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21 noviembre 2012 3 21 /11 /noviembre /2012 00:00

Basándonos en un artículo publicado por Mercè Pinya para la web de Alba Sud, vamos a comentar algunos aspectos de la nueva Ley de Costas, aprobada el pasado verano por el Gobierno del PP. Decimos en el título "un paso hacia atrás", porque como vamos a ver, representa otro paso en la dirección contraria hacia donde tenemos que caminar. Incide en los principales aspectos que tanto venimos criticando desde la izquierda, tales como la privatización de lo público, y la destrucción (o la no conservación o preservación) de nuestro medio ambiente. Son sus defectos fundamentales, pero  evidentemente, son defectos muy gordos. Bajo el rimbombante nombre de "Anteproyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y modificación de la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas", cuyo documento borrador se puede descargar en este enlace, se propone una perversa actualización de la Ley de Costas de 1988, ante la imposibilidad de forzar la consideración de nuestras costas como un bien de dominio público.

 

ley_costas1.jpgSe trata de un anteproyecto de Ley que lejos de retirar la costa de los principios y prácticas especulativas, y limitar la iniciativa y el control privado, incide en los males mayores que azotan desde siempre a nuestra costa, como son el turismo de masas, la construcción residencial desaforada, el ocio destructivo y la poca voluntad política a la hora de forzar la preservación de los parajes naturales. A lo largo de estos últimos años, al calor de las nuevas reformas privatizadoras, los propietarios y terratenientes, grandes y pequeños, que se han constituido en diferentes plataformas, han reclamado su derecho a disfrutar de su trozo de costa en exclusividad. La nueva Ley ignora el espíritu proteccionista de su predecesora, y permite el uso privativo de determinados espacios de nuestro litoral, considerando sencillamente que debe establecerse un régimen de concesiones para legitimar lo que hasta entonces se había hecho de forma descontrolada, procediendo a su regulación, y al cabo de los años (75 años) el uso privativo desaparezca y vuelva a ser de dominio público.

 

ley_costas2.jpgComo vemos, otra aberración más en la línea de anteponer la propiedad privada al interés general de los ciudadanos, con todo lo que ello conlleva en lo relativo a la depredación del medio ambiente, y a la destrucción de nuestros recursos naturales. El espíritu y la letra de la nueva Ley contemplan que los negocios y actividades que se hacen en los primeros metros de la costa estén controlados y sometidos a un plazo. Se legitima el uso y beneficio sobre dichas actividades de explotación, dando supremacía a la actividad empresarial antes que a la protección de nuestro entorno natural, enfocado al disfrute de todos. Lo peor de todo es que a partir de ahora, los Tribunales no van a poder estar al lado de los defensores del litoral. En efecto, el sistema judicial ha actuado de garante en muchos casos denunciados, salvo algunas excepciones, salvaguardando el concepto de bien público que recogía la antigua Ley, y que a menudo, los gobiernos locales y autonómicos, aliados con los promotores y propietarios, ignoraban deliberadamente. Las sentencias casi siempre daban la razón a los que defendían el interés general, que eran normalmente ONG's, Grupos Ecologistas o vecinos indignados por las prácticas invasoras y destructivas, ya que las propias Administraciones nunca denunciaron las tropelías que se cometían en nuestro litoral.

 

ley_costas3.jpgSon famosos los casos como el del Ayuntamiento de Carboneras (Almería), con el Hotel El Algarrobico a pie de playa, o el de Ses Covetes (Mallorca), con los 67 apartamentos polémicos, de los cuales hemos tenido noticia al cerrar este artículo en el sentido de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha ordenado su demolición. Todos ellos pendientes de derribo, al igual que muchos otros casos repartidos por todos nuestros 7.800 kilómetros de costa. La anterior Ley definía una franja de protección de 100 metros si se trataba de suelo no urbano, y de 20 en caso contrario. Un caso semejante se planteó, aunque se consiguió parar, en las playas gaditanas de Bolonia, cerca de las ruinas de Baelo-Claudia, en Tarifa, ante otra propuesta de construcción de apartamentos. Ante todos estos precedentes, la tendencia neoliberal ha embestido con fuerza suficiente para conseguir el apoyo de la opinión pública, e identificar a la antigua Ley de Costas con invasión de la propiedad privada, hecho que ha propiciado que la actual modificación presentada sea acogida de buen grado.

 

ley_costas4.jpgAdemás de un proceso de recentralización (los Delegados del Gobierno podrán suspender los acuerdos que adopten los Ayuntamientos y Diputaciones que afecten a la integridad del dominio público), la nueva Ley presentada recoge cambios importantes, como el régimen de concesiones, que pasa a ser de 35 años. Se alarga peligrosamente el derecho de los particulares a ocupar un trozo de costa en detrimento de su uso como bien común. El dominio público pasa a un segundo término, pues prevalece el derecho de los que hayan comprado un trozo del litoral. Además, en la zona de servidumbre de protección, los propietarios podrán hacer obras siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie. Como vemos, se anula el espíritu proteccionista de la anterior Ley, ya que a la desprotección y privatización de la costa, se suma la arbitrariedad, pues se excluyen las dunas muertas de la zona de servidumbre de protección, o se amnistían diferentes ilegalidades urbanísticas. Cito las palabras textuales de Mercè Pinya, cuando afirma: "Esta reforma jurídica proviene de la presión de los propietarios de casas, locales, negocios y ocupaciones de todo tipo en el litoral español, e incorpora también el viejo axioma de que desregular, activa la economía. En el caso que nos ocupa, el cemento en la costa, ya hemos visto donde nos ha llevado como modelo económico". No le falta razón.

 

ley_costas5.jpgMe viene a la mente cierto episodio de la genial serie "Verano Azul", donde una constructora pretendía convencer al viejo pescador para que les vendiera su terreno y su barca, para proceder a la construcción de ciertos bloques de apartamentos cerca del mar. Chanquete argumentó y convenció al Ayuntamiento de que ese no era el camino, planteando los motivos por los que la gente acudía allí a veranear: no había grandes aglomeraciones, existían parajes naturales, se respiraba aire no contaminado, se bañaban en aguas limpias, y el pueblo seguía siendo un pueblo. Todo ello iba a ser destruído por la empresa constructora de marras, lo cual acabaría con todos los atractivos del lugar. Pasando de la ficción a la realidad, y simplemente usando el sentido común, no debemos perder de vista que el turismo es una fuente de ingresos fundamental en nuestro país, constituyendo una de sus principales industrias, y que por tanto, permitir las prácticas privatizadoras, consentir barbaridades destructoras del medio natural, a la larga, sólo consolida la debilidad de dicho sector turístico, y la consiguiente pérdida de atractivo para nuestros visitantes.

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