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6 julio 2011 3 06 /07 /julio /2011 23:00

Al momento de escribir el presente artículo (2 de julio), lo único que sabemos es que la Guardia Civil, a instancias de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción, ha registrado durante varias horas la sede de la Sociedad General de Autores (SGAE), y procedido a la detención de 9 personas, entre ellas el propio Director, Gerente y Presidente, Teddy Bautista. Parece ser que existen indicios de que haya existido un entramado de creación de sociedades paralelas en torno a la SGAE, que desviara fondos pertenecientes a los autores y creadores de la Sociedad, estimándose dicho montante en más de 400 millones de euros.

 

sgae.jpgLa verdad es que las sospechas de posibles focos de corrupción venían de mucho tiempo atrás, pues en 2003 y 2007 ya se registraron denuncias contra la SGAE por parte de Izquierda Unida y algunas asociaciones, tales como la Asociación de Usuarios de Internet. La asociación de internautas había interpuesto denuncias en torno a la implantación del llamado canon digital, reconociéndolo después el Tribunal Europeo como un impuesto encubierto, ilegal e injusto contra los usuarios de las nuevas tecnologías, y en general contra el consumo de la cultura. Lo que ocurre, como también ha pasado con la Ley Sinde, es que esta gente de la SGAE tienen mucho apoyo (un sospechoso y tremendo apoyo) por parte del Ministerio de Cultura, que más bien parece estar interesado en defender los intereses de la Sociedad General de Autores, que de todos los usuarios de este país.

 

Desde la izquierda pensamos que es el propio Ministerio de Cultura el responsable de fiscalizar las cuentas de la SGAE, y el que debería haber presentado de oficio todas las denuncias pertinentes, y haber ordenado las auditorías oportunas que destaparan esta situación, y no permitir que el asunto se desbordara hasta el escándalo actual, por supuesto reconociendo el derecho a la presunción de inocencia de todos los implicados. Pensamos, como ya hemos manifestado muchas veces, que "los derechos de autor han de ser gestionados por organismos públicos, democráticos, transparentes y responsables, regidos bajo criterios que primen el bien público, la difusión popular de la cultura, y los derechos de los/as autores/as y creadores/as", tomando las palabras de la compañera Amanda Meyer, Secretaria Federal de Comunicación Interna de IU.

 

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