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29 julio 2013 1 29 /07 /julio /2013 23:00

En torno al debate sobre la función social de la propiedad se enmarca el fondo que lleva al PP a interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional, sobre la posibilidad de paralizar (lo cual se ha ordenado de forma cautelar) el Decreto-Ley de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Recordemos que en dicho Decreto se ordena la expropiación temporal por un máximo de tres años, de viviendas en propiedad de los bancos, en los casos de familias que vayan a ser deshauciadas, y estén en riesgo de exclusión social. Pero todo ello lo podemos enmarcar en un debate más amplio, en torno al sentido y a los límites de la propiedad privada en nuestro país.

 

Comencemos por echar un vistazo a la Constitución Española de 1978, actualmente vigente pero incumplida, para ver hasta qué punto reconoce o no la función social de la propiedad. El derecho a la propiedad privada es recogido en su artículo 33, así como que "la función social de ésta estará delimitada por las leyes". Por otra parte, el artículo 128 declara que "toda la riqueza del país en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, estará subordinada al interés general". Esta pequeña frase es el corazón fundamental de la cuestión, que tendrá que interpretar el TC en el susodicho recurso, para darle la razón al PP o a la Junta de Andalucía. Las dos preguntas que pueden plantearse a continuación serían: ¿el conjunto de las viviendas vacías existentes (en Andalucía para nuestro ejemplo) forman parte de "toda la riqueza del país"? Y la segunda: ¿puede considerarse como "interés general" dotar de viviendas al conjunto de las familias (andaluzas, en nuestro caso) que no disponen de ella?

 

funcion_social_propiedad.jpgPeliagudo asunto, como puede verse, si nos inmiscuimos en la maraña de leyes, decretos, y jurisprudencia a interpretar sobre estos casos. Sin embargo, creo que si utilizamos el sentido común, por otra parte el más común de los sentidos, lo podremos ver todo un poquito más claro. En el origen de todo ello, como decimos, el sentido y el límite del derecho a la propiedad privada. ¿Puedo yo, persona física, ser dueño de un bolígrafo? Parece que nadie se opondría a la respuesta afirmativa. Bien, extrapolémoslo un poco más. ¿Puede una empresa, persona jurídica, ser dueña de cincuenta millones de bolígrafos? Parece que también está muy claro que sí. Básicamente, porque con la posesión de dichos utensilios para escribir no estamos atentando contra el interés general, ni sobre todo, estamos poniendo en peligro ningún derecho fundamental de las personas.

 

El debate se complica cuando, en vez de bolígrafos, hablamos de viviendas, o de agua, o de energía, o de comunicaciones, o de alimentación. El conflicto surge no cuando una persona física o jurídica es propietaria de una vivienda, o de un pozo, o de un carro de alimentos. El problema surge cuando toda la propiedad sobre dichos bienes fundamentales se traslada al control de las empresas privadas, que se mueven siempre con ánimo de lucro, porque entonces dejan de estar garantizados el cumplimiento de los derechos fundamentales de toda la ciudadanía. Y en nuestro país, los poderes públicos han permitido durante décadas que la propiedad privada de los poderosos esté por encima del interés general, vulnerando lo establecido en la Constitución. Véanse por ejemplo las luchas del SAT por ocupar fincas en Andalucía, para garantizar la función social del uso de dichas tierras, para los trabajadores que laboren en ellas.

 

Ni siquiera se trata de una cuestión de prioridades, sino de la prohibición por parte de los poderes públicos de que los derechos fundamentales de las personas puedan estar en manos del sector privado. Otro tanto ocurre con los ahorros de toda la sociedad, que no pueden estar en manos de la banca privada, porque ya estamos viendo lo que ocurre: acordémonos por ejemplo de los cientos de miles de personas estafadas por el negocio de las participaciones preferentes, incluyendo ancianos y niños. El afán de lucro privado llega a ser tan despiadado y cruel que nada se interpone en su camino. Una sociedad justa debe poner coto a la ambición de las empresas privadas, y prohibirles comerciar con bienes o servicios públicos, esos que protegen "el interés general". Este es el motivo de que deba existir, por ejemplo, una Banca Pública.

 

Los límites por tanto hay que ponerlos en el sentido de que los poderes públicos, como parece sugerir nuestra Constitución, sean los garantes últimos de que la función social de la propiedad se respeta, y de que por tanto, se ponen siempre por delante los derechos fundamentales de las personas, antes que la propiedad particular de una empresa privada. Si esto no se garantiza, es ahí donde comienzan los conflictos. ¿Y cómo ha de garantizar un Estado justo esta cuestión? Pues simplemente velando porque los derechos fundamentales no se puedan convertir en mercancía, en negocio, controlado por los intereses de rentabilidad y beneficio de las empresas privadas. Desde este punto de vista, comienza a comprenderse mejor la necesidad de "nacionalizar" o de "expropiar" para el erario público todas las grandes empresas (que hoy en día suelen ser además transnacionales) que operen en los sectores estratégicos de la economía, una economía que por tanto ha de ser productiva y no especulativa, para que atienda a la satisfacción de las necesidades humanas.

 

Un Gobierno, por tanto, no puede erigirse, como hace el del PP, en los representantes y protectores de los intereses de aquéllas empresas que hacen de las necesidades humanas un negocio y una mercancía. Y hoy en día, el Gobierno del PP es el representante de la banca, que controla las hipotecas y las viviendas vacías, de las inmobiliarias, que especulan con el suelo público, de las empresas energéticas, que comercian con la posibilidad de que funcione nuestra cocina y nuestro cuarto de baño, pues disponen del control sobre el agua caliente y la calefacción. El Gobierno del PP es el mejor representante de quienes comercian con nuestra necesidad de vivir en un entorno digno, para nosotros y para nuestros hijos, pues defiende a las élites económicas que dirigen dichas empresas, y a ellos no les importa nada la función social de la propiedad.

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Published by Rafael Silva - en Política
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Comentarios

Alejandro 11/19/2015 12:03

Aquí podéis encontrar multitud de fincas en venta: http://inmocampo.com/contactar/

Alejandro 11/19/2015 12:02

La propiedad privada no es algo negativo, al revés, es una señal de avance y bienestar económico. Las fincas de caza son una buena prueba de ello. Su crecimiento en los últimos años ha sido enorme. Saludos.

elio 03/14/2014 00:33


La Propiedad privada es la razon de que en EUROPA se exporte gente E-migrantes desde que se conoce desde COLON!!!!!

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