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19 febrero 2015 4 19 /02 /febrero /2015 00:00

"¿Qué libertad es ésta donde uno sólo puede ganarse el sustento si se somete a las dictaduras empresariales? ¿Dónde está la democracia en la mayor parte de las empresas? ¿Cómo puede llamarse un sistema así democrático cuando sus ciudadanos pasan la mayor parte de su tiempo viviendo en pequeñas dictaduras? ¿Cómo puede autodenominarse una sociedad como democrática cuando su centro de gravedad, la economía, funciona de forma totalitaria?"

(José López)

 

 

 

 

Consiguiendo este culmen de la democratización de la economía, de la empresa, de los sectores productivos, de la actividad económica, una sociedad democratizada de esta forma pasaría del dogma expresado bajo el aforismo "a cada quien de acuerdo a sus capacidades" al dogma expresado como "a cada quien de acuerdo a sus necesidades". La propiedad social de los medios de producción no sólo garantizará el pleno empleo, sino la abolición de la propiedad privada (nos referimos a los grandes monopolios u oligopolios, por supuesto que seguirán existiendo empresas privadas para gestionar todo tipo de servicios) para aquéllos sectores que gestionen los servicios públicos fundamentales para la ciudadanía. Y ello porque la propiedad estatal, debido a su carácter público, está sometida a una relación de producción social diferente a la de la propiedad capitalista. La propiedad estatal permite realizar actividades deseables socialmente, pero que no producen ganancias, que no generan beneficios, esto es, que no son rentables desde la óptica capitalista. Cuando una empresa es de propiedad pública, sus actividades son subsidiadas por fondos públicos, y por tanto, financiadas por el conjunto de la ciudadanía. Por otra parte, las decisiones que toman las empresas públicas pueden ser potencialmente susceptibles de un mayor control público y político. Al ser el Estado una institución política, la propiedad estatal inevitablemente posiciona los medios de producción involucrados dentro del dominio público en la esfera política.

 

objetivo_democracia151.jpgBajo este modelo, los medios de producción son propiedad del Estado, y están por tanto controlados por éste formalmente en beneficio de la clase trabajadora, del pueblo, en última instancia, de la sociedad en su conjunto. No pueden ser propiedad de individuos particulares o de grupos (ya hemos comprobado lo que ocurre, por muchos parches que se quieran poner), y en este sentido obedecen a parámetros distintos a las relaciones capitalistas de producción. Un buen ejemplo de ello puede ser la Banca Pública. Es evidente que los ahorros de toda la sociedad no deben servir para prácticas especulativas (ya hemos visto lo que ocurre con los fondos de pensiones, las hipotecas basura, las participaciones preferentes, y un largo etcétera de productos financieros que únicamente representan instrumentos para el enriquecimiento ilícito de los banqueros), y por tanto, la propiedad estatal y el control democrático de sus trabajadores garantizaría que las actividades de dicha Banca sólo se dirigieran a generar riqueza colectiva, esto es, a la economía real, la que debe satisfacer las necesidades de las personas. Pero insistamos en que la propiedad pública no es todavía propiedad social. En efecto, si sólo garantizamos la propiedad pública (o estatal) de los medios de producción, en realidad no estamos aún consiguiendo la democratización de la economía, que es el objetivo que perseguimos.

 

objetivo_democracia152.jpgPorque en efecto, con sólo cambiar de dueño, no llegamos a la democracia económica. Vamos a explicarnos. Si sólo conseguimos la propiedad pública o estatal, lo único que estamos consiguiendo al final es el cambio del empleador, que pasaría de manos privadas a manos públicas (es decir, al Estado). Como mucho (que ya es mucho) habríamos conseguido una filosofía distinta a la hora de garantizar el empleo, y una orientación distinta sobre la rentabilidad de la propia actividad. Y como decimos, no tenemos que quitarle mérito a todo ello. Pero aún hemos de darle una segunda vuelta. Porque si nos quedamos sólo en este punto, corremos el riesgo de que, con el paso del tiempo, se instauren a nivel público las mismas prácticas que a nivel privado en cuanto a la toma de decisiones. En efecto (y ya tenemos precedentes históricos de ello, como en la antigua URSS), si no lo impedimos, si no diseñamos un sistema realmente democrático, podemos sucumbir a la deriva de que se vaya instalando una auténtica burocracia alrededor de los puestos de mando de las empresas estatales, que en última instancia servirían al Gobierno de turno, al partido político que le apoyara, a sus altos cargos, a sus altos funcionarios, a los dirigentes políticos, en una palabra. Volverían a instalarse redes clientelares y prácticas de corrupción, con lo cual estaríamos volviendo a reproducir los vicios y defectos del sistema capitalista, pero ahora a nivel público (es lo que se ha denominado "Capitalismo de Estado", y que ha ocurrido en varios países, como en China).

 

objetivo_democracia153.jpgPor tanto, la segunda vuelta que proponemos es pasar de la propiedad pública a la propiedad social. Esto es, no basta con que los medios de producción sean propiedad del Estado, no basta con que la filosofía cambie a la empresa y al sector público, sino que hemos de introducir el factor definitivo: la gestión democrática de las mismas. Es decir, no sólo la empresa ha de ser de todos, sino que tenemos que decidir todos. No sólo las empresas tienen que regirse por parámetros y criterios públicos de producción, sino que además tiene que ser controlada y gestionada bajo una visión democrática, es decir, por sus propios trabajadores. Sólo entonces habremos conseguido una auténtica Democracia Económica. En realidad, nuestra propuesta de Democracia Económica se fundamenta en conseguir una propiedad social de los grandes sectores estratégicos de la economía en función de tres actores por igual: las Administraciones Públicas implicadas, los representantes de los trabajadores de las mismas, y los representantes del conjunto de la ciudadanía. Y por supuesto, estos Comités irían rotando sus miembros cada cierto tiempo, en los tres niveles. De esta forma, las decisiones acerca del uso que se debería hacer de los medios de producción, del carácter de los mismos, de su fuerza de trabajo, de sus objetivos, de sus intereses, han de ser tomadas por los propios afectados, que son sus propios trabajadores, la Administración implicada y el conjunto de la población.

