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24 marzo 2011 4 24 /03 /marzo /2011 00:00

Nuestro último artículo sobre este tema ya había dejado sentadas algunas bases interesantes sobre el mismo, y vamos a retomarlo a partir de ahí. Y siguiendo de nuevo a Gómez Movellán, diríamos en primer lugar algo que ya avanzábamos desde el primer artículo, y es que las instituciones deben abandonar el catolicismo simbólico que profesan, si queremos caminar hacia un Estado laico. Y es que los símbolos son numerosísimos y muy interesantes, incluso algunos de ellos muy subliminales. Enumeraremos algunos ejemplos: ninguna autoridad pública debe asistir a procesiones o actos litúrgicos, y tampoco el Rey, como representación máxima del Estado. Siguiendo en esa línea, las fuerzas de orden público, el Ejército o cualquier otro organismo público no deberían desfilar en las procesiones religiosas, y tampoco las autoridades eclesiásticas deberían ser autorizadas a dirigir o coparticipar en la presidencia de las celebraciones civiles. Las fórmulas de juramento confesional deberían ser suprimidas en la toma de despachos civiles. Ningún símbolo religioso debería presidir aulas o dependencias públicas. El Rey no puede ofrecer España a Santiago Apóstol.

 

estado laico 3Por otra parte, nuestra legislación debería ponerse al día suprimiendo los Acuerdos y Concordatos existentes con las diferentes confesiones religiosas. Incluso si ello requiere de una reforma constitucional, debería emprenderse esa reforma (y de paso aprovechar para abordar otras que se tienen aparcadas desde hace mucho tiempo, como la reforma del Senado para convertirlo en la auténtica cámara de representación territorial). Siguiendo con la línea ya mencionada, se debe acabar con la financiación por parte del Estado del clero y de la Conferencia Episcopal. Actualmente, aparte de las vías de financiación indirectas a la Iglesia Católica, existe una financiación directa (presupuestaria) al sostenimiento de la misma, que además cada año se incrementa. Aparte de que el propio sistema de financiación que establecía el Acuerdo con la Santa Sede ha sido vulnerado (pues deberíamos ya estar en la fase de autofinanciación), se requiere una ruptura radical, cerrando el grifo de esa financiación directa. Y en este sentido, los proyectos que se están barajando para financiar a otras religiones minoritarias, en aras de garantizar un trato igualitario, deben también ser rechazados, ya que supondrían dar una mayor legitimación a la financiación del clero católico.

 

Tenemos también el problema de que determinadas áreas de la Asistencia Social están casi monopolizadas por las organizaciones eclesiásticas. Ya sabemos que una parte importantísima de la asistencia hospitalaria, asistencia a ancianos, a sectores excluídos socialmente o a actividades de cooperación al desarrollo, las realiza la Iglesia Católica por medio de una financiación subvencionada por diversas Administraciones Públicas. En un Estado verdaderamente laico, éste debería asumir directamente toda la Asistencia Social, y en cualquier caso no es tolerable el trato privilegiado que las organizaciones eclesiásticas mantienen en relación a las ONG's no religiosas.

 

También se require, como pilar básico y fundamental, un cambio total en el enfoque del sistema educativo, que aborde la debilidad del sistema público. El modelo actual es un modelo educativo dual (entre escuela pública y privada subvencionada), pero con hegemonía efectiva de la educación católica, tanto en la enseñanza privada como en la pública. Nos parece un disparate que la enseñanza obligatoria, primaria y secundaria, pueda estar segregada en función de una libertad de elección de los padres, basada en su libertad religiosa o de creencias. Si no ponemos ningún límite a la concertación con los colegios privados (en su gran mayoría católicos), no evolucionaremos nunca hacia una verdadera situación de laicidad. Pensamos que la financiación pública de la enseñanza privada debe limitarse a ser un recurso excepcional y subsidiario, y que los conciertos con la escuela privada deberían revisarse y congelarse paulatinamente, con la reversión de dichos colegios a la red pública.

 

El desafío de la escuela española, a medio plazo, además de poner fin a la hegemonía religiosa, es avanzar en calidad a todos los niveles (programas contra el fracaso escolar, nuevo desarrollo curricular, formación permanente del profesorado, adaptación a las TIC's, etc.), y por supuesto, instaurar la plena laicidad como principio fundamental del sistema y de las normas que lo regulen. Pero a corto plazo, la escuela pública también debe evitar una segregación social educativa en la enseñanza obligatoria. En fin, mientras no exista una escuela pública laica que tenga como meta la educación en igualdad, tampoco existirá un auténtico Estado laico.

 

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