Overblog Seguir este blog
Edit post Administration Create my blog
9 julio 2013 2 09 /07 /julio /2013 23:00

¿Qué es o debe significar la Transparencia, aplicada a la gestión de un Gobierno? Pues esta es la madre del cordero, y el punto de partida que, como vamos a comentar, no satisface para nada el Proyecto de Ley que sobre este tema ha presentado el Gobierno del PP hace pocas semanas. Vamos a tomar como referencia la enmienda a la totalidad que a dicho proyecto ha presentado el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, que puede consultarse al completo en esta dirección. La pregunta inicial tiene una respuesta rápida, y otra más fundamentada. Vamos a ocuparnos de las dos: la respuesta rápida sería que transparencia es exactamente lo opuesto a lo que hace este Gobierno.

  

transparencia1.jpgY me explico: ¿cómo puede hablar un Gobierno de transparencia, cuando permanentemente mira hacia otro lado en el problema de corrupción que le afecta (nos referimos al caso Bárcenas), no da explicaciones, cuando las da no se les entiende (piénsese en el lío que se formó la señora De Cospedal explicando una supuesta indemnización "en diferido"), no permite preguntas de la prensa, o habla a través de un plasma? ¿Cómo un Gobierno que se comporta de esta forma va a liderar un proceso de implantación de una Ley de Transparencia? La transparencia está a años luz de estos comportamientos. La transparencia implica claridad, motivación, explicación, convencimiento, la transparencia se ofrece, va implícita en un Gobierno que pueda contar con los ciudadanos, va unida a la participación, a la comunicación, y es opuesta al ocultismo, al silencio, al mirar para otro lado, a la ausencia de explicaciones, o a la imposición de criterios, leyes o decretos.

 

transparencia2.jpgA diferencia de los países de nuestro entorno, España es el único que no tiene un marco legislativo que garantice el derecho de acceso a la información pública a pesar de que ha estado presente en las Campañas Electorales e incluso en los debates de investidura, convirtiéndose en compromisos incumplidos, como ha sucedido en 2004 y 2008. Y el proyecto que se nos presenta, nos ofrece muchas lagunas. Por ejemplo, no reconoce el Derecho a la Información Pública como un derecho fundamental. Esto es un error garrafal, pues dicho derecho está relacionado con la participación ciudadana en la vida pública, como se reconoce en los artículos 9 y 23 de la CE, apoyados implícitamente por la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otros. Por otra parte, numerosas Constituciones de todo el mundo reconocen y protegen expresamente el derecho de acceso a la información pública.

 

transparencia3.jpgPero el reconocimiento de este derecho genera también una contradicción con algunas otras leyes que debieran revisarse a tal efecto, como la Ley de Secretos Oficiales, o la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), que además es Ley Orgánica, y tendría preferencia sobre este Proyecto de Ley, que no posee tal rango. Podría producirse en este contexto, la paradoja de que los datos personales de diputados, por ejemplo, pudieran ser accesibles para cualquier solicitante de información, pero a continuación poder generarse un expediente de sanción por parte de la Agencia de Protección de Datos, si ocurre su mención o divulgación posterior a través de cualquier medio físico o electrónico. Por otra parte, el Proyecto de Ley, en su actual redacción, ni siquiera cumple los estándares mínimos que marca el Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos públicos, que aún no ha sido ratificado por España.

 

transparencia4.jpgOtro aspecto donde el Proyecto de Ley se muestra muy insuficiente es en el concepto mismo de información pública, que es el propio objeto de la ley. En efecto, se recogen una serie de excepciones que limitan bastante lo que se considera información "accesible públicamente". Tomemos como referencia la definición de información pública que se establece en el Convenio del Consejo de Europa: "Toda la información registrada (archivada) de cualquier forma, elaborada o recibida, y en posesión de las Autoridades Públicas". No se distingue, por ejemplo, el formato en el que esté almacenada la misma, cosa que sí hace el texto del PP. Igualmente, la publicación proactiva de las Administraciones Públicas y demás Instituciones u Organismos Públicos también es claramente insuficiente. Esto se refiere a la propia publicación de información de oficio, es decir, a instancias de la propia Administración, sin que nadie haya de solicitarlo. Sobre todo, en lo que se refiere al propio patrimonio de Organismos y Administraciones, es decir, el conjunto de edificios, terrenos, vehículos, etc.

 

transparencia5.jpgDe igual forma, la actividad, patrimonio y presupuesto de la Corona no queda suficientemente explicitado, así como las grandes Instituciones que quedan excluidas de la Ley: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Consejo Económico y Social, así como todas las Instituciones análogas en el ámbito autonómico. Y aunque están incluidos en la Ley los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, la cuestión se ve bastante limitada, tanto en el 20% como mínimo de financiación pública, como en los aspectos que dichas instituciones han delimitado para estar excluidos de la aplicación de la Ley. Piénsese por ejemplo en la actual opacidad que existe en torno a la financiación de los partidos políticos. Y otro problema que refleja la Ley es la inexistencia de un organismo realmente independiente, que se constituya en órgano de supervisión y control, destinado a tramitar los recursos derivados de la aplicación de la Ley. Lo que establece la Ley es un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, por lo cual la Administración sería juez y parte en los casos de recursos planteados por la ciudadanía.

 

Desde la izquierda, apostamos para esta tarea de arbitraje y control por un Organismo Colegiado, una especie de Consejo Social para la Transparencia, integrado por organizaciones profesionales, ONG's y otras entidades de la sociedad civil organizada, para delimitar la correcta aplicación y ámbito de esta Ley. En resumen, estamos ante un Proyecto de Ley que llega tarde y llega mal, pues el objetivo es muy ambicioso, pero muy importante: conseguir un cambio en la cultura del secretismo que cultivamos en nuestro país, con altísimo niveles de silencio administrativo en materia de acceso a la información, y sobre todo, como mencionábamos al principio, con escasos mecanismos de participación ciudadana. Al fin y al cabo, transparencia y democracia participativa, son dos caras de una misma moneda.

Compartir este post

Repost 0
Published by Rafael Silva - en Política
Comenta este artículo

Comentarios

Presentación

  • : Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva
  • Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva
  • : Blog de Rafael Silva. Presenta artículos de opinión basados en la actualidad política, cultural y social.
  • Contacto

Búsqueda

Categorías