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29 febrero 2012 3 29 /02 /febrero /2012 00:00

Publicamos hace pocos días un par de artículos en torno a nuestras propuestas desde la izquierda para una auténtica Reforma del Sector Financiero, en oposición a la que acaba de ser presentada por el Gobierno y convalidada en el Congreso, con la complicidad de los grupos de derecha de la Cámara (PP, PSOE, CIU, CC y UPN, y la abstención del PNV), y el voto en contra de las coaliciones de izquierda. Pues bien, en este artículo trataremos un tema colateral a dicha reforma, un tema que no es nuevo, sino que es un tema troncal y problemático de nuestra economía, como es la Vivienda.

 

casas_y_gente.jpgEfectivamente, miles son los deshaucios anuales que se producen en nuestro país, y que condenan a la pobreza y a la exclusión social a las familias que, por no poder dedicar recursos a hacer frente a su deuda hipotecaria, la Entidad Financiera se queda con la vivienda, y además siguen debiendo al Banco la susodicha deuda. Desde la izquierda ya hemos venido planteando que se implante (incluso a nivel europeo) el sistema de la dación en pago, que aunque no es la solución definitiva, al menos alivia la deuda que han de soportar dichas familias.

 

Pero tenemos que partir de la base de que la Vivienda, así con mayúsculas, es un Derecho Constitucional, no garantizado todavía hoy en día por los poderes públicos, sino administrado de una manera muy poco social por las Entidades Inmobiliarias, Bancarias y Financieras. Y eso que existió desde algún Gobierno anterior del PSOE todo un Ministerio dedicado a la Vivienda, pero no arregló absolutamente nada.

 

dacion_en_pago.jpgLa alternancia en el poder de Gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista se ha traducido en un encarecimiento progresivo del precio de la vivienda, una ausencia de una auténtica política pública de alquiler de viviendas, la creación de una burbuja inmobiliaria cada vez más inflada, la especulación y corrupción ligadas a las calificaciones de suelo urbanizable, y una innumerable cantidad de viviendas vacías en nuestro país, procedentes de dicha especulación, de viviendas para segunda residencia, y del parque inmobiliario de los Bancos, procedente a su vez de las familias que habían perdido su casa.

 

El Ministro Guindos, con esta Reforma Financiera, también ha pretendido (al menos esas han sido sus declaraciones) ayudar a bajar el precio de la vivienda, para de alguna manera contentar  a la ciudadanía con estos anuncios, realizados sin ningún tipo de fundamento. De entrada, tenemos que decir que fomentar la compra de vivienda no es la medida adecuada para resolver este problema tan fundamental. Hoy por hoy, como decíamos, tenemos una media de 300 deshaucios al día en España, y sin embargo, según el último censo y los datos publicados recientemente por el Diario El País, tenemos unos seis millones de viviendas vacías, lo cual da idea de la enorme y cruel paradoja que se da en nuestra sociedad, y ante ella, debemos responder con contundencia, con inteligencia y con justicia social, y no con anuncios irrisorios como los del Ministro de Economía.´

 

derecho_a_techo.jpgAdemás, cuando estamos en una situación de falta de demanda, va a ser muy improbable que las familias puedan siquiera comprar las viviendas por muy bajos que estén sus precios. Mientras no solucionemos el problema del aumento del consumo, y consigamos reactivar el empleo y la economía real, los ciudadanos seguirán sin poder acceder a una vivienda digna. Ante eso, desde la izquierda ofrecemos una alternativa, en línea con nuestras otras propuestas de reformas relacionadas.

 

¿En qué consiste? Pues en que partiendo del hecho de que el Estado actualmente tiene intervenidas algunas Cajas de Ahorros que son de facto públicas, y que poseen un stock de viviendas muy importante, el Estado podría liderar un ambicioso Programa de Alquiler Público, poniendo a disposición de la ciudadanía dichas viviendas a precios muy baratos, y de esta forma comenzar a resolver el problema. Concretando un poco más, se trataría de que el Parque de Viviendas actualmente en poder de dichas entidades debería ser traspasado a una Agencia Gestora de Vivienda Pública en Alquiler, constituyendo una oferta pública de viviendas en alquiler a precios asequibles y moderados.

 

La Vivienda no puede ser considerada por las instancias públicas como un bien de lujo, como se ha concebido durante todo este tiempo como consecuencia de un mercado inmobiliario diseñado para tal fin, y ha de salvaguardar el derecho a la vivienda digna de todos los ciudadanos, fomentando las políticas de bajos precios, el alquiler en vez de la compra, la sostenibilidad de las construcciones y el uso de energías alternativas. Con el continuismo de las políticas ya fracasadas no solucionaremos este grave problema.

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