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23 julio 2013 2 23 /07 /julio /2013 23:00

Cada vez nuestro Estado se parece más a un Estado autoritario. Quitemos las campañas y los procesos electorales en los diferentes ámbitos (local, autonómico y estatal) y tendremos un Estado cuasi fascista. Lo podemos observar en diversas declaraciones que se acaban de producir en estos días pasados. Por ejemplo, ante la gravedad del Caso Bárcenas, que implica a la cúpula del PP en delitos de financiación ilegal (entre otros), el Ministro García Margallo decía: "El Presidente del Gobierno comparecerá cuando lo estime oportuno, para tranquilizar a la nación". O bien Rajoy, que afirmaba que "Las democracias europeas emanan de la cultura democrática de sus países miembros, donde el voto legitima a sus representantes para la acción de Gobierno". Como se ve, una visión de la democracia completemente rígida, corta, limitada, estancada, insuficiente. Una democracia jibarizada, en miniatura.

 

Frente a ello, frente a la óptica de la nación como sujeto pasivo al que sólo hay que tranquilizar si ocurre algún escándalo, nosotros preferimos referirnos y creer en el Constitucionalismo Democrático, fundado en la soberanía del pueblo y en el poder constituyente, como origen de la legalidad del poder público. De esta forma, el poder público emana de la participación y decisión popular, donde el voto cada cuatro años es sólo una decisión más. Lo que tenemos ahora es lo más parecido a una democracia absolutista, feudal o colonial, donde la soberanía popular y el Parlamento están secuestrados, y en función de decisiones que se toman en ámbitos no sólo supranacionales, sino también antidemocráticos, como la Comisión Europea, o el Banco Central Europeo. Y lo que necesitamos es un Constitucionalismo Social, donde el pueblo sea el eje rector no sólo del proceso en sí, sino de toda la actividad democrática que venga después.

 

Desde la izquierda, tenemos claro que si existe actualmente alguna posibilidad de superación de esta crisis sistémica que nos azota, ésta pasa necesariamente por un desbordamiento democrático que restablezca los principios de ordenación social, y los fundamentos de la vida pública en nuestra sociedad. Es decir, la solución pasa por una revolución democrática. Una revolución que no sólo derrocaría el régimen actual, en su conjunto, sino que volvería a instaurar un régimen democrático basándose en la legitimidad del poder popular. Podríamos designarlo como un sistema fundamentalista democrático, porque el radicalismo democrático consiste en que la soberanía popular no pueda contar con ningún límite que coarte su legitimidad. Al igual que se hizo en las revoluciones liberales del siglo XVIII, la soberanía del Rey debe ser sustituida por la soberanía del pueblo, y la voluntad general ha de imponerse al interés particular de los privilegiados. Aplicado a nuestro tiempo, significa que debemos establecer los cimientos de un Estado Federal Republicano donde la soberanía popular imponga su voluntad sobre los grupos de presión, los poderosos, los grandes empresarios, las grandes fortunas, y los latifundios.

 

Necesitamos entrar por tanto en una nueva etapa de Constitucionalismo Democrático, votado por las nuevas generaciones (que no han votado la Constitución de 1978), que incorpore, de forma principal, la consagración del pueblo como titular de la soberanía, porque ésta es la única fuente de legitimidad en el orden jurídico-político. Necesitamos una nueva Constitución Federal que exija que el pueblo sea el soberano. Esto significa aquél que en una sociedad tenga la capacidad de dictar normas jurídicas, estando en la posesión de un poder supremo, originario, ilimitado, indelegable, único e indivisible. El pueblo es, en definitiva, el sujeto soberano donde reside el poder constituyente. Nuestro actual Estado, mínimo, represor, conservador, neoliberal, servil a los mercados, representa un acérrimo enemigo de la democracia. Le sobra la democracia. Le estorba. Se interpone en sus intereses, al igual que a otras Instituciones, como la Corona.

 

Tenemos una Constitución que recoge una simple declaración de intenciones. Frente a ella, la nueva Constitución Federal debe asegurarse los mecanismos para no sólo recoger todos los derechos humanos, objetivos y subjetivos, individuales y colectivos, sino también los mecanismos de participación democrática que los vigilen y los hagan cumplir. Una Constitución Federal que ha de ser legitimada por el poder constituyente democrático (el pueblo), de gran calidad normativa, que recoja y desarrolle todo el nuevo marco jurídico de convivencia. La actual Constitución sólo sirve a intereses espúreos, y se ha convertido, por su incumplimiento, en auténtico papel mojado. Hemos de enfrentarnos a este Proceso Constituyente, desde la tranquilidad, pero también desde la rotundidad. Desde la tranquilidad de no estar solos, y de poder basarnos en otras experiencias de pueblos hermanos durante las dos últimas décadas: Colombia (1990-91), Venezuela (1999), Ecuador (2007-2008), o Bolivia (2007-2009). Más recientemente, experiencias como las de Islandia o Túnez nos han demostrado que el resurgimiento democrático es factible en lugares muy lejanos geográfica y culturalmente, pero con el mismo empeño en buscar una solución radicalmente democrática a sus problemas. Y desde la rotundidad, porque todas estas experiencias no han comportado nunca un retroceso en los derechos de las personas y de los colectivos, sino que han constituido un recurso usado por todo tipo de sociedades como el mejor instrumento para su emancipación.

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Published by Rafael Silva - en Política
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