Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

Vamos a finalizar en esta tercera entrega con el resto de servicios públicos que se nos quedaron pendientes desde el artículo anterior de esta serie, terminando ya de esta manera con la propuesta conjunta de Derechos ciudadanos y Servicios Públicos fundamentales ligados a ellos:

B) SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES (Cont.)

7.- Banca. Después de todos los desmanes cometidos por la banca privada en todo el mundo, es obvio que necesitamos un Sistema de Banca Pública para recuperar y mantener todo el control de los depósitos y el flujo de crédito hacia la economía productiva, es decir, el mundo familiar y el empresarial. Un polo de Banca Pública, constituido desde la recuperación para lo público (nacionalización) de las antiguas Cajas de Ahorros que hayan sido fusionadas, e incluso bancos recuperados con ayudas públicas, y con la ayuda de otras entidades ya existentes (ICO, por ejemplo), y recuperando su adscripción local y territorial, así como su función y obra social, es lo que necesitamos para volver a levantar el tejido productivo que se ha venido desmoronando durante todos estos años de crisis. La Agencia Pública de Banca de cada Comunidad Autónoma podría comportarse de esta forma, distribuyendo el crédito familiar y a la iniciativa empresarial, para que la economia productiva pudiese recuperarse poco a poco, y además, donde estuvieran prohibidas todas las prácticas de tipo especulativo, así como la utilización de paraísos fiscales.

8.- Medios de Comunicación. El sector audiovisual (TDT, Internet), por ser el más moderno y aglutinador de los medios tradicionales de comunicación de masas, debe regirse por medio de un servicio público, y por tanto responder a su misma filosofía: universal, gratuito, de calidad. Hoy en día, nuestra RadioTelevisión Española (pública) está siendo (de nuevo) objeto de un control político intolerable, pues el Partido Popular acaba de modificar el sistema de elección de los representantes de su Consejo de Administración, y por tanto, todos sus altos cargos vuelven a ser elegidos por el partido mayoritario. A los parámetros ya mencionados en cuanto tal servicio público, debemos sumarles los de imparcialidad, profesionalidad, veracidad y objetividad en la información, para poder dar un servicio de calidad a los internautas/telespectadores. A tal fin, una Agencia Estatal Pública Audiovisual puede encargarse de establecer, velar y promover el desarrollo de los contenidos respetando estos parámetros a nivel de todo el Estado, y de igual manera los sectores audiovisuales autonómicos deberán seguir respetando su carácter público. Por su parte, el servicio postal, envíos y paquetería (Correos) también debe volver en su totalidad al ámbito público.

9.- Telecomunicaciones. Hoy en día el mundo cada vez más potente y avanzado de las telecomunicaciones está muy presente en todas las actividades humanas, de ahí que deba ser también garantizado como un servicio público. Tanto es así, que hasta las más altas Instituciones y Organismos Internacionales han declarado ya el acceso a Internet como un Derecho Humano, por las altas capacidades que posee la Red para el acceso y difusión de la información. Desde que se liberalizó este mercado en España, no ha hecho más que encarecer su precio, reducir su calidad y servicio al cliente, precarizar el empleo, y aumentar los multimillonarios beneficios de sus empresas transnacionales. Telefónica es el gran paradigma de lo que decimos. Esta empresa debería volver a ser 100% pública, y por tanto proporcionar servicio gratuito, de calidad y universal a toda la ciudadanía, al menos en los servicios básicos de telefonía fija e Internet. Dichos servicios, así como toda su política de implantación, catálogo de productos, precios, competencias, regulación, normativas, derechos y deberes, etc., debería ser implantada y asegurada por una Agencia Pública Estatal de Telecomunicaciones, que delegara en cada Comunidad en la respectiva a su territorio. De esta forma seguro que conseguiríamos que las empresas de este sector no tuvieran (después de la Banca) el ránking más elevado de las quejas ciudadanas a las asociaciones de consumo.

10.- Transportes. Una Agencia Pública Estatal de Transportes debería velar por la difusión de una red de transporte público básico en todo el Estado, y aglutinar y potenciar los transportes públicos y colectivos, fundamentalmente el metro, el autobús, el ferrocarril, el barco y el avión. En vez de tantas líneas AVE, para luego realizar una propuesta de privatización de las mismas, así como una privatización de los aeropuertos más importantes (excluyendo de dicha propuesta a los más deficitarios), una gran red vertebrada de transporte público y colectivo debería garantizarse mediante este servicio. Esta agencia debería también velar por la existencia de una red de autovías y autopistas nacionales (y en cada Comunidad Autónoma) completamente públicas, sin pago de ningún tipo de peaje, para asegurar la posibilidad de recorrer en coche cualquier trayecto nacional, sin coste alguno. Las Agencias Públicas de Transporte de cada Comunidad Autónoma deben hacer lo propio en cada territorio regional.

11.- Energía. Aquí hay también mucha tela que cortar. Para empezar, deben regresar al ámbito público las grandes compañías eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural) y proceder a la nacionalización de un sector clave y estratégico no sólo para la economía, sino para la independencia de abastecimiento sobre los mercados exteriores. Pero no sólo esto. Desde el ámbito público se debe apostar de forma decidida por las Energías Renovables, trazando planes sin retorno para desmontar definitivamente la cara y peligrosa energía nuclear, así como para abrir camino, empleo y mercado en las empresas que se dediquen a la investigación y desarrollo en estas nuevas fuentes de energía, más baratas, limpias, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Todo ello, por tanto, podría ser gestionado a nivel estatal mediante una Agencia Pública Estatal de la Energía, que delegara en las diferentes Agencias autonómicas en lo que tenga que ver con la gestión y autonomía de sus propios recursos.

12.- Agua. El agua es fuente de vida. Tierra, aire y agua deben entenderse como bienes de dominio público en su sentido más estricto y universal, y en el caso concreto del agua, además, como un puntal en las políticas de mantenimiento y distribución para el consumo de seres vivos, incluyendo a los humanos. El agua y todo lo que tiene que ver con su origen, extracción, purificación, conservación, transmisión, abastecimiento, gestión, almacenaje, envasado, consumo, depuración, etc., no puede escapar al ámbito público, y en consecuencia, no podemos permitir jamás que sean servicios que se puedan privatizar, ni en los medios ni en los fines. No sólo deben ser públicos los caudales, sino toda la gestión llevada a cabo tanto en medios rurales como urbanos. El control sobre las infraestructuras es asímismo fundamental. Una Agencia Pública Estatal del Agua, que coordinara los medios y funciones de las Agencias autonómicas, debiera controlar todos los aspectos de las políticas implementadas en relación a este recurso tan importante y universal.

Y en fin, con ello finalizamos toda esta gran propuesta sobre el catálogo de Derechos Fundamentales y Servicios Públicos, que espero sea comentada, criticada, completada, rectificada, etc., por los lectores, y podamos así establecer un consenso, de cara a conseguir en un futuro que sean derechos y servicios garantizados de forma gratuita y universal para toda la ciudadanía. Lo ideal además es que todo esto tuviera una plasmación en nuestra Constitución, y luego un desarrollo normativo posterior, para que quedara garantizado por las Leyes. Desgraciadamente las modificaciones y/o ampliaciones de nuestra Constitución no van por estos derroteros, más bien por los contrarios, así que quizá sea conveniente que luchemos para redactar entre todos una nueva Carta Magna, y esta sí, que represente al detalle los deseos de nuestro pueblo soberano.