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11 marzo 2011 5 11 /03 /marzo /2011 00:00

Cuánto tiempo nos va a costar asumir que debemos caminar hacia un Estado laico...no es un reproche, pues es perfectamente comprensible, después de mirar hacia atrás en la Historia, y comprobar cuántos siglos de manifestación de la Religión Católica en nuestra sociedad han perfilado el panorama que tenemos hoy en día: símbolos religiosos, fórmulas religiosas en los ámbitos legales, procedimentales, tanto civiles como militares, etc. Por ejemplo, los cargos públicos no deben jurar (que ya de por sí tiene un matiz religioso) ante ningún símbolo religioso, o no deben figurar los crucifijos en las Escuelas e Institutos Públicos, temas que han tenido ya algún precedente polémico en nuestra sociedad. La asignatura pendiente es que seamos capaces como Estado, de separar el ámbito de la privacidad (donde cada cual puede profesar la religión que desee, o ninguna) del ámbito público, que debe ser completamente neutral y respetuoso con todas las Confesiones Religiosas que tengan manifestación en el pueblo...¿pero sólo en esto consiste un Estado laico? Rotundamente NO. Estos ejemplos son sólo la punta del iceberg. Por eso vamos a plantear en este primer artículo de la serie sólo aquéllos principios más generales y entendibles por toda la ciudadanía, pero seguiremos abordando en otros artículos aspectos más sutiles, polémicos y avanzados sobre este tema.

 

 

iglesia_estado.jpgSi un Estado ateo sería aquél que negara activamente la existencia de Dios, cosa que podemos dejar para el ámbito más privado, un Estado laico es aquél que respeta por igual a todas las Religiones, pero a todas por igual. En un Estado laico, todos los símbolos ligados a cualquier religión deben estar fuera del ámbito público, pues de lo contrario se deduciría que el Estado aboga, defiende o mantiene la preferencia de una religión sobre las demás. Pero esto nos cuesta extrapolarlo a todas las manifestaciones públicas, por ejemplo, poner la primera piedra de un nuevo tramo de autovía, o inaugurar un nuevo parque público, donde por ejemplo, los Budistas preferirían poner una estatua de Buda en el centro del parque, en vez de una de la Virgen del Rosario. Y pueden argumentar los Católicos que ellos son mayoría, lo cual sería totalmente cierto, pero no es menos cierto que la Democracia debe asegurar el respeto a las minorías.

 

En un Estado laico, no puede haber privilegios para ninguna religión. Hasta aquí parece que todo se pudiera comprender, incluso defender por aquéllos ciudadanos con perfil más religioso, pero como pasa casi siempre, una cosa es la teoría y otra es la práctica. Las Confesiones Religiosas normalmente no se conforman con adoctrinar a sus fieles y practicantes, sino que intentan intervenir en la vida pública, manifestando su opinión en muchas facetas de la legislación actual, cuando ellos creen que se vulneran algunos dictados, principios o dogmas de fe de su religión. Aquí es donde entramos en terrenos realmente preocupantes, no hace falta recordar cuántos episodios de declaraciones y contradeclaraciones de religiosos y políticos han tenido lugar en los últimos tiempos, a cuenta de manifestaciones de la cúpula del clero cuando no están de acuerdo con alguna proposición de ley, o con la aprobación de algún Decreto, o simplemente con la intención de legislar en un futuro sobre tal o cual asunto. Quizá el que más se ha prestado últimamente a polémica ha sido el del aborto, con la nueva modificación de la Ley llevada a cabo, que tiende hacia el aborto libre dentro de un plazo inicial de varias semanas. La Iglesia intenta hacernos ver que es un problema de Fe y de Moral, mientras los demás intentamos hacer ver que se trata de un problema de Salud Pública y de Libertad de la Mujer.

 

Por tanto, la futura Ley de Libertad Religiosa, que tanto parece estar costando plantear a este Gobierno, tendrá que traducir fundamentalmente estas cosas (además de replantear el concierto económico con la Santa Sede), plasmarlas en negro sobre blanco, y dejar bien sentado que la Constitución establece la no discriminación de los ciudadanos por ningún motivo, incluído el referente a la opción religiosa, y que por tanto todas las Confesiones Religiosas deben tratarse por igual, no dar preferencia a ninguna, y sobre todo, eliminar toda manifestación o simbología religiosa dentro de la vida pública. En una palabra: las creencias religiosas no caben en la Constitución. La Carta Magna de un país es un texto político, no puede ser un texto religioso. Desde ese punto de vista, una Constitución laica no afirma ni niega ninguna religión, sino que las respeta a todas por igual, pero deben quedar siempre en el ámbito de la conciencia de los ciudadanos, en los templos, en los hogares, en los corazones, pero excluídas del ámbito público.

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Published by Rafael Silva - en Política
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