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13 abril 2014 7 13 /04 /abril /2014 23:00

"Una idea, antes de hacerse realidad, tiene una extraña semejanza con la utopía"

(Jean Paul Sartre)   

 

 

 

 

Desde las bases, desde los simpatizantes, desde la gente que nos consideramos de izquierda, siempre hemos criticado el Acuerdo de Gobierno entre IU-CA y el PSOE en Andalucía, pero creemos que ya se han sobrepasado todos los límites. En estos días, estamos asistiendo a un lamentable y patético espectáculo por parte del PSOE andaluz, que a modo de padre que intenta corregir las malas prácticas de su hijo, o bien de profesor a su alumno, ha retirado las competencias en materia de Vivienda a la Consejería del mismo nombre del Gobierno andaluz, Consejería que estaba representando, con diferencia, savia nueva y fresca en las anquilosadas, fracasadas e injustas políticas que el PSOE había llevado a cabo en anteriores legislaturas, cuando poseía la mayoría absoluta. Pero relatemos en primer lugar someramente los hechos en torno a la Corrala Utopía, para tener un poco más de conocimiento de causa a la hora de poder emitir una opinión formada.

 

El Juzgado de Instrucción Número 3 de Sevilla emitió un auto el pasado 25 de febrero en el que mandataba a las Administraciones Públicas a "proveer lo necesario" para atender "a los menores y otras personas en riesgo de exclusión social" de dicho colectivo. Entonces, la Junta de Andalucía, a través de su Consejería de Fomento y Vivienda, y el Ayuntamiento de Sevilla, acordaron el pasado 5 de marzo la creación de una Comisión Técnica, con participación del Defensor del Pueblo Andaluz, para buscar una solución a dichas familias. En el marco de dicha Comisión, el Defensor del Pueblo pidió a las Administraciones el realojo para las 22 familias, por entender que se encontraban en dicha situación. Pero el Ayuntamiento sevillano se negó a poner ninguna de sus más de 500 viviendas vacías a disposición de la solución. La Consejería abrió entonces una negociación con Ibercaja para encontrar una solución al conflicto, pero el desalojo de la Corrala el pasado 6 de abril reventó dicha negociación.

 

Las familias se quedaron en la calle, por lo cual la Consejería propuso una solución de urgencia al Ayuntamiento de Sevilla, que éste rechazó. Ante tal situación, la Consejería asumió de forma unilateral, ante la ausencia de otras soluciones alternativas, el realojo de las familias desalojadas en cumplimiento del mandato judicial antes expresado. Ante este panorama, la Presidenta de la Junta, Susana Díaz, firma un Decreto retirando las competencias a la Consejería de Elena Cortés, lo que supone un revés y una desautorización en toda regla, además de un escarnio político del PSOE andaluz hacia la coalición de izquierdas. Por todo ello, entendemos, como decíamos al principio, que se han rebasado todos los límites, y que la única salida digna que cabe es la ruptura definitiva del Acuerdo de Gobierno entre IU-CA y el PSOE-A, y la dimisión de todos los cargos de IU-CA de la Junta. De hecho, se trata de un Acuerdo Programático que nunca debió desembocar en la presencia de la coalición de izquierdas en un Gobierno del PSOE-A, sino que únicamente debió servir para trazar una serie de puntos, de líneas de colaboración, para controlar, mediante el 12% escaso de voto que los andaluces concedieron a IU-CA, que desde el PSOE-A se ejecutara una auténtica política de izquierdas, dentro de las posibilidades. Muchos, en su momento, denunciamos que la entrada en el Gobierno andaluz era una maniobra errónea y peligrosa, que incidiría negativamente en la credibilidad de la organización de izquierdas, como de hecho, así ha sido.

 

Gran parte del electorado no puede comprender dicha complicidad, y no entiende cómo IU-CA se hace cómplice de las políticas económicas que abundan en los recortes sociales y laborales, así como en la identificación con el objetivo de reducción del déficit público, como máxima general, que anula cualquier otro objetivo social. Y algunas traiciones ha tenido que soportar IU-CA en el Parlamento andaluz, al ver que su fuerza coaligada votaba a veces contra lo pactado, como cuando el PSOE-A votó a favor de la aprobación en Andalucía de las prácticas de fracking. Pero precisamente, ha sido la Consejería de Vivienda la que ha comenzado a practicar, aún con muchos fallos e incongruencias, una política de función social de la vivienda, en contra de la especulación y del pelotazo del ladrillo, así como de complicidad con la banca, que era la que se venía desarrollando. Se ha hablado mucho sobre si se ha incumplido la legalidad al dar "preferencia" a las familias de la Corrala Utopía sobre otras que demandaban desde listas de espera la concesión de viviendas en alquiler social. Pero esto no es cierto, porque la Ley prevé mecanismos de excepcionalidad (entiéndase medidas de realojamiento transitorio) para familias en riesgo de exclusión social. La medida por tanto tiene un perfecto anclaje legal.

 

Por tanto, es falso que estas medidas supongan agravio alguno contra los 12.000 sevillanos que están esperando una vivienda en alquiler social. El único agravio lo constituye el hecho de que el Ayuntamiento de la localidad hispalense disponga de más de 500 viviendas vacías, y que sea incapaz de darles el uso social correspondiente. No se trata por tanto de un realojo definitivo, sino de un alojamiento transitorio en respuesta a una situación temporal, perfectamente justificada. Y en cuanto al PP, que rápidamente recomendó a la Presidenta que cesara a la Consejera de IU, y que se le ve frotarse las  manos ante este conflicto, habría que decirle que en todas las Comunidades donde gobierna, las viviendas vacías (incluso las de la SAREB, el "banco malo" creado por su Gobierno), en vez de ser utilizadas para alquier social, están siendo vendidas a terceras empresas privadas, los llamados "fondos buitre", que sólo tienen intención de continuar especulando con el derecho humano a la vivienda. La desfachatez del PP es supina, y queda totalmente desautorizado por sus indecentes prácticas en estas cuestiones. Pero como decimos, la reacción del PSOE-A y de la Presidenta de la Junta, en vez de apoyar a su Consejera, ha sido la de retirarle sus competencias, lo cual entendemos que ha colmado el vaso de la mínima lealtad exigible entre las dos formaciones. Ahora se constata que la entrada en el Gobierno andaluz de IU nunca debió producirse, pues ha perjudicado más que beneficiado a la izquierda real. Sólo queda una opción, si es que a IU-CA le queda aún algo de dignidad política: romper todos los acuerdos, negociaciones y pactos con el PSOE-A, y dimitir de todos los cargos en la Junta.

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Published by Rafael Silva - en Política
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