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29 diciembre 2014 1 29 /12 /diciembre /2014 00:00

"La meta de la clase obrera es su liberación de la explotación. Esta meta no se alcanza y no puede alcanzarse mediante una nueva clase dirigente y gobernante que sustituya a la burguesía. Sólo puede ser realizada por los obreros mismos siendo dueños de la producción"

(Anton Pannekoek)

 

 

 

 

 

Hay que poner, por tanto, el conjunto de la economía al servicio de la sociedad, y no como ahora, donde la inmensa mayoría social está al servicio de una exigua clase dominante, tremendamente poderosa, que maneja los hilos de la economía, y por ende, de la propia política. Hay que alcanzar un desarrollo de los medios de producción en función de los criterios sociales y ecológicos, en función de los intereses de la mayoría de la sociedad, y de las generaciones venideras, como se ha dicho en anteriores artículos de esta serie, mediante la nacionalización por razones de interés público, de las grandes empresas, baluarte de los sectores estratégicos de nuestra economía. Dichos sectores, a grosso modo, podrían ser los siguientes:

 

socialismo541.jpg1.- El sector financiero, incluidas las compañías aseguradoras.

 

2.- Las empresas energéticas, que darían lugar a un sistema público de energía.

 

3.- Las grandes empresas de transporte, tanto de personas como de mercancías.

 

4.- Las grandes constructoras de obra civil.

 

5.- Las grandes empresas industriales básicas.

 

6.- Las grandes compañías de distribución, incluyendo las de alimentación.

 

7.- Las grandes empresas de telecomunicaciones.

 

8.- Las compañías de la gran industria farmacéutica.

 

9.- Los grandes latifundios.

 

10.- Se transformará en monopolio público el comercio exterior.

 

socialismo542.jpgPero como también hemos indicado en anteriores artículos, la entrega al Estado de todas estas grandes empresas, pasando a la iniciativa y al control públicos, no basta para conseguir una verdadera democratización de la economía, sino que, como nos recordaba Anton Pannekoek, el control de las mismas ha de pasar a manos de sus propios trabajadores, además de al resto de la ciudadanía, y a la propia Administración. Sólo bajo este control ciudadano será posible alcanzar que los intereses de estas empresas respondan, realmente, a los intereses de la ciudadanía. A su vez, esto supone sentar las bases para la nacionalización del resto de empresas que conforman tanto el IBEX-35 como el Mercado Continuo (las 100 empresas fundamentales del país) que conforman el porcentaje básico de la economía (aproximadamente el 80%) que puede permitir que realmente un Gobierno surgido de los votos populares, y bajo el mandato de la participación ciudadana, tenga el control económico mínimo para poder transformar la sociedad (esta vez sí, sin parches) sin someterse a los chantajes y presiones de los más poderosos, como hasta ahora sucede.

 

socialismo543.jpgSe procedería a indemnizar a los pequeños accionistas de las mismas, que tuvieran un capital invertido inferior a los 100.000 euros, y las empresas pasarían a estar controladas bajo la participación de sus propios trabajadores, a través de sus legítimos representantes, en la gestión de la misma, para lograr la cogestión junto a los representantes de la Administración, en el marco del plan económico del que se dote al Estado. Y esto acompañado de una reforma fiscal drástica, auténticamente progresiva, para que pague más quien más tiene (patrimonio, capital, etc.) y quien más cobra (salarios directos, diferidos, complementos, etc.). Se reestructurarían los diferentes tramos impositivos, y se procedería a una eliminación progresiva de los impuestos indirectos (sobre todo los que gravan el consumo, como el IVA, el más injusto de todos ellos). Se emprendería una implacable lucha contra el fraude y la evasión fiscal, comenzando por las grandes empresas, que son las principales defraudadoras. De hecho, la nacionalización de las mayores de ellas ya eliminaría dicho problema de raíz.

 

socialismo544.jpgEn la dirección justamente contraria a la que se ha llevado hasta ahora, se derogarían todas las leyes y normativas que concedieran privilegios fiscales a las grandes empresas, y se dotaría de más medios (humanos y técnicos) a la Agencia Tributaria, para que pudiera dedicar más recursos al gran fraude fiscal. Los trabajadores somos quienes creamos la riqueza con nuestro trabajo (al contrario del gran mantra neoliberal que se ha extendido, afirmando que los empresarios son los que crean empleo, y por tanto, riqueza), y por consiguiente, dicha riqueza tiene que revertir también sobre la clase trabajadora, mediante un sistema justo y progresivo, a través de los impuestos. Habría que aumentar el Impuesto de Sociedades, así como los Impuestos sobre la Riqueza (grandes fortunas y grandes patrimonios, nacionalizando los grandes latifundios, como hemos indicado al principio). Proponemos un pago efectivo del 55% para el tramo alto de la declaración de IRPF, que estará compuesto a partir de aquéllas familias que posean una renta superior a los 100.000 euros. De igual forma, proponemos la desaparición de las SICAV, hoy día auténticos paraísos fiscales encubiertos para los grandes empresarios y las grandes fortunas.

 

socialismo545.jpgProponemos también la creación de una Agencia Pública de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), ya que un puntal fundamental de la riqueza de un país se basa en su capacidad de innovación y de conocimiento compartido. Frente a la actual política de abandonar a su suerte a los científicos e investigadores que tenemos en nuestro país, dejando que su caudal de conocimiento y su capacidad de trabajo sea aprovechado en otras partes del mundo, una sociedad socialista debe gestionar toda la labor en dicho terreno que se realice bajo el amparo de las Universidades Públicas y todo tipo de empresas y organismos públicos de investigación y desarrollo. Sus resultados no podrán privatizarse bajo ningún concepto, ni externalizar ninguna de sus funciones o actividades. No sólo se incide de esta forma en la creación y amparo del conocimiento, sino que contribuimos a la máxima de que la empresa pública será fundamental para alcanzar el pleno empleo, en contra del paradigma actualmente extendido sobre el emprendimiento personal, y su liderazgo para crear empleo.

 

Para responder por tanto a este objetivo, se pondrá en marcha un Plan General de Reindustrialización, con objeto de recuperar sectores perdidos de nuestra economía, y de albergar a nuevos sectores productivos con gran proyección de futuro, siempre bajo el prisma de la sostenibilidad económica y medioambiental. Asímismo, dicho plan también contribuirá al desarrollo de los servicios públicos, teniendo como prioridad alcanzar unas condiciones de vida y de trabajo dignas para la inmensa mayoría social. Todo el sector público, sus empresas y Administraciones, tendrán una estructura democrática. Se dotarán de unos Comités de Administración compuestos a partes iguales (un tercio cada uno) por representantes de los trabajadores, de las Administraciones implicadas y del resto de la ciudadanía, con lo cual será imposible que dichas empresas no respondan a la satisfacción de los objetivos sociales planteados, así como también se contribuirá a eliminar cualquier resquicio de corrupción en su seno. Sus directivos serán elegidos democráticamente, sus mandatos tendrán un tiempo limitado, renovándose anualmente, y sus salarios se limitarán a los establecidos para cualquier trabajador público. Rendirán cuentas de forma pública todos los años, y ante sus trabajadores siempre que sean requeridos para ello. Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Política
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