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14 julio 2011 4 14 /07 /julio /2011 23:00

En otoño de 2008 el sistema financiero internacional se encontraba con unos indicadores que le situaban al borde del abismo. En la actualidad y gracias a la inyección masiva de fondos, tipos de interés cercanos a cero y cuantiosas ayudas al sector, parecía que se había superado la fase crítica de la crisis financiera, pero los problemas de solvencia de las entidades financieras siguen ahí. La concentración financiera está acentuando otro riesgo sistémico, ya que los bancos "demasiado grandes para quebrar" se deben salvar con dinero público. Son muchos los que en el mundo financiero pretenden recoger los pedazos de la crisis, continuando como si nada hubiera pasado y restaurando la especulación como base de las ganancias.

 

Desde IU insistimos en la urgencia de tomar medidas contra los causantes de la crisis financiera, medidas que son imprescindibles para garantizar que el flujo de financiación se dirija a la actividad productiva frente a la simple especulación, como son recuperar la Banca Pública, instaurar la tasa Tobin, eliminar los paraísos fiscales o penalizar la especulación financiera.

 

cajas_ahorros.jpgPara IU es una prioridad trabajar para contar con un sistema financiero público, estable y eficiente, comprometido con el desarrollo y el bienestar de la ciudadanía. Las medidas de rescate de la banca se han demostrado equivocadas e ineficaces, al negarse la Banca a canalizar estas "ayudas" hacia empresas y familias, lo que ha provocado el cierre de muchas empresas y aumentado el número de desempleados.

 

Es preciso la regeneración del sistema financiero recuperando la lógica del servicio público y el establecimiento de nuevas reglas para que el ahorro fluya hacia la actividad productiva. No es posible una regeneración del sistema financiero, acorde con el interés general, desde la lógica de la banca privada.

 

Es necesario que el sector público controle y garantice el buen funcionamiento del sector financiero y la creación de un polo financiero público (ante la creciente oligopolización del sector) al servicio de la reconversión productiva del país, que canalice recursos para crear una nueva estructura sectorial que obedezca a otra forma de producir, a una racionalidad social, ambiental y laboral. Una mayor concentración en manos privadas no traerá más eficiencia sino más escasez y dinero más caro a la larga, además de mucha menor capacidad para poder decidir las líneas de desarrollo económico futuro.

 

Las Cajas de Ahorro como eje de la banca pública

  

La reorganización de todo el sistema financiero, no sólo de las Cajas de Ahorro, se ha convertido en una de las exigencias objetivas para la salida de la crisis. Por razones históricas y políticas el papel del sector financiero en España es más importante que en el resto de los países capitalistas desarrollados. El condicionamiento que la banca privada ejerce sobre las decisiones políticas es determinante.

 

Una de las respuestas que el gran capital financiero pretende es una ofensiva para conseguir la privatización de las Cajas de Ahorro. Las Cajas tienen casi el 50% de los depósitos de ahorro y otorgan casi el 50% de los créditos y el éxito de esa ofensiva para su privatización representaría la apropiación de recursos más gigantesca de la historia de España para su gestión en beneficio de intereses privados.

 

Desde una óptica democrática y popular, el éxito de esa ofensiva implicaría un gravísimo límite para la consolidación de un nuevo modelo productivo, creador de empleo y ambientalmente sostenible, en el que se reequilibren los papeles del mercado y de lo público y en el que pueda consolidarse una gestión democrática de la economía.

 

La ofensiva del capital financiero para imponer la privatización de las Cajas de Ahorro se centra en tres ideas:

 

1. El desprestigio del control público y social de las Cajas para eliminar o limitar el papel de los representantes de las instituciones políticas (CCAA y Aytos).

 

2.- La presión política y mediática para completar rápidamente un proceso de fusiones entre Cajas de distintas CC.AA, dirigido a liquidar la vinculación que los impositores hacen entre Caja y territorio y a debilitar el control de las Cajas por las instituciones representativas.

 

3.- La utilización de mecanismos financieros existentes o novedosos (como las cuotas participativas o la utilización de bancos-pantalla) para abrir la puerta a la privatización con la entrada de capital privado con derechos políticos en las Cajas.

 

PP y PSOE han acordado abrir un proceso acelerado de fusión de Cajas y realizar cambios en la LORCA para proceder a la privatización parcial de las Cajas y al debilitamiento del control de las instituciones democráticas. Este acuerdo nos obliga a acentuar nuestro enfoque de las Cajas de Ahorro como un tipo de Banca Pública.

 

Propuestas para las Cajas de Ahorro

 

Tenemos que generar una alternativa que nos sitúe a la ofensiva, una propuesta para la construcción de una Banca Pública ligada a las necesidades de un desarrollo sostenible humana y ambientalmente, vinculado al territorio, gestionada democráticamente y controlada públicamente.

 

En ese contexto, defendemos que las Cajas de Ahorro estén vinculadas expresamente a las necesidades de desarrollo sostenible de los territorios donde obtienen sus recursos, de acuerdo con las determinaciones de las instituciones políticas representativas existentes (CC.AA. y Ayuntamientos).

 

Para ello, proponemos:

 

1.- La constitución de un Sistema Público de Cajas de Ahorro, vinculado al territorio, bajo la forma de Empresas o Fundaciones Públicas de carácter financiero y finalidad social, dependientes de la Comunidad Autónoma y mancomunadas a nivel del Estado.

 

2.- Prohibir cualquier tipo de operaciones hacia o desde paraísos fiscales y la realización de actividades no vinculadas a la economía productiva.

 

3.- Regulación de las Obras Sociales de las Cajas, que no podrán sustituir las políticas públicas culturales, sociales, educativas y de bienestar.

 

4.- Funcionamiento bajo el principio de rentabilidad social como eje de la operativa de las Cajas.

 

5.- Garantizar un control democrático de la gestión de las cajas, asegurando el 50% para la representación de la CC.AA de la que dependa cada Caja y de los Ayuntamientos en los que opera, y un 20% para los representantes de los trabajadores y trabajadoras. El 30% restante deberá asegurar la participación de los impositores y de instituciones sociales de carácter público.

 

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