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5 febrero 2013 2 05 /02 /febrero /2013 00:00

En este cuarto bloque de medidas de carácter económico y social, de forma complementaria a todas las anteriores, vamos a abordar las que tienen que ver con el objetivo fundamental que podría resumirse de esta forma: PONER LA ECONOMÍA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS. En efecto, una economía con rostro humando, más justa, ecológica y social, es el fin último de un sistema económico que mire a las personas, y a la naturaleza, al entorno natural donde vivimos. Unas finanzas puestas al servicio de la gente, de la población, de la cobertura de las necesidades humanas básicas, respetando el medio ambiente, debe ser el objetivo final.

 

Estamos a años luz de conseguirlo, pues el sistema capitalista donde estamos inmersos representa la antípoda de lo que proponemos, y por tanto necesitamos un cambio de mentalidad social. El desarrollo de los medios de producción en función de criterios sociales y ecológicos, para atender los intereses de la inmensa mayoría de la sociedad actual, y de las generaciones venideras, mediante la nacionalización por razones de interés público, ha de cubrir todos los grandes sectores económicos. De esta forma, proponemos llegar a un sistema productivo racionalizado, controlado democráticamente por los trabajadores, a partir de un proceso de nacionalización completa de todos los grandes sectores económicos. De esta forma, el Estado controlará los sectores estratégicos de la economía productiva, como los siguientes:

 

1.- El sector financiero (ya abordado en el artículo anterior), incluyendo las grandes compañías aseguradoras.

 

2.- Las empresas energéticas, que darían lugar no sólo a un cambio de modelo energético, sino a un sistema público de la energía.

 

3.- Las grandes empresas de transporte, de personas y mercancías, asegurando la sostenibilidad del mismo.

 

4.- Las grandes constructoras de obra civil, que controlan las grandes infraestructuras públicas.

 

5.- Las grandes empresas industriales básicas, que controlan los sectores de la industria con más peso en el Estado. 

 

6.- Las grandes compañías de distribución, que controlan los grandes medios de almacenamiento y logística de la producción a escala nacional. 

 

7.- Los grandes latifundios, ahora en manos privadas, que enriquecen y dan poder a un porcentaje ínfimo de la población, han de ser expropiados y nacionalizados, además de controlados democráticamente por los trabajadores.

 

8.- La industria farmacéutica, que podría estar incluída en el punto 5, pero hacemos un capítulo aparte con ella debido a la gran importancia del sector al que abastece.

 

9.- Las grandes empresas de telecomunicaciones, que controlan este sector y obligan a los usuarios a tener que aceptar condiciones y políticas abusivas.

 

10.- El sector de la alimentación, controlado actualmente por las grandes cadenas de super e hipermercados, y que imponen sus políticas a lo largo de toda la cadena alimentaria. 

 

Todo ello supone hacer posible una verdadera democratización de la economía, lo cual redundará en una mayor justicia social, debido a una mejor redistribución de la riqueza. No es justo que un porcentaje entre el 5-10% de grandes empresas, fortunas y propietarios, controle y dirija el bienestar social de la inmensa mayoría de la sociedad. Desde la izquierda, partimos de la base de que una sociedad que permite inmensas fortunas de unos cuantos, mientras condena a una gran parte a la exclusión social y a la pobreza, no puede ser una sociedad justa, y por tanto hay que transformarla.

 

Lo que hay que hacer es poner las bases para la nacionalización de todas las grandes empresas del país, que conforman tanto el IBEX-35 como el Mercado Continuo (las 100 empresas fundamentales) que conforman el porcentaje básico de la economía (aproximadamente un 80%) que puede permitir que realmente un gobierno sometido a los votos populares, tenga el control económico mínimo para poder transformar la sociedad, sin tener que someterse a los chantajes y presiones de los sectores más poderosos del país. Básicamente, las medidas a adoptar serían las siguientes:

 

1.- Aprobar un plan de indemnizaciones para los pequeños accionistas que tengan invertido en dichas empresas un capital inferior a los 100.000 euros.

 

2.- Diseñar un sistema de participación de los trabajadores, a través de sus legítimos representantes en las empresas, en la gestión de las mismas, para lograr un sistema de gestión compartida con los representantes de la Administración, en el marco del plan económico de que se dote el Estado.

 

3.- Implementar una Reforma Fiscal drástica, justa y progresiva, para que pague más quien más tiene y quien más gana.

 

4.- Diseñar un plan para la eliminación progresiva de todos los impuestos indirectos. 

 

5.- Persecución implacable, activa y efectiva del fraude fiscal y de la economía sumergida, empezando por las grandes empresas, que son las más defraudadoras. Los trabajadores/as somos quienes creamos la riqueza de un país con nuestro trabajo (no los empresarios, como se asegura desde los sectores más conservadores), y esta riqueza nos tiene que ser devuelta vía impuestos. 

 

6.- Aumentar la presión fiscal sobre el beneficio de las empresas, y pago efectivo de un 55% para el tramo alto de la declaración del IRPF, que estará compuesto a partir de aquéllas familias que posean una renta superior a los 100.000 euros anuales. 

 

7.- Creación de una Agencia Pública de Investigación, Desarrollo e Innovación, que gestione toda la labor en ese terreno en las Universidades Públicas, y todo tipo de empresas y organismos públicos pertenecientes a este sector. Su trabajo, financiación o resultados, no podrán privatizarse bajo ningún concepto. 

 

8.- La Empresa Pública será fundamental para alcanzar una sociedad con pleno empleo en el período de una legislatura. A estos efectos, se pondrá en marcha un Plan de Reindustrialización y de Desarrollo de los Servicios Públicos, que tenga como prioridad alcanzar unas condiciones de vida y trabajo dignas para toda la sociedad. El Estado se convierte, bajo este modelo, en el empleador principal del sistema, como garante fundamental de todos los derechos básicos de la ciudadanía.

 

9.- El comercio exterior del país, junto con todas sus empresas, productos, logísticas e infraestructuras, se convertirá en monopolio del Estado, bajo control y dominio público. 

 

10.- Por último, como venimos comentando, todo el sector público, engrosado mediante la vinculación de los grandes sectores estratégicos de la economía, sus empresas y administraciones, tendrán una estructura democrática. Para ello se dotarán de unos Consejos de Administración compuestos a partes iguales por representantes de los trabajadores, de las Administraciones implicadas, y de los propios ciudadanos/as (o usuarios/as). Todos sus directivos serán elegidos democráticamente, sus mandatos tendrán un tiempo limitado, renovándose anualmente, y sus salarios se limitarán a lo establecido para cualquier trabajador público. Rendirán cuentas de forma pública todos los años, y ante sus trabajadores siempre que sean requeridos para ello.

 

Con toda esta revolución que representa la nacionalización y democratización de la economía, estamos convencidos de que también eliminaríamos una lacra fundamental de nuestro actual sistema, como es la corrupción, auténtico cáncer social que nos corroe diariamente, y que afecta hasta a las más altas Instituciones. Continuaremos en el siguiente artículo de esta serie, con las medidas que tienen que ver con la regeneración democrática del país.   

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