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30 mayo 2013 4 30 /05 /mayo /2013 23:00

La sociedad española vive tiempos convulsos de cambio en medio de una crisis sistémica de proporciones inimaginables hace apenas unos años. Son especialmente los trabajadores y los sectores populares los más golpeados, con diferencia, por todo tipo de medidas de ajuste, recorte, reestructuración o austeridad, pero también las clases medias observan atónitas como la concentración de la riqueza y de las decisiones se produce en núcleos cada día más reducidos, núcleos oligárquicos donde comparten la información y la gestión de la misma dirigentes políticos y empresariales selectos.

transparencia1.jpgEn los últimos decenios, de forma flagrante e indecente, los intereses económicos de esos pocos se impuso a la política, entendida como la más pura y sublime dedicación de preocuparse por organizar lo que es de todos, pensando en el bien común y en el interés general, encumbrando a una forma de entenderla basada en la “puerta giratoria” donde lo público y privado se entremezclan al servicio del lucro, y sin demasiados escrúpulos a la hora de priorizar ese aspecto sobre el interés colectivo.

La desafección hacia ese modelo de entender la política estaba servido, e incluso hacia la política en general, al confundirla como la única opción posible en una sociedad donde la alternativa era continuamente minorada. Los recortes del Estado del Bienestar, la democracia representativa al servicio de los poderes oligárquicos no democráticos, y la crisis del modelo de Estado han acabado de abonar una situación de “crisis política” sobre la que pivota en buena parte la incapacidad de los gobiernos y de las formas de representación clásica de reconducir la situación.

En ese marco llega la iniciativa del Gobierno del PP de desarrollar una Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En un principio la medida era presentada como ejemplo reformista e incluso regeneracionista, para dar respuesta anticipada a la demanda ciudadana de transparencia en los asuntos públicos, y en concreto en el funcionamiento de las Administraciones Públicas. Seguía la estela de iniciativas pioneras en el mismo sentido, como la del Gobierno de Navarra y de algunas Directivas europeas. Pero el partido que sustenta al Gobierno y el propio Gobierno carecían de credibilidad, no sólo por los escándalos de corrupción aparecidos en su seno, sino por su negativa a organizar Comisiones de Investigación en el Parlamento, que contribuyeran a arrojar un poco de luz sobre los mismos.

transparencia2.jpgNo hay Ley que haya sido nombrada tantas veces por el Gobierno del PP como talismán contra todo tipo de males que afectan a nuestra democracia y al propio Gobierno, ya sea la desafección, la corrupción e incluso últimamente contra el desapego a la propia Monarquía. Este hecho ha contribuido a levantar aún más las expectativas de la Ley, que en un principio perseguía objetivos sin duda propagandísticos sumados, siendo sinceros, a la propia modernización en su funcionamiento de la Administración Pública, revolucionada por el auge del papel de las redes sociales y de las nuevas tecnologías.

El contexto político del país ha superado con creces al Gobierno e incluso a los propios legisladores, y del texto inicial que pretendía exceptuar al escrutinio de la ley una serie de espacios públicos o simplemente ya ni los citaba, se ha pasado a un debate en el Congreso, pero también en la calle, sobre la necesaria ampliación de los ámbitos del texto y sus pretensiones. El golpe de efecto del PP se ha convertido para su grupo parlamentario y para el propio Gobierno en un galimatías de difícil solución, donde temas como los partidos, la corrupción, la Monarquía o la calidad y preeminencia del derecho a saber sobre el derecho a proteger u ocultar, se han convertido en aceradas cuestiones desde la perspectiva conservadora.

transparencia3.jpgEl Gobierno ha intentado desesperadamente que la ley no se le vaya de las manos, y sin duda las iniciativas de incorporar a partidos políticos y a la Monarquía al texto obedecen a esa presión que los casos Bárcenas y Urdangarin ejercen, sumados a la presión popular que pide aumentar la calidad de la democracia y el fin de los recortes. Periodistas, académicos, funcionarios especializados, pero también empresarios y sindicalistas ofrecen estos días una riqueza de argumentos que sorprende por su exuberancia, buena muestra todo ello del interés despertado y por el estado de ánimo del país ante el debate de la calidad democrática, ya que donde hay “luz y taquígrafos” es más difícil que anide la corrupción, y la ciudadanía de hoy y del futuro se niega a ser tratada solo como electores a cuatro años y consumidores, y quiere interactuar con su Administración y con su democracia.

Un flanco que también colea es el de la capacidad sancionadora del Gobierno Central sobre otras Administraciones Autonómicas y Locales, ya que podría vulnerar competencias de autoorganización de esos entes, y finalmente el carácter independiente o no del Gobierno de un ente regulador que velaría por la aplicación de la Ley, ya que en el actual texto dependería directamente del Ministerio de Hacienda. Todo lo cual proporciona un panorama de incompletitud y poca ambición de la nueva norma, que nosotros vamos a ir exponiendo en nuestra enmienda de totalidad, en sucesivos artículos. La Transparencia ha de ser entendida como un eje transversal de la acción de un Gobierno, y reposar en mecanismos de democracia participativa, que revaloricen lo público y eliminen los posibles resquicios de corrupción.

transparencia4.jpgEl nerviosismo, el hartazgo y la tensión de la calle se notan en cada palmo del Congreso, y podemos afirmar que si la Ley de Transparencia finalmente se tramita con un texto que esté muy por debajo de las expectativas despertadas, las fuerzas políticas que se responsabilicen directamente o apoyen ese hecho, sufrirán una censura ciudadana que irá mucho más allá de una votación o un debate parlamentario. Igual resulta que la ciudadanía a golpe de mercado está aprendiendo a valorar la democracia de forma distinta a como algunos pocos tenían programado, y en este país se recupera la política con mayúsculas. Si "A enemigo que huye, puente de plata", que dice el refranero, podemos afirmar que un nuevo fantasma recorre España, se llama democracia,  y las leyes de transparencia deben ser puente de plata a ese nuevo sujeto.

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