 

objetivo_democracia154.jpgNo podemos reproducir errores pasados de la izquierda, no podemos dejar, llegado el caso, que el partido de turno y sus dirigentes decidan en nombre de los demás, en nombre de las masas, en nombre del conjunto de la ciudadanía, consiguiendo de esta forma un estatus muy poco diferente a la clásica situación del trabajador/a asalariado/a en los sistemas capitalistas, y volviendo a reproducir sus viciados y corruptos mecanismos de decisión y de control, así como responder a sus espúreos intereses. La frontera estatal es entonces propiedad pública, pero no necesariamente propiedad social. Y hemos de conseguir el estadío de propiedad social, porque sólo él es el que nos conduce a la verdadera Democracia Económica. Expresado en otras palabras: la Democracia Económica ha de satisfacer dos criterios fundamentales y complementarios: los medios de producción deben ser empleados en función de los intereses de la sociedad, y la sociedad debe tener una disposición efectiva sobre los medios de producción que posee. Ambos criterios son necesarios e indispensables. No podremos hablar de una situación de Democracia Económica mientras no se den ambos criterios. La sociedad no sólo debe poseer los medios de producción, sino que también debe decidir sobre ellos. La propiedad estatal sólo será propiedad social si la sociedad ejerce un control directo sobre ella. En los casos donde sólo se consigue la propiedad estatal, la Historia nos enseña que al final lo que triunfa es el control por parte de los propios aparatos del Estado, situación que nos lleva incluso a la restauración del propio capitalismo (de Estado).

 

objetivo_democracia155.jpgNo podemos quedarnos únicamente en la propiedad estatal de los medios de producción. La propiedad pública aún no es social si no conseguimos que el control sea ejercido directamente por sus protagonistas, que no son otros que los propios trabajadores, y la propia ciudadanía a la que han de servir. ¿Y esto cómo se consigue? Pues la participación activa y protagónica de los trabajadores en las empresas ha adoptado muchas formas (algunas las hemos referido en esta serie de artículos), tanto en sus modelos teóricos como en los casos prácticos. Modelos que van desde la negociación colectiva pasando por la co-determinación y otras formas de propiedad y de democracia industrial, hasta los Consejos Obreros, los trabajadores autogestionados y las cooperativas productivas. Las vías son múltiples, y todas ellas se pueden adaptar a las diferentes empresas, por grandes que éstas sean. Con ello conseguiríamos un primer estadío de nacionalización, estatización o simple expropiación de la propiedad de la empresa, para que dejara de funcionar como un monopolio u oligopolio privado, y comenzara a funcionar para el interés de sus propios trabajadores. De hecho, tenemos ya muchos casos, tanto en España como en el resto del mundo, de empresas cuya propiedad ha sido alterada o evolucionada hacia estos nuevos modelos. Para el caso de las empresas que representan a los grandes sectores estratégicos de la economía productiva (energía, telecomunicaciones, agua, transportes, banca, alimentación, etc.) no tenemos ninguna duda de que ha de ser el propio Estado quien adquiera la propiedad sobre las mismas.

 

objetivo_democracia156.jpgPero el concepto de propiedad social, como hemos explicado, es aún más abierto. No sólo se refiere, como ya hemos explicado, al control y gestión democrática de los propios trabajadores de las empresas (ya de propiedad pública), porque no sólo ellos son los que tienen algo que decir. Habríamos de abarcar también a los usuarios o destinatarios para los que se produce, la comunidad donde está ubicado el centro de trabajo, las instalaciones o las dependencias de la empresa, o la sociedad como un todo en el caso de empresas de gran escala, de gran tamaño y que proporcionen servicios básicos. Como vemos, el concepto de propiedad social es abierto, e incluye en última instancia a toda la sociedad, funcionando democráticamente, mediante los cauces habilitados al efecto. Desde este punto de vista, lo social está opuesto a lo privado, pero también a lo meramente estatal. El control sobre el uso de los medios de producción es una condición necesaria para que podamos llegar a disfrutar de una sociedad en la que las personas tengan el control de sus vidas a través de su autoactividad y de su autodeterminación. Reiniciar un movimiento hacia el comunismo, hacia la plena democracia, hacia la democracia entendida en un sentido integral, porque de eso se trata, es hoy día más urgente que nunca, dadas las intrincadas relaciones del capitalismo globalizado, producto de la irracionalidad más absoluta del hombre. Bien, acabamos esta serie de artículos con la presente entrega, la número 15, esperando no sólo haber contribuido a difundir, desde esta humilde tribuna, el auténtico y completo concepto de democracia, adaptada a nuestro siglo XXI, sino también a ilustrar cuánto nos falta para poder disfrutar de ella. Pero no nos desanimamos. Continuaremos luchando para que alcancemos su consecución y su disfrute pleno en nuestro país.

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Published by Rafael Silva - en Política
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