la desigualdad y asfixian a la actividad económica y al empleo.
La tan cacareada gobernanza económica debe lograrse, pero para coordinar las políticas económicas en aras del crecimiento, el empleo y la sostenibilidad, y es importante abordar las asimetrías comerciales que traducen las balanzas exteriores de los Estados miembros como uno de los problemas fundamentales de la economía europea. Al mismo tiempo, se debe situar como prioridad económica un cambio de un modelo productivo basado en el desarrollo de la sostenibilidad ambiental y la protección social, como única respuesta justa y de futuro.
Europa necesita políticas de estímulo para intentar salir a corto plazo de la crisis y el Banco Central Europeo debería ser reestructurado para cambiar de prioridades y objetivos, centrándose en la creación de empleo y no únicamente en satisfacer los intereses de las instituciones financieras de los países que componen el núcleo central de la Unión Europea. La Unión Europea no puede continuar por más tiempo sin garantizar la sostenibilidad de las deudas soberanas de todos sus Estados y sin hacer nada para salir de la recesión.
De cara al próximo Consejo Europeo sería positivo que España, a través del consenso y del diálogo con todas las fuerzas políticas y los interlocutores sociales, plantease propuestas orientadas a la recuperación de la actividad económica y del empleo, y a mejorar la protección social. Pero para ello entendemos que es condición necesaria revisar las políticas que han fracasado a nivel interno. En particular, la reforma del artículo 135 de la Constitución que introduce el pago de los intereses y el capital de la deuda pública como un valor superior a los de la justicia y la igualdad en la definición del Estado español como Estado social y democrático de Derecho, y la reforma laboral, que deprime los salarios y acentúa la destrucción de empleo.
Por todo ello, se presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.- Reformar el artículo 135 de la Constitución para eliminar la prioridad absoluta del pago de los compromisos derivados de la deuda.
2.- Promover en el próximo Consejo Europeo las siguientes actuaciones prioritarias:
a) Derogar el Pacto de Estabilidad. Revisar los objetivos de déficit y deuda pública, y poner fin a la desregulación económica y financiera como pilar fundamental de la política de la UE, terminando con la política de austeridad y recortes ya que la sostenibilidad de las finanzas públicas está vinculada a la recuperación de la economía y del empleo y a una política fiscal justa y redistributiva.
b) La adopción de un plan de emergencia de aplicación inmediata, que cuente con no menos de 120.000.000 euros, para combatir el desempleo, en particular el juvenil, a través del Banco Europeo de Inversiones, financiando proyectos que tengan como objetivo diversificar la estructura productiva de los Estados miembros garantizando la transformación hacia una economía sostenible y que se aplique en función del número de personas paradas de cada Estado.
c) La mejora de la financiación de la economía reclamando al Banco Central Europeo (BCE) que utilice todas las herramientas a su alcance, incluyendo la modificación de su propia normativa, para preservar la sostenibilidad de las deudas soberanas, impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, y asegurar financiación directa a los propios Estados, así como que la liquidez que facilita a los bancos llegue a financiar a las empresas y hogares.
d) El avance hacia una Unión Bancaria en el ámbito europeo que sea el germen de una Banca Pública Europea cuyo objetivo sea financiar las inversiones a largo plazo y cuya actividad de gestión de depósitos esté nítidamente separada de la actividad de inversión, sobre la base de un tesoro público. Además se debe garantizar que dicha unión sea democrática, donde el BCE tenga que realmente rendir cuentas al Parlamento Europeo.
e) La defensa del diálogo social a nivel europeo para desarrollar una política de coordinación salarial que vincule el crecimiento de los salarios reales al crecimiento de la productividad en los países con déficit comercial, y que establezca un aumento de los salarios reales superior al crecimiento de la productividad en los países con superávit comercial, de manera que los mandatos de la troika dejen de ser argumentos para sustentar las reformas laborales y las políticas de recortes.
f) El compromiso para fijar una estrategia para la armonización fiscal, especialmente en el impuesto sobre sociedades, implantar un impuesto a las transacciones financieras y luchar de forma decidida contra los paraísos fiscales.
g) Renegociación del Memorándum. Añadir una cláusula de inversión social que garantice que el gasto público realizado en políticas contra el desempleo juvenil, educación, sanidad y lucha contra la pobreza sean excluidas de los objetivos de déficit y deuda pública. Especialmente, la aplicación de la Garantía Juvenil Europea y el desarrollo de políticas de I+D requieren la flexibilización de los objetivos de déficit.
h) Incorporación de indicadores sociales, como el desempleo juvenil, entre el cuadro de indicadores del Semestre Europeo, para poder garantizar que la coordinación de políticas europeas se hace bajo un velo social y de reactivación económica".
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