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27 marzo 2015 5 27 /03 /marzo /2015 00:00

En el artículo anterior de la serie comenzamos a exponer lo relativo a los MMSS que luchan por la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas del franquismo, y toda su problemática relacionada. Porque como sabemos, en nuestro país se aplica el término "terrorista" muy sesgadamente (por ejemplo, son terroristas los de AMAIUR o BILDU, pero no son terroristas los criminales torturadores del fascismo franquista que aún quedan vivos). Y siendo España el según país del mundo con mayor número de fosas comunes, después de Camboya, estos crímenes contra la humanidad, a dia de hoy, continúan quedando impunes, amparándose en el "borrón y cuenta nueva" que proclamó la Ley de Amnistía de 1977, aún habiendo sido advertido el Gobierno del PP por las instancias europeas e internacionales. 

 

En más de 30 países que sufrieron dictaduras similares, se crearon las correspondientes "Comisiones de la Verdad", que aclararon los hechos, los investigaron, los condenaron, y ayudaron a impartir justicia y reparación sobre los familiares de las víctimas y los supervivientes. En España no. La Plataforma contra la Impunidad de los Crímenes Franquistas la lleva pidiendo mucho tiempo, pero el Gobierno y las correspondientes Instituciones hacen oídos sordos. Pero es absolutamente imprescindible, si queremos pasar dicha página negra de nuestra reciente historia, que dicha Comisión de la Verdad se constituya, y pueda realizar digna y completamente su trabajo. Un trabajo que consistiría, básicamente, en identificar y reconocer las violaciones contra los Derechos Humanos cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, sus víctimas y los responsables (vivos o muertos) de los hechos. Ante la dejadez y el absentismo oficial sobre este tema, la Fundación FIBGAR (Fundación Internacional Baltasar Garzón), institución privada de carácter social, sin ánimo de lucro, que promueve los DDHH y la Jurisdicción Internacional, y lucha contra la impunidad, es la que está promoviendo la creación de esta Comisión de la Verdad, en defensa de las víctimas, y de sus derechos de justicia, reconocimiento y reparación.

 

Pero, ¿qué va a esperarse de un Gobierno que también anuló la posibilidad de que nuestros jueces y tribunales colaboraran en la Justicia Universal, persiguiendo delitos y delincuentes de otras partes del mundo? Quizá lo hizo con esas miras, para justificar también la posibilidad de impedir que otros Gobiernos extranjeros investiguen los crímenes franquistas denunciados por miles de víctimas, como está ocurriendo con la jueza argentina María Servini. Porque según Amnistía Internacional (AI), todas las víctimas de genocidio, crímenes de lesa humanidad, de guerra, tortura, ejecución extrajudicial, y desaparición forzada, tienen derecho a saber la verdad, y a solicitar la pertienente justicia, reconocimiento y reparación.  Por tanto, obtener la verdad sobre los crímenes franquistas es vital para que las víctimas y sus familiares conozcan los extremos y condiciones en los que se produjeron, los motivos que los causaron, las razones que los motivaron, y que se reconozca públicamente su sufrimiento. La verdad es necesaria para que los familiares de las víctimas conozcan qué les ocurrió a sus seres queridos, y conozcan, en su caso, su paradero. La verdad es necesaria para sanear la sociedad, y para que se adquieran garantías de que todo ese horror no va a volver a producirse. En otras palabras, la Comisión de la Verdad es necesaria para que se tome plena conciencia del horror. 

 

Porque desde la época de la Transición, aquí se ha obviado la Memoria Histórica: se ha ignorado un estudio serio sobre el franquismo y sus causas, nunca se ha condenado oficialmente de forma unánime por todas las fuerzas políticas, y prueba fehaciente de ello es que aún se sigue amparando a los torturadores del franquismo que continúan vivos. Las escalofriantes cifras lo demandan: más de 130.000 víctimas de desaparición forzada, más de 2.500 fosas documentadas, y más de 30.000 niños robados (a los cuales les dedicaremos otra entrega de esta serie). En 2006, la Audiencia Nacional recibió varias denuncias de particulares y asociaciones de derechos humanos, todas ellas por presuntos delitos de detención ilegal, basadas en distintos hechos, sobre todo debido a "la existencia de un plan sistemático y preconcebido de eliminación de oponentes políticos a través de múltiples muertes, torturas, exilio y desapariciones forzadas (detenciones ilegales) de personas a partir de 1936, durante los años de la Guerra Civil y los siguientes de la posguerra, producidos en diferentes puntos geográficos del territorio español". Pues bien, la justicia española no sólo no investigó todo lo anterior, sino que, en lugar de ello, ordenó la apertura de un proceso penal contra el juez encargado del caso (Baltasar Garzón), debido a la querella interpuesta por las organizaciones de ultraderecha Falange Española y Manos Limpias, por un supuesto delito de prevaricación, del que después fue absuelto. 

 

Según el Tribunal Supremo en sentencia de febrero de 2012, los delitos que se pretendían investigar están amnistiados y/o han prescrito por la Ley de Amnistía de 1977, convertida en una auténtica ley de "punto final", aunque las instancias jurídicas internacionales (relatores de la ONU, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, diversas ONG, etc.) han dictaminado que todo ello no es aplicable a los crímenes de lesa humanidad y genocidio, y que por lo tanto, atenta contra los derechos humanos y contra la legalidad internacional. Pero sistemáticamente el Gobierno ha desoído estas sentencias y recomendaciones. Por su parte, la incompleta Ley de Memoria Histórica de 2007 está hoy día sin efecto, ante la ausencia de presupuesto y de voluntad política para aplicarla. Por tanto, necesitamos reconocer oficialmente la verdad histórica, identificarla y motivarla, y conceder la reparación personal y colectiva que se debe a las víctimas. Mientras no se haga, no se conseguirá cerrar la herida histórica que aún sigue abierta. Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Política
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