Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

Estamos ya en la recta final de los artículos que estamos dedicando a explicar nuestra propuesta de Federalismo para el Estado Español, y nos queda por atacar un punto igualmente fundamental, como es todo lo relativo a la financiación. De hecho, recordemos que el tema de la financiación autonómica (y local) está aún sin resolver en la actual situación, y que ha sido el detonante (al menos, el detonante oficial) de las últimas propuestas soberanistas de la Generalitat de Catalunya, al serle denegada a Artur Mas su propuesta de pacto fiscal. El tema económico, de las transferencias y de la financiación de los territorios es pues crucial también en un Estado Federal. Obsérvese por ejemplo cómo lo resuelven los Estados Unidos, donde plantean un Presupuesto Federal en un porcentaje ínfimo en comparación con los Presupuestos de los Estados, porque ellos son los que prestan los servicios públicos a la ciudadanía.

Luego por tanto, no hay proyecto institucional que valga sin propuesta de financiación. Y lo que ocurre es que la complejidad de los sistemas de financiación suele ocultar que no son sino el reflejo de determinados proyectos políticos y sociales concretos, y no propuestas técnicas sin más. La política es la que debe determinar el uso, dedicación y reparto de unos presupuestos económicos, de otro modo estaríamos proponiendo un sistema tecnocrático, que tan de moda están últimamente en nuestra degradada Unión Europea. No obstante y a este nivel, los lectores comprenderán que nuestra propuesta de financiación para el Estado Republicano Federal no puede entrar aquí en muchos detalles, pero sí hacer un esbozo general que pretenda hacer viables las premisas y los objetivos políticos y sociales que hemos expuesto en todos los artículos anteriores de esta serie. Y volvemos a recordar que, en el seno de Izquierda Unida, y tras la declaración final de la reciente X Asamblea Federal, está pendiente un nuevo debate sobre este tema, que seguramente concretará más y mejor algunos puntos. Nos remitimos a sus conclusiones.

Como no puede ser de otra manera, todo sistema de financiación se basa en la actividad social y económica que pueda generar el sujeto político del que estemos hablando (pueblos y entes federados, conjunto de la federación), de forma que, en buena medida, dependerá del modelo económico elegido (fortaleza de lo público, modelos de actividad económica, responsabilidad social del capital privado, presión fiscal, políticas de redistribución de la riqueza, política impositiva, etc.). Tampoco podemos entrar aquí en esta discusión que nos obligaría a desarrollar a fondo nuestras alternativas económicas (ya expuestas por cierto en otros muchos artículos), pero sí recordar que una fuente adicional de recursos económicos es el control del fraude fiscal. Este control tiene una dimensión cada vez más internacional, de forma que cada vez son más necesarias acciones coordinadas a nivel mundial para controlar los mercados financieros. Una política consecuente del control del fraude tendría un fuerte efecto redistributivo (aunque no sólo esto) y permitiría implementar y llevar a cabo las políticas sociales y ambientales por las que apostamos en nuestro proyecto federal.

Nuestra propuesta de financiación se basa en el profundo respeto a todos los principios inspiradores del federalismo que ya hemos expuesto, y sobre todo, en el fortalecimiento de lo público frente a lo privado. Estos principios no son, evidentemente, los que en la actualidad regulan el sistema de financiación. De hecho, uno de los objetivos del ataque neoliberal a las políticas del llamado Estado del Bienestar es socavar el carácter redistributivo de los sistemas fiscales, desde los ciudadanos con mayores rentas hacia aquéllos que perciben ingresos menores a través de un sistema de prestaciones sociales. La filosofía neoliberal, al legitimar la desigualdad, no aboga por este tipo de instrumentos de equidad social. Conviene dejar clara esta premisa porque desde la izquierda, el criterio fundamental de cualquier reforma financiera y fiscal debe ser que las obligaciones tributarias de cualquier ciudadano/a y las prestaciones sociales a las que tiene derecho dependan de su renta, y no del territorio donde viva. La actual dinámica autonómica, en buena medida protagonizada por los nacionalistas de uno y otro signo, están teniendo consecuencias muy similares a las de los ataques neoliberales perpetrados contra las políticas de bienestar social, no sólo en España, sino en muchos otros países.

El modelo básico de financiación que proponemos es un modelo de concierto. Sin embargo, este modelo de concierto no puede ser igual que el que viene aplicándose para el País Vasco, puesto que haría imposible la aplicación de políticas de solidaridad interterritorial, y de políticas sociales redistributivas. Por razones históricas, en la actualidad el sistema de cupos en las tres provincias vascas y Nafarroa (Navarra) no hace ninguna contribución a las políticas redistributivas ni de cohesión estatales. Los territorios no pueden ser los únicos destinatarios de los procesos de redistribución. Hay que tener en cuenta también a los ciudadanos/as, a las familias y a las personas, en dichas políticas redistributivas. Consideramos que el sistema de financiación más adecuado según la perspectiva federal sería un nuevo sistema de conciertos que deberá extenderse a todos los territorios. El problema de los conciertos actuales debe ser resuelto mediante la modificación de los criterios de cálculo que los hagan racionalmente posibles, y la introducción en todos los casos de los principios de igualdad y solidaridad.

Habría que reinventar, por tanto, el modelo actual de conciertos, y estructurar el nuevo sistema de financiación en los siguientes cinco niveles:

1.- Competencias y servicios gestionados por los Ayuntamientos (entes locales más cercanos al ciudadano/a, de los que ya hemos resaltado su importancia).

2.- Competencias y servicios gestionados por las Comunidades Autonómas (territorios o pueblos o entes federados, como se les quiera denominar oficialmente).

3.- Competencias y servicios gestionados por el propio Estado Federal en su conjunto (válidas para todos los territorios federados). Ya sabemos que en nuestra propuesta de modelo federal desaparecen las actuales Diputaciones Provinciales.

4.- Competencias destinadas a reducir las desigualdades territoriales.

5.- Competencias destinadas a reducir las desigualdades sociales.

La distribución de los recursos públicos se realizaría teniendo en cuenta las competencias de cada nivel de gobierno, y una vez valorados sus costes de desempeño. Quiero hacer también un comentario en relación a uno de los falsos debates que la derecha española se empeña en hacernos creer, como es el de la duplicación de competencias. Es cierto que siempre se pueden mejorar las responsabilidades, las coordinaciones, los procedimientos y los flujos de información entre los diferentes niveles de las Administraciones. Pero bajo todo este falso debate, lo que esconden es su deseo recentralizador del Estado, y la devolución de competencias de las Comunidades Autónomas al Gobierno Central, tomando además ahora el pretexto del supuesto ahorro económico en una situación de crisis. En el próximo artículo de la serie profundizaremos un poco más en los niveles de competencia indicados.