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19 agosto 2014 2 19 /08 /agosto /2014 23:00

Según las últimas informaciones que nos llegan, aportadas por diferentes expertos y Asociaciones de Consumidores, la próxima configuración de nuestra factura eléctrica va a ser más oscura que nunca, entre otras muchas cosas, porque al haberse cancelado el mecanismo de subasta que la regulaba trimestralmente, las oscilaciones de precios son continuas, y hasta que no tengamos la factura en nuestro poder, no vamos a poder comprobar su precio real y definitivo. Y, por supuesto, el hecho fundamental de entender el suministro de electricidad a los hogares como un servicio básico y fundamental, imprescindible, que además debiera ser público, sigue sin ocurrir. Parece increíble en un país "civilizado" como el nuestro, que todo lo que rodea a un servicio básico como el suministro eléctrico a los hogares, no sólo sea controlado desde varios altos despachos, en clara connivencia del poder económico con el político, sino que además constituya, hoy día, un caos imprevisible y vergonzante.

  

otra_politica_energetica71.jpgDurante el año 2012, las empresas eléctricas cortaron por impago un servicio tan básico como la luz a 1,4 millones de familias españolas, lo cual está en línea con las decisiones del Gobierno del PP, de oponerse a todas las iniciativas parlamentarias que suscribían un acuerdo para sumistrar gratuitamente a las familias sin recursos, no sólo la electricidad, sino algunos otros servicios básicos y fundamentales para la vida cotidiana, como los transportes. Pero las empresas también salen perjudicadas, ya que el recibo para las PYMES (que pagan la electricidad más cara que las grandes empresas) es un handicap cada vez mayor, lo cual se traduce en pérdidas de competitividad y de la rentabilidad necesaria para mantener puestos de trabajo. Y tomando las palabras de Juan Torres: "No hay razones técnicas que justifiquen que en España se pague la luz tan cara en relación con los demás países de nuestro alrededor. La única explicación es que aquí la producción y distribución de energía eléctrica está en manos de un pequeño grupo de empresas (lo que en economía se llama un oligopolio) que domina el mercado, que se ponen de acuerdo para conseguir sus objetivos, y que han alcanzado un poder político extraordinario que les permite escribir a ellas mismas las leyes y normas que regulan el sector y las condiciones en que actúan".

 

otra_politica_energetica72.jpgA este respecto, la indefensión de los usuarios y consumidores, que no son más que "clientes" para estas estafadoras empresas, es prácticamente total, no sólo porque los funcionarios que han de resolver las posibles reclamaciones están al servicio de ellas, sino porque incluso las más altas instancias judiciales se ponen también de su parte. Sufrimos los efectos de un modelo económico, social y político consagrado al beneficio y al poder de estos insaciables monstruos empresariales. Y de ahí que disfruten de total impunidad para cometer hacia sus "clientes" las mayores fechorías, como por ejemplo, cobrar a los consumidores por la renovación, actualización y mantenimiento del parque de contadores, o imponer un sistema de cómputo de la energía consumida por medio de un nuevo de tipo de contadores "inteligentes" que se pueden manipular a distancia, lo que impide que los usuarios podamos saber a ciencia cierta lo que de verdad estamos consumiendo, incluso si están manipulando las cifras de nuestro consumo real. Y como sabemos, y ya hemos denunciado en anteriores artículos de esta serie, para proteger a las compañías eléctricas y también para seguir las órdenes del gobierno alemán, que está interesado en promover un gigantesco proyecto de producción y distribución de energía solar desde el Sáhara hacia Europa y no quiere competidores, el Gobierno del PP ha comenzado a perseguir y desmantelar al sector de las energías alternativas y renovables, por el que España había comenzado a apostar, en el que somos una potencia mundial, y que puede proporcionar energía mucho más limpia y barata.

 

otra_politica_energetica73.jpgY para acabar con todos estos abusos, con la fuerza de este oligopolio, y poner fin al descarado predominio de los intereses privados sobre los de toda la sociedad, acabando con el poder político de las eléctricas, la fuerza ciudadana es imprescindible. Hay que contribuir a que todos los mecanismos oscuros que gobiernan la facturación eléctrica en nuestro país queden al descubierto, y como la denuncia de sus continuas tropelías (al igual que en el sector bancario) no sirve de nada, hay que proceder mediante chantajes al consumo cada vez más continuos: apagones, negativas a pagar los recibos, etc., pero todo ello de forma conjunta y mayoritaria. Sólo mediante el camino de la presión social y de la desobediencia civil conseguiremos acabar con este poderío tiránico de las grandes empresas del sector. Y como último estadío, ya lo hemos comentado en muchos otros artículos, hay que proceder a su nacionalización, hay que volver a recuperarlas para el sector público. Hay que nacionalizarlas, pero sometiéndolas a un estricto control técnico y social, mediante una previa auditoría pública, que evite los subsiguientes abusos y estafas a la ciudadanía, evitando también que caigan en manos de nuevos oligopolios, o bien de los partidos y políticos corruptos.

 

Hay que racionalizar el sector, hay que acabar con la política del déficit de tarifa, de los abusos de las compañías eléctricas, con la presencia de ex altos cargos políticos en sus Consejos de Administración, hay que volver a participar de lo público, para todo el conjunto de empresas que constituyen los grandes sectores estratégicos de nuestra economía. Hay que promover el equilibrio entre las diferentes fuentes de energía, el autoconsumo y el uso de las fuentes de energía limpias y respetuosas con el medio ambiente, con el entorno y con la vida humana. Y para que ello sea posible es imprescindible que la sociedad sepa lo que ha pasado durante todos estos años, hay que obligar a que los medios de comunicación informen de estos abusos, hay que realizar una auditoría energética independiente, como ya propuso en el Congreso de los Diputados el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural (lo cual fue rechazado por el PP). Hay que poner en claro las diferentes responsabilidades, sanear el sector, limpiarlo de tanta morralla, de tanto interés espúreo, y pedir cuentas (administrativas, judiciales y políticas) a quienes desde hace años vienen estafando y robando al conjunto de la ciudadanía, tanto a los responsables directos del negocio, como a los políticos que lo han permitido. Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Política
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