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18 febrero 2015 3 18 /02 /febrero /2015 00:00

"La res pública, como comunidad política de personas igualmente libres, no puede existir en un contexto de amplia desigualdad de poder, riqueza o renta. Porque precisamente esta desigualdad desata tensiones políticas que provocan movimientos reactivos que amenazan con destruir las bases de cualquier comunidad política"

(Alberto Garzón)

 

 

 

 

 

Y continuando con la perspectiva de la Justicia que queremos en el contexto de la Tercera República, ya iniciado en el artículo anterior, hemos de decir que se deberá derogar la reforma que acaba de aprobarse (sólo con los votos del PP) para el Código Penal, que destruye el principio constitucional de la reinserción social, que afirma que "las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social del reo", principio que ha quedado roto con la introducción de la prisión permanente revisable. Remito a los lectores al artículo donde hacíamos un extenso análisis del nuevo Código Penal, desde varios puntos de vista. Se trata, ya dejamos constancia de ello, de un Código Penal autoritario, represor, vengativo y retrógrado. Bien, pero aún nos quedan algunos aspectos más relativos a la Justicia, no menos interesantes. Uno de ellos tiene que ver con la propia independencia del Poder Judicial. Y es que en relación a ello surgen dos problemas ciertamente difíciles de resolver. El primero está relacionado con quién elige a los componentes o miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y el segundo se refiere a quiénes son las personas elegibles para formar parte de este poder.

 

republica_queremos231.jpgHasta ahora, y desde la época de la Transición, la elección de miembros para el CGPJ se ha realizado mediante un sistema de reparto de cuotas en relación a los dos grandes partidos políticos del país (PP y PSOE), entendiendo con ello que se nivelaría un poco el sesgo conservador que existía en los miembros de la carrera judicial, provenientes de la época franquista. No es una práctica sólo nuestra, ya que el hecho es que, desde finales del siglo XVIII, en la mayor parte de las "democracias" burguesas occidentales, los componentes de los más altos órganos del poder judicial son nombrados principalmente por el Parlamento y/o el Gobierno, esto es, los poderes legislativo y ejecutivo. Lógicamente, este procedimiento acaba proporcionando un claro control del poder judicial por parte de los otros dos poderes del Estado, y quita protagonismo al pueblo como fuente directa de poder, de elección y de decisión, además de mediatizar la independencia de la justicia. El problema, por tanto, está servido.

 

republica_queremos232.jpgDurante los últimos años, y debido a las reñidas cuotas de poder ejercidas por el bipartidismo reinante, que ha copado prácticamente todas las esferas del poder, hemos asistido, en la práctica, a un bloqueo casi permanente a la hora de la elección de los representantes del poder judicial, habiendo de recurrir a prórrogas de los mandatos, que alargaban sin límite la renovación de los órganos jurisdiccionales. Lo que está claro es que si el Poder Ejecutivo no es debidamente controlado por el Legislativo, y el Poder Judicial surge mayoritariamente del Parlamento, la degeneración paulatina de la democracia es un hecho inevitable. En cambio, si se dispone de una Constitución claramente democrática, y las altas instancias de los tres poderes del Estado surgen directamente de la opinión mayoritaria de los ciudadanos, mediante sistemas de sufragio, dichos poderes podrán conservar la suficiente independencia como para tener capacidad de controlar y evitar los excesos de cada uno de ellos. La República habrá de renovar, por tanto, los sistemas y procesos de elección de los representantes del Poder Judicial.

 

republica_queremos233.jpgHabrán de derogarse también otras normas de claro carácter antidemocrático, como la actual Ley de Partidos, que criminaliza ciertas opiniones y pensamientos políticos, justificando la ilegalización de partidos que profesen ciertas ideas. La segunda parte de todo ello es acabar también con los juicios sumarios y masivos contra todo tipo de colectivos cuya naturaleza es exclusivamente política, que se están criminalizando bajo la excusa de ser parte del entramado de la extinta organización terrorista ETA. En este sentido, entendemos que la Tercera República también deberá dejar zanjado el tema del conflicto vasco, acabando con toda la campaña de hostigamiento que se ejecuta contra la izquierda abertzale, poniendo en práctica una política de reagrupación y acercamiento de presos, y dando claros pasos a favor de la resolución del conflicto. Ahora que ya no estamos en una situación de violencia, y que la banda armada está prácticamente desmantelada, únicamente han de hablar la política y la democracia, incluida la posibilidad (como por otra parte también reconocemos para el pueblo catalán) de reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos.

 

republica_queremos234.jpgOtro capítulo pendiente es del pleno respeto a los Derechos Humanos, donde nuestro país ha de recorrer todavía un cierto camino, pues varios son los frentes abiertos, que nuestra incompleta democracia no ha cerrado aún. Por una parte, el reconocimiento y dignificación de todas las víctimas del franquismo, apoyando desde el Estado los recursos contemplados en la Ley de Memoria Histórica, procediendo a la anulación de todas las penas y decisiones de los tribunales franquistas, y poniendo a disposición de la Justicia a los responsables vivos de crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última etapa de la dictadura. De otra parte, la erradicación completa y definitiva de la tortura (véase el artículo relativo a este tema), y una mayor protección de los derechos de las personas detenidas en nuestro país. Esto lo hacemos extrapolable a la problemática de los inmigrantes, donde proponemos el desmantelamiento de todos los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros), la eliminación de las cuchillas de las vallas de Ceuta y Melilla, y el absoluto respeto a todos los derechos de los migrantes, prohibiendo el rechazo en caliente, y dotando de mecanismos de absoluto respeto a los derechos humanos para todas las personas que cruzan nuestras fronteras. Se ha de derogar igualmente la actual Ley de Seguridad Ciudadana, engendro de ley represora del Gobierno del PP, que ha criminalizado la protesta ciudadana, violando flagrantemente los elementales derechos de reunión, expresión, asociación y manifestación. Pero aún no hemos acabado con el tema de la Justicia, que da mucho de sí. Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Política
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