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22 enero 2015 4 22 /01 /enero /2015 00:00

"Es absolutamente necesario desmitificar la realidad de la muerte, tanto en la sociedad en general como en el ámbito sanitario, y hacer pedagogía positiva de la misma"

(Declaración de Santander)   

 

 

 

 

 

 

Nos manifestamos, a tenor de todo lo expuesto hasta ahora, partidarios de un nuevo contexto para nuestro país donde se conceda amparo legal a la eutanasia, siempre que no haya una oposición expresa del paciente, bajo unas restricciones y un control rigurosos, que podría llevarse a cabo mediante una Comisión Médica que informase técnicamente de la situación clínica del enfermo/a, y una Comisión Judicial que decida, a la luz de los informes médicos, de la opinión del paciente (si es consciente de sus actos), de la opinión de sus familiares, y del contexto normativo, si se aplica o no el tipo de eutanasia solicitada. Nos estamos refiriendo al suicidio (médicamente) asistido, así como a la eutanasia activa voluntaria. Por otra parte, en la puesta en práctica de la misma, muchos autores asumen que quien debe realizarla debe ser un médico, pero aquí nos topamos con la famosa objeción de conciencia.

 

En efecto, los médicos que se oponen a esta práctica afirman que ellos están para curar y no para matar, y que para matar puede servir cualquiera. La razón es poderosa, toda vez que la profesión del médico es curar, para lo cual se requiere una gran preparación, mientras que matar, desde el punto de vista material, es fácil, y puede hacerlo cualquier persona, esté o no preparada. Pero no es menos cierto que cualquier tipo de eutanasia, si es que queremos ofrecer un contexto de seguridad jurídica, debe llevarse a cabo adecuadamente, y requiere un profesional, pero parece razonable que también haya de ser un profesional que desee (voluntariamente) ejercer esta actividad. Del mismo modo que debe haber profesionales que investiguen voluntariamente sobre la muerte, y la forma de llegar a ella con el menor sufrimiento posible.

 

Sin embargo y como siempre, "la obsesión que muestra la derecha ideológica en nuestro país por calificar públicamente de asesinatos a la eutanasia y el suicidio asistido, o su insistencia en denominar eutanásico al genocidio nazi, no parecen responder a otra cosa que a una premeditada intención de ofuscar, obstaculizar, y finalmente, impedir el debate racional y sosegado sobre la eutanasia y el derecho ciudadano a una vida y una muerte dignas" (Luis Montes y Fernando Soler, El País 30/9/2008). Estamos convencidos de que es una conquista social el hecho de recoger legalmente la posibilidad de que se le pueda "facilitar" la muerte a una persona que no desea seguir viviendo por razón de una enfermedad terminal o por una situación de sufrimiento intolerable, aún no mortal a corto plazo. Debemos desechar las variantes de eutanasia indirecta o eutanasia por omisión o pasiva, porque sólo complican el debate, y porque ambas conductas ya están despenalizadas desde el Código Penal de 1995. No obstante, otros antecedentes jurídicos continúan alimentando el debate, como la resolución del Tribunal Constitucional de 1990 que negó el derecho fundamental al suicidio, o la Ley Básica de Autonomía del Paciente de 2002, que reconoce solo algunos procedimientos legales para acabar con la vida de un tercero.

 

Por tanto, la desigualdad con que la actual legislación trata a personas en la misma situación (deseo de terminar con su vida) es manifiestamente contradictoria e insuficiente, a falta de una regulación más estricta y extensa, que aclare todas las posibles ambigüedades. Necesitamos definir de una vez por todas si ese derecho de autonomía personal significa realmente la capacidad de decidir por uno mismo hasta dónde quiere o no quiere llegar. O si se trata o no de un derecho tutelado. En definitiva, la Ley debe reconocer el derecho a poner fin a la propia vida, por sí mismo o ayudado por otros, cuando el paciente estime que lo que resta de ella no merece ser vivida. Y con respecto a la constancia de la propia decisión del paciente, es recomendable establecer y registrar dicha expresión de su voluntad en un documento de instrucciones previas, llámese Testamento Vital o de otra forma, así como de manera verbal, lo que evitaría conflictos (como la obstinación terapéutica) que no contribuyen a mantener una calidad de vida y de muerte. Finalizaremos en la próxima y última entrega de esta serie.

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Published by Rafael Silva - en Política
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