Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

"En contra de lo que suele entenderse normalmente como tal, el republicanismo no es sólo una teoría acerca de la forma de Gobierno (República frente a Monarquía). El republicanismo implica una concepción del Estado basada en unos principios, valores, funcionamiento institucional y vinculación con la realidad social de la que emana"

(Andrés H.)

Nos ocuparemos en esta entrega número 22 de la República de otra gran faceta de nuestro funcionamiento democrático necesitada de muchas reformas, como es la Justicia. Como sabemos, la Justicia es un pilar fundamental de un Estado Social y de Derecho que se precie de serlo, además de constituir uno de los tres poderes orgánicos del Estado, junto con el Poder Ejecutivo (el Gobierno) y el Poder Legislativo (las Cortes Generales). Desde el punto de vista de la independencia judicial, sería conveniente introducir algunas reformas más en la Constitución Republicana y en ulteriores normativas para que se garantice aún más dicha independencia. Otros aspectos interesantes son la posibilidad de eliminar la protección judicial de algunos cargos públicos mediante el aforamiento, o la eliminación de la figura de los indultos, salvo en casos muy excepcionales. Así, el derecho de gracia será ejercido por el Presidente de la República, tras informar al Consejo General del Poder Judicial, que actuará a su vez tras informe del juez que emitió el veredicto y de la autoridad penitenciaria correspondiente, y el Gobierno, que actuará a través del Ministerio de Justicia.

Asímismo, todo lo relativo al régimen penitenciario deberá depender del Poder Judicial, y no del Gobierno. Creemos que para respetar la independencia de poderes, el Poder Judicial debe gozar de autonomía financiera respecto del Gobierno. Esto significa que todos los medios materiales asignados a la Justicia deben ser asignados directamente por los Presupuestos Generales del Estado al Poder Judicial, quien se encargará de su administración. Asímismo, el personal que trabaje en todas las instancias, dependencias e instituciones judiciales deberá depender administrativa y funcionalmente del Poder Judicial. Si se considera a la Justicia como un servicio público fundamental para la sociedad, que garantice los derechos constitucionales de los/as ciudadanos/as, tanto individuales como colectivos, hay que decir que la justicia española requiere un cambio profundo en su filosofía y en la asignación de recursos para su aplicación. Es decir, requiere un cambio cualitativo y cuantitativo. El cambio cualitativo se refiere a la reorganización de las instancias judiciales, eliminando la Audiencia Nacional (que sustituyó a Tribunales franquistas), y consiguiendo que todas las causas sean juzgadas por los tribunales ordinarios correspondientes. El cambio cuantitativo se refiere a la dotación por parte del Estado de medios materiales, humanos y tecnológicos a todos los niveles de la Administración de Justicia, pues el problema fundamental del colapso histórico que sufre esta administración pública es debido a que funciona con medios, normas y procedimientos casi decimonónicos.

Por un lado, una Democracia Social requiere, en expresión de Aranguren ("Ética y Política", 1985), una "socialización del ejercicio del Derecho". Esto es necesario para lograr que todos los ciudadanos puedan ser iguales frente a la justicia. La defensa jurídica de la ciudadanía no puede ser (al igual que hemos afirmado ya para la Educación y la Sanidad) una mercancía ni un negocio, debe ser un derecho fundamental al que todos los ciudadanos deban poder acceder en igualdad de condiciones y oportunidades. Pero en vez de ello, los gobiernos neoliberales del PP se han encargado de instalar una serie de copagos y repagos que dificultan dicho acceso gratuito y universal a la justicia. Aunque pueda parecer una utopía, una "Seguridad Social Jurídica" (en expresión de Francisco Badarán) debe ser una reivindicación que debe estar siempre entre los objetivos de toda República Social que se precie. Su consecución requiere un Estado poderoso y va estrechamente unida a otros logros sociales que hemos mencionado en otros artículos (nacionalización de la banca, un sistema fiscal que grave adecuadamente las rentas del capital, erradicación de la corrupción, etc.). Un sistema judicial justo debe implicar, por otra parte, la eliminación del concepto de fianza como medio para comprar la libertad por parte de los ciudadanos pudientes que estén acusados de algún delito.

Y como decíamos más arriba, desde un punto de vista cuantitativo, la Administración de Justicia requiere muchos más recursos para poder resolver los procesos judiciales con mayor celeridad y seguridad. Como reza el dicho popular, "una Justicia lenta no es Justicia", e implica, entre otros efectos, el alargamiento de la prisión preventiva a ciudadanos a los que se debe presumir su inocencia, o por el contrario, la liberación de los acusados posiblemente culpables sin que el juicio se haya celebrado. No podemos permitirnos situaciones como las que se han vivido recientemente, donde algunos casos, más concretamente de corrupción, se han condenado a los 10, 12, 14 ó 16 años del comienzo de sus investigaciones, máxime cuando pesa sobre ellos la enorme ventaja de la prescripción de algunos delitos, según nuestro Código Penal. El Estado debe por consiguiente ser responsable de la celebración de las causas judiciales en un plazo determinado, prudencialmente en el tiempo, para que dichas situaciones absolutamente injustas, absurdas y surrealistas no se vuelvan a producir. Pero esto sólo se consigue con mayor dotación de medios humanos y materiales, en vez de prescribir, como hace el Ministerio de Justicia del PP, la obligatoriedad de que los jueces tengan un plazo determinado (fijado inicialmente en 6 meses) para poder instruir las causas. Continuaremos en siguientes entregas con el tema de la Justicia.