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26 febrero 2015 4 26 /02 /febrero /2015 00:00

"No existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencia de Justicia"

(Montesquieu)

 

 

 

 

 

 

republica_queremos241.jpgY precisamente es a la Justicia, a su Administración Pública, y a todo lo que le rodea, a la que le estamos dedicando ahora atención bajo el contexto de la Tercera República que queremos. En artículos anteriores ya hemos abordado algunos aspectos, problemas y soluciones en relación a la misma, pero aún nos quedan algunos aspectos que tratar. Detengámonos ahora en la presencia de un tribunal especial, la Audiencia Nacional, que decide sobre determinadas causas, como son, por ejemplo, los delitos contra la Corona, el crimen organizado, los delitos de terrorismo o contra la seguridad del Estado. Y resulta que por este carácter especial, que se escapa a la jurisdicción ordinaria, la Audiencia Nacional ha sido considerada en reiteradas ocasiones como un tribunal de excepción, heredero del antiguo Tribunal de Orden Público de los tiempos del franquismo. En su obra "Los pecados de la Audiencia Nacional", Pérez Alonso ha constatado que una de cada tres sentencias de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional recurridas ante el Tribunal Supremo resulta anulada por éste. Esto significa que, en cada una de estas sentencias, dicha Sala comete una ilegalidad, vulnerando principios constitucionales u otras leyes. Otras muchas son anuladas por el Tribunal Constitucional, e incluso, rechazadas en última instancia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta situación es absolutamente intolerable, y demostrativa de que algo no funciona bien en nuestra justicia, y por tanto, en nuestra democracia.

 

republica_queremos242.jpgY lo que ocurre, básicamente, es que aún nos falta bastante madurez democrática, en el sentido de aprender en relación con el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades básicas de la ciudadanía. Ello tiene su explicación en una legislación obsoleta y anacrónica en muchos aspectos, resultante de la influencia de la época franquista, a la cual se le suma la práctica del PP (el partido más retrógrado del arco parlamentario español) de impugnar los actos políticos por vía judicial, lo cual está conduciendo a una situación de politización de la justicia, y a su pérdida total de independencia. Esto, unido a una legislación antidemocrática, hace que, en los aspectos en que el PP y el PSOE se ponen de acuerdo, las libertades básicas se tambalean. Véase por ejemplo el reciente Pacto de Estado en torno al terrorismo yihadista, que plantea una serie de situaciones completamente absurdas, casi de estado de excepción encubierto, unido a la implantación (aunque el PSOE haya declarado que la va a abolir) de la nueva pena de "prisión permanente revisable". Con todos estos mimbres, reforzamos la idea de la poca independencia real del Poder Judicial, porque además, a todo lo expuesto hay que sumarle que los magistrados del Tribunal Supremo son nombrados por el CGPJ (con lo cual se alarga la cadena de dependencia del Parlamento), que el Gobierno tiene en sus manos la designación del Ministerio Fiscal (a través del nombramiento de la figura del Fiscal General del Estado), la Dirección de la Policía Judicial, la potestad de recurrir a la figura (también anacrónica) del indulto, así como la política del régimen penitenciario.

 

republica_queremos243.jpgTodo ello forma un cóctel explosivo, cuya consecuencia fundamental se manifiesta en la sensación ciudadana, cada vez mayor, de que la Justicia no es igual para todos, de que la Administración de Justicia funciona al servicio de los poderosos, y de que no existe en verdad independencia de los poderes básicos y fundamentales del Estado. Las propuestas para conseguir un mayor grado de independencia del Poder Judicial pueden ser múltiples. Por ejemplo, los miembros del CGPJ y del TC (Tribunal Constitucional) podrían ser elegidos directamente por los ciudadanos. El primero, de carácter más técnico, ya que es el propio órgano de gobierno de los jueces, podría ser elegido entre candidatos juristas que reuniesen determinadas condiciones, mientras que el segundo podría ser elegido entre ciudadanos independientes. A su vez, el Fiscal General del Estado podría ser elegido por el CGPJ. El TC podría tener, además de la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la Constitución (de la nueva Constitución Republicana), la de decidir sobre las demandas de responsabilidades presentadas contra magistrados del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de las respectivas Comunidades (autónomas o federadas). De este modo, sólo es una propuesta, pueden existir otras, se eliminarían los problemas derivados de la endogamia y el corporativismo implicados en la legislación actual, según la cual las ilegalidades cometidas por los jueces deben ser juzgadas por otros jueces. Por otro lado, como ya hemos comentado, no nos parece adecuada la presencia de la Audiencia Nacional, por las características expresadas que posee este singular tribunal.

 

republica_queremos244.jpgNos queda por abordar todavía una de las mayores lacras de la justicia española, como es su exagerada lentitud. Una justicia lenta no es justicia, supuesto que si transcurre demasiado tiempo entre la comisión de los supuestos delitos y su juicio y condena correspondiente, si las hubiere, se pierde la noción de perspectiva entre el castigo por la comisión de tales delitos, y la ciudadanía pierde la sensación de que el sistema castiga a los delincuentes que no cumplen las leyes. Actualmente, la prescripción de los delitos es un hándicap insalvable en muchos casos, y la insuficiencia flagrante de medios humanos y materiales a disposición de los Juzgados convierte en imposible una tan necesaria agilización y celeridad de la Administración de Justicia. Muchos juicios se anuncian a los 5, 10 ó 15 años del inicio de sus investigaciones, cuando la opinión pública ya ni siquiera recuerda el contexto del caso en cuestión. Algo completamente lamentable, que sólo tiene una respuesta. A la pregunta: ¿por qué es lenta la Justicia? La respuesta es: porque no dispone de medios suficientes para poder ser más rápida. No es que los funcionarios implicados o los jueces tengan pocas ganas de trabajar, y se tomen los asuntos con más calma, sino que los propios sistemas de trabajo, los procedimientos, el archivo de los documentos, los protocolos marcados por muchas leyes, la propia gestión documental, y la falta de personal y de medios materiales y tecnológicos les  imposibilita construir una gestión más rápida, adecuada, moderna y eficiente. Continuaremos en siguientes entregas.

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