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20 enero 2015 2 20 /01 /enero /2015 00:00

En esta entrega sobre el modelo de República que queremos, vamos a ocuparnos sobre un interesante tema, del cual ya nos hemos manifestado en otros artículos, como es la eliminación del poder fáctico de la Iglesia Católica. No entraremos aquí a fondo sobre el modelo de Estado Laico que propugnamos, sobre el cual por otra parte ya hemos dado cumplida cuenta en otras series de artículos, sino más bien de las medidas, leyes y reformas que nuestra Tercera República debería contemplar para la eliminación del poder de la Iglesia en nuestra sociedad. Tomaremos de referencia, como en otros temas, el magnífico texto de Francisco Badarán "La democracia en España: engaño y utopía", que nos presenta las principales carencias democráticas y sociales de nuestro país. Pues bien, los cambios constitucionales reflejados en la nueva Constitución Republicana en torno a este tema implicarían drásticas diferencias con el panorama actual, para delimitar perfectamente los límites de una República Laica.

  

republica_queremos211.jpgTeniendo en cuenta la manifiesta peligrosidad social de la Iglesia Católica, definida casi como la religión "oficial" del Estado, demostrada por su historia, por sus hechos, por sus líderes y por su organización antidemocrática, estos cambios deben exigir una independencia total entre el Estado y la Iglesia. Esto no significa que no deba existir un respeto mutuo entre ambas Instituciones, pero este respeto no debe implicar, como ha ocurrido hasta ahora, que ambas Instituciones deban ir de la mano. Además, y por encima de todo, el Estado debe cumplir sus obligaciones con los ciudadanos, advirtiendo de los excesos antidemocráticos de la Institución eclesiástica, y sometiendo a ésta al imperio de la Ley. Deben cesar por tanto las continuas injerencias de los representantes de la alta jerarquía de la Iglesia en los temas de Estado, y en las corrientes sociales y de opinión. La labor de la Iglesia Católica en el contexto de la Tercera República que queremos, debe quedar relegada, al igual que otras religiones, al ámbito del culto privado, y a la financiación completamente independiente de sus propias actividades.

 

En consecuencia, la Constitución y el desarrollo democrático del país en el nuevo contexto republicano deben llevar consigo, principalmente, los siguientes cambios:

 

republica_queremos212.jpg1.- Suprimir el Concordato y todos los convenios con la Iglesia Católica que impliquen privilegios o vulneraciones de la completa laicidad del Estado. En este sentido, deberán eliminarse todos los privilegios, subvenciones y exenciones fiscales concedidos actualmente a la Iglesia. Ésta debe ser sufragada privadamente por sus creyentes, y en ningún caso el Estado debe recaudar, mediante el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o mediante cualquier otro método, los fondos que éstos deseen aportar. En concreto, el Estado deberá eliminar cualquier subvención a los centros de enseñanza privados.

 

2.- El Estado tiene la responsabilidad en materia de educación pública, y debe poner todos los medios para garantizar la impartición de una enseñanza pública laica al conjunto de la ciudadanía. Los padres que deseen para sus hijos cualquier tipo de enseñanza de carácter religioso, tendrán que acudir a centros privados, pero éstos no dispondrán de ningún tipo de fondos públicos para su financiación. La educación en centros privados será respetada, pero no será subvencionada ni homologada automáticamente con la enseñanza pública. La homologación de la enseñanza privada debe requerir que los correspondientes centros cumplan todos los requisitos marcados por la Ley. Los alumnos procedentes del ámbito privado de la educación deberán someterse a las pertinentes pruebas para obtener dicha homologación.

 

republica_queremos213.jpg3.- Prescindir rigurosamente en los actos y las Instituciones del Estado de representantes de la Iglesia Católica (por ejemplo, en las Fuerzas Armadas). Los representantes públicos jamás deberán acudir como tales a actos de índole religiosa. Inversamente, tampoco deberán acudir representantes de la Iglesia Católica a actos públicos oficiales. Asímismo, cualquier acto oficial deberá estar desprovisto de cualquier simbología o liturgia religiosa. En este sentido, todas las Iglesias o capillas que existan en los edificios oficiales deberán ser desprovistas de su carácter religioso, o bien ser excluídas expresamente de sus instalaciones.

 

4.- La enseñanza de la religión deberá formar parte del ámbito privado de la Institución eclesial o de sus creyentes. Jamás deberá impartirse en centros públicos de enseñanza. Del mismo modo, deberá suprimirse de las Universidades Públicas el Área de Conocimiento de "Derecho Eclesiástico del Estado".

 

5.- El Estado tiene la responsabilidad de informar y alertar a los ciudadanos de los excesos antidemocráticos de la Iglesia Católica, al igual que los de cualquier otra organización que los cometa.

 

6.- Teniendo en cuenta que muchos ciudadanos, sobre todo los de cierta edad, han sido "incorporados" a la Iglesia Católica sin contar con su voluntad, el Estado deberá garantizar el derecho que éstos tienen a rescindir sin problemas su relación con dicha Institución. Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Política
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