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2 abril 2014 3 02 /04 /abril /2014 23:00

El pasado 26 de marzo, diversas organizaciones sociales y sindicales entregaron la carta que a continuación se reproduce en la sede de la Comisión Europea en Madrid y Barcelona destinada a Francisco Fonseca, Director de la Representación Permanente. Con este documento, nos sumamos a la campaña internacional que se opone a las negociaciones comerciales que sobre el TTIP están teniendo lugar de forma antidemocrática, y a espaldas de la sociedad. Reproducimos a continuación dicho documento al completo:

 
 
Sr. Francisco Fonseca Morillo
Director de la Representación en España de la Comisión Europea
Pº de la Castellana, 46
28046 Madrid
Barcelona-Madrid, 26 de marzo de 2014
Concierne: Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y los Estados Unidos (TTIP)
Estimado señor Fonseca Morillo:
Las organizaciones de la sociedad civil del Estado español abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación ante las negociaciones de Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y los Estados Unidos (TTIP).
Destacamos que a pesar de su magnitud, el Tratado se está negociando a puerta cerrada, sin informar a la sociedad civil sobre sus contenidos. El único sector integrado en los diálogos es el privado. Sabemos que las grandes empresas tienen cerca de 600 representantes que asesoran el proceso (1).
Los grupos de la sociedad civil de la Unión Europea y de EEUU han expresado su preocupación por una posible degradación de las regulaciones y la eliminación de salvaguardas a ambos lados del Atlántico. Según la escasa información accesible, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones generaría más desempleo y supondría un ataque sin precedentes a los derechos sociales y la democracia, privatizaría aun mas los servicios públicos, como la salud, la educación y el agua. Además las negociaciones tienen como objetivo de bajar los salarios y eliminar los niveles de protección todavía existentes en amplias áreas, como en la salud pública, el medioambiente, los derechos laborales y la seguridad de los alimentos.


De acuerdo a los estudios de impacto recogidos en los informes de la Comisión Europea se habla de una “deslocalización sustancial y prolongada en el tiempo de trabajadoras y trabajadores de la UE como resultado directo del TTIP lo que simplemente profundizará las desigualdades europeas”.
Hasta la fecha, no se ha tenido en cuenta ninguna de estas preocupaciones. Por el contrario, el secretismo que rodea a estas negociaciones, junto a la falta de acceso a los documentos de la negociación, y la enorme influencia del sector empresarial, industrial y financiero en el TTIP y los documentos secretos filtrados confirman de que se pretenden recortar derechos sociales, laborales y medioambientales así como desregular la protección y seguridad de la ciudadanía.
La experiencia en la firma de este tipo de tratados comerciales y de protección de la inversión extranjera directa nos enseña que la liberalización económica impacta de forma muy negativa a los tejidos económicos y sociales locales, profundizando en una dinámica de intercambios desiguales a favor de los grandes corporaciones transnacionales. Desde el punto de vista de los Derechos Humanos, la justicia social y ambiental, los resultados en México, Chile, Sudáfrica, América Central, Perú y Colombia, países que firmaron acuerdos con los Estados Unidos o con la Unión Europea, evidencian el empeoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables y empobrecidas.
En el caso particular del TTIP, surgen un gran número de peligros en diferentes ámbitos:
- En primer lugar, preocupan los impactos del TTIP sobre la capacidad de los Estados europeos y de los Gobiernos locales o regionales de escoger democráticamente sus propias normas y regulaciones en materia social, laboral, medioambiental, sanitaria, energética y de cualquier ámbito de la política pública. En el mandato que la Comisión Europea ha recibido para negociar el TTIP se vislumbra una ambición para alcanzar los "máximos niveles de liberalización" de los flujos de capitales y de la protección de la inversión extranjera directa, lo que tendrá como consecuencia una rebaja generalizada de los derechos sociales, laborales y medioambientales, así como la imposibilidad de introducir cambios en las legislaciones. El TTIP permitería a los inversores reclamar indemnizaciones como resultado de regulaciones, leyes, medidas normativas u otras decisiones gubernamentales que tengan el efecto de reducir sus oportunidades de lucro. Debido a que casi todas las medidas estatales pueden ajustarse a esa definición, las políticas públicas legítimas han sido objeto de demandas inversor-Estado en todo el mundo. El pago de indemnizaciones millonarias serán además a cargo de las/os contribuyentes. Esto tendría lugar mediante mecanismos de protección de las inversiones y de resolución de las controversias entre Inversor y Estado (sistema ISDS) (2). 
- Además, estamos muy preocupados por la posible degradación de los estándares de seguridad alimentaria y las desregulaciones previstas por el TTIP en materia de políticas agro-alimentarias, contrarias al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), al cual se han adherido todos los Estados miembros de la Unión Europea (3). En ese sentido, alarman los posibles impactos del Tratado sobre las reglas sanitarias y fitosanitarias, lo cual afectarían gravemente a las agricultoras y agricultores y a las y los consumidores (3).
- En el ámbito de la salud y de la educación pública, el Tratado podría también, mediante la armonización de los marcos reguladores y la apertura a los mercados de servicios, propiedad intelectual y compra pública, generar más privatización de los servicios públicos, lo cual violaría los Derechos Universales a la educación, sanidad, vivienda, acceso a medicamentos y agua, entre otros.
- Finalmente, en un contexto de un sistema financiero desregulado y responsable de la actual crisis financiera, económica, social y ambiental, que impacta gravemente en los derechos básicos de la población mediante los recortes actuales, preocupa también el objetivo del TTIP de liberalizar aun más el sistema financiero y los flujos de capitales.
 
