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24 julio 2013 3 24 /07 /julio /2013 23:00

¿Existe tortura en España? Rotundamente Sí. Evidentemente no como en otros tiempos, pero aún no se ha erradicado del todo en nuestro país. El pasado 26 de junio se celebró el Día Mundial de Solidaridad con las Víctimas de la Tortura, y a raíz de dicha celebración, un montón de organizaciones de la sociedad civil defensoras de los Derechos Humanos, acordaron publicar un Manifiesto, que puede encontrarse en este enlace al completo, y que nosotros vamos a resumir en el presente artículo. Entre muchas otras, las organizaciones que han suscrito el Manifiesto han sido APDHE (Asociación Pro Derechos Humanos España), Alerta Solidaria, Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas, Centro de Documentación contra la Tortura, Federación Enlace, Colectivo Trampa, Campaña por el Cierre de los CIE's, Asociación Apoyo, o Asociación Libre de Abogados.

 

tortura1.jpgEl Manifiesto se organiza en 16 puntos, que tratan diferentes temas en relación a la tortura y los malos tratos en España. Por ejemplo, se recomienda en primer lugar modificar el Código Penal en lo relativo a la propia definición del delito de tortura, según las recomendaciones que nos hizo la Convención contra la Tortura en 2009, básicamente añadiendo que el acto de tortura puede ser cometido por personas en el ejercicio de funciones públicas. Sobre la investigación, condena y reparación de actos de tortura, se insta a una mayor diligencia de las autoridades, así como a una prohibición del indulto en estos casos. Sobre los abusos policiales en las manifestaciones, así como a la criminalización política y social de las protestas ciudadanas, el Manifiesto insiste en que las Autoridades otorguen la máxima protección y respeto al derecho de manifestación y protesta pacífica, absteniéndose de obstaculizar directa o indirectamente la actividad de la ciudadanía.

 

tortura2.jpgSobre el aspecto de la videovigilancia en las Comisarías, se insta a cumplir la obligación de grabar en soporte audiovisual las sesiones de interrogatorios a todas las personas detenidas. Otro aspecto importante donde el Manifiesto incide es en el régimen de detención incomunicada, donde se insta a revisar la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que según el Comité contra la Tortura, el régimen de incomunicación utilizado por España muy específicamente en los delitos de terrorismo y banda armada vulnera las salvaguardias propias de un Estado de Derecho contra las torturas y otros malos tratos, proponiéndose directamente su abolición. El Comité contra la Tortura también recomendó a España las reformas legales necesarias para hacer más efectivo el derecho a la asistencia letrada (reduciendo el actual plazo máximo de 8 horas), y asegurar que cuando se procede a la detención, al realizarse la lectura de los derechos, se incluya entre ellos el derecho a solicitar la presentación inmediata ante un juez, lo que se conoce como Habeas Corpus.

 

tortura3.jpgOtro aspecto tratado en el Manifiesto es la ambigüedad en la tipificación del delito de terrorismo, que se debiera reservar a las situaciones donde concurren los siguientes tres elementos: 1.- la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves. 2.- las víctimas son civiles o no combatientes. 3.- la intención de intimidar o desestabilizar al Gobierno. En este sentido, las medidas antiterroristas del Estado deben ser compatibles con sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos. Mención especial merece también en el Manifiesto el tema de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que son en la actualidad auténticas cárceles sin las más mínimas garantías para estas personas, donde se violan constantemente los derechos humanos. De entrada, el internamiento preventivo y sistemático en los CIE de toda persona extranjera en situación administrativa irregular que no haya cometido ningún delito, es contrario a todas las Convenciones Internacionales que regulan el tema, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hasta el Pacto Internacinal de Derechos Civiles y Políticos.

 

tortura4.jpgTodos los CIE existentes actualmente (8 en toda España) deben cerrarse, y el internamiento en ellos debe ser sustituido por medidas cautelares compatibles con el derecho a la libertad y seguridad de todas las personas, y no discriminatorias. Debemos hacer máxima la norma de que ninguna persona es ilegal. Los internados en los CIE sufren condiciones materiales inhumanas y vejatorias, abusos y malos tratos frecuentes por parte de las personas responsables de su custodia, se les imponen inconvenientes para acceder al juez, al fiscal, a sus abogados, a sus familiares, y a las organizaciones civiles o no gubernamentales. Tampoco se les respetan los derechos económicos, sociales y culturales, en particular el derecho de acceso en condiciones de igualdad a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social, y los servicios sociales a que tiene derecho toda persona privada de libertad. De este modo y desgraciadamente, los migrantes constituyen en nuestro país uno de los eslabones más débiles en la cadena de víctimas de tortura y malos tratos.

 

tortura5.jpgEn resumen, se tratan un montón de aspectos que nuestro país no cumple en materia de respeto a los Derechos Humanos, así como abolición de tratos inhumanos y degradantes a los detenidos por cualquier delito. Y lamentablemente, el Anteproyecto de Ley Procesal Penal elaborado por el Ministerio de Justicia, lejos de cumplir con las reiteradas recomendaciones internacionales, se alinea con los regímenes más duros en estos casos. Desde la izquierda, continuaremos en la lucha hasta conseguir la erradicación y abolición absoluta de todos los supuestos o condicionantes que puedan dar resquicio legal a todo tipo de torturas y malos tratos en España.

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Published by Rafael Silva - en Política
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