La eliminación de los controles sobre el capital y la liberalización de los servicios financieros que dio al sector de la banca y los servicios financieros rienda suelta para especular de forma temeraria –sumadas a las normas comerciales de la UE que han permitido enormes desequilibrios comerciales entre sus Estados miembros– han exacerbado la crisis de la deuda europea. La consiguiente imposición de privatizaciones, el desmantelamiento de las leyes de protección laboral y los drásticos recortes sociales –mientras que los bancos que alimentaron la crisis siguen protegidos por las leyes comerciales- son un reflejo del impacto devastador de las normas comerciales sobre millones de personas en otros lugares del mundo.
En efecto, el TTIP podría impedir tanto a la Unión Europea como a los Estados Unidos el poner límites a las instituciones financieras, decidir regulaciones sobre fusiones y adquisiciones, establecer impuestos y tasas a instituciones y transacciones financieras, establecer un control de los capitales.
Por estas razones, comunicamos nuestra firme oposición a la negociación del TTIP y nos sumamos a la amplia movilización a nivel europeo y transatlántico con el objetivo de evitar el intento de la Unión Europea, el Gobierno de los Estado Unidos y de las grandes corporaciones transnacionales de abrir -aun mas- y desregular los mercados en embos lados del Atlántico así como eliminar los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales de la población.
En este contexto, no solo es posible, sino absolutamente necesario, adoptar una nueva perspectiva frente al comercio. Esa nueva perspectiva debe basarse en otros principios y respetar los compromisos internacionales y las obligaciones jurídicas de la UE de garantizar la coherencia de sus políticas, ya sean en materia de democracia, cooperación, participación pública, derechos humanos, justicia social, igualdad de género o sostenibilidad.
Convencidas de esta necesidad, las organizaciones firmantes –que representan a agricultores, sindicatos, defensores de derechos humanos, ecologistas, redes de comercio justo y ONG del desarrollo– les hacen entrega del Mandato de Comercio Alternativo. Este aboga por una revisión del régimen comercial que desemboque en alternativas reales y viables, y en que el comercio funcione para todo el mundo y para el ambiente.
Firman:
- ATTAC España
- Baladre
- Confederación General del Trabajo (CGT)
- EdPAC
- Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras
- Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad-Cátedra UNESCO de  Sostenibilidad UPC
- HuertAula de Agroecología Cantarranas UCM
- Iniciativa por la Soberanía Alimentaria de Madrid
- Marxa Mundial de Dones - Catalunya
- Observatori DESC
- Observatorio de la Deuda en la Globalización
- Observatorio por la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia
- Plataforma Rural: ACSUR-Las Segovias; Amigos de la Tierra; Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI); Colectivo Tierra de Campos; Colectivos de Acción Solidaria (CAS); Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU); Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG); Ecologistas en Acción; Emaús Fundación Social; Entrepueblos; Fundación Global Nature; GRAIN; Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos; Movimiento Rural Cristiano; Mundubat; Perifèries; Sindicato de Obreros del Campo (SOC-SAT); Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE); SODePAZ; Universidad Rural Paulo Freire (URPF); Justicia Alimentaria Global-VSF; Xarxa de Consum Solidari.
- Red de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid 
- Unión Sindical Obrera
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Published by Rafael Silva - en Política
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