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6 junio 2012 3 06 /06 /junio /2012 23:00

Hace pocos días volvíamos a asistir a una nueva vuelta de tuerca en lo que se refiere a las "recomendaciones" (lo ponemos entre comillas porque más que de recomendaciones se trata de exigencias) que Bruselas nos impone sobre nuevas medidas de política económica. En efecto, desde hacía meses se venía hablando sobre la conveniencia o no de forzar al Gobierno español a un calendario tan estricto para el cumplimiento del objetivo de reducción del déficit público al 3% para el año 2013. Muchos analistas y organizaciones ya habían anunciado que creían que el cumplimiento de este objetivo no se alcanzaría, y que las autoridades comunitarias deberían relajar dicho escenario.

 

olli_rhen.jpgPues bien, en las comparecencias tanto de Durao Barroso (Presidente de la Comisión) como de Olli Rhen (Comisario para Asuntos Económicos) se comentó la posibilidad de, para el caso español, conceder un retraso para el cumplimiento del objetivo de déficit, pero con las exigencias de nuevas contrapartidas, a las que ya nos tienen acostumbrados. Recordarán los lectores cuántas veces hemos comentado en los diferentes artículos de este Blog que las medidas nunca terminarían, que siempre nos impondrían nuevos cambios, nuevos recortes, nuevas imposiciones en la línea neoliberal imperante en las políticas europeas. Pues bien, y como dice sabiamente nuestro refranero, "para muestra, con un botón basta".

 

La Comisión Europea dará a España una prórroga de un año más para situar el déficit por debajo del 3% del PIB (hasta 2014) si el Gobierno concreta "nuevos ajustes presupuestarios" para 2013 y 2014. Entre otras medidas, la Comisión ya ha pedido al Gobierno que rebaje las cotizaciones sociales, y compense la pérdida de ingresos con un repunte del IVA (Bruselas argumenta que nuestro IVA español, al 18%, es de los más bajos de la zona euro), y también exige un adelantamiento de la entrada en vigor de la reforma de las pensiones, que sitúa la edad de jubilación a los 67 años. Según aseguró el Comisario Económico, "España presentará un plan presupuestario para dos años, y la Comisión realizará una valoración exhaustiva en las próximas semanas". Estas declaraciones están en el contexto de la rueda de prensa donde han presentado las conclusiones, previsiones y recomendaciones para todos los países miembros.

 

durao_barroso.jpgPara el caso de nuestro país, Bruselas prevé una caída del PIB del 1,8% este año, y del 0,3% para el año próximo. Y todo ello, con nuestra prima de riesgo en valores máximos, y con la presión de los mercados en su punto álgido. Sobre la reforma de las pensiones aprobada en 2011, que retrasa la edad de jubilación a los 67 años y amplía a 10 años el período de cómputo para calcular el importe de la pensión, y que se aplicará progresivamente de aquí al año 2027, es un paso importante para la CE, pero no suficiente, pues por lo visto, además de requerir un adelantamiento de la entrada en vigor de dicho Decreto, aunque no lo han mencionado expresamente (todavía), parece ser que se habla de un endurecimiento de las condiciones para el cobro de las prestaciones por desempleo.

 

Por último, y como también hemos denunciado en otros artículos, el control del gasto autonómico es otro gran "demonio español" para Bruselas, hasta el punto de que han afirmado que "la Ley de Estabilidad Presupuestaria presentada recientemente por el Gobierno es un paso positivo pero insuficiente para controlar el gasto de las Comunidades Autónomas", a las que atribuyen la responsabilidad de los desvíos sobre las previsiones de déficit. Critican sobre todo el período de transición tan largo que prevé la Ley (hasta 2020), así como los plazos relativamente largos para poder garantizar una corrección a tiempo de las desviaciones presupuestarias de las Comunidades.

 

destruccion_modelo_social.jpgEn definitiva y según Bruselas, los planes del Gobierno Rajoy "son pertinentes, pero carecen todavía de la ambición necesaria", y todo ello, a pesar de reconocer que padecemos "desequilibrios demasiado serios, con un sector bancario frágil, un sistema tributario poco eficiente, un desempleo por las nubes, alto endeudamiento, y más pobreza y exclusión social". Pero aún así, siguen insistiendo en las mismas recetas. Es tal el nivel de ceguera ideológica que tienen nuestras autoridades europeas, que no se dan cuenta de que las medidas sugeridas para erradicar estos males van en la dirección diametralmente opuesta a las necesarias. Sólo puede ser entendido, como hemos mencionado otras muchas veces, basándose en la premisa de que las personas no importan. Sus "equilibrios contables" están por encima de todo, los Derechos Humanos simplemente no se contemplan, y con tal de proteger los intereses financieros, de los grandes grupos de poder y de presión, son capaces de ahogar completamente a la ciudadanía, como está pasando en Grecia.

 

Sórdido y sombrío panorama el que nos espera por este túnel sin salida, por este eterno túnel de las reformas europeas, por este santo grial de la economía conservadora, por este rosario de dogmas neoliberales que están destrozando el panorama social y laboral de los países comunitarios. Este camino persigue, como siempre hemos denunciado, un cambio estratégico del modelo social (del Estado Social consagrado en nuestra Constitución, al Estado Contable, Mínimo y Represivo), situar el modelo económico en un nuevo punto de partida para la recuperación del capitalismo (ya habló Sarkozy de la "refundación" del capitalismo), mediante un proceso de paulatina regresión social consistente, entre otras cosas, en un trasvase ingente de recursos al capital financiero, en un descenso gradual de los costes salariales, y en una entrada en el mercado de partes importantes del sector público (agua, salud, educación, transporte, energía...) con la misma finalidad.

 

destruccion_modelo_social2.jpgAsímismo, consiste también en una revisión del modelo político tendente hacia una involución y regresión democrática, especialmente en lo referido a los derechos de manifestación y huelga, y a los derechos laborales y sindicales, así como una revisión del modelo organizativo del Estado, y por tanto de las competencias autonómicas, tendente hacia la recentralización, y pérdidas del autogobierno. Se renuncia implícitamente a cualquier medida o política tendente a la creación de empleo, aceptando tasas de paro galopantes, y pérdida de prestaciones y garantías de protección social.

 

En resumidas cuentas, un panorama de total desintegración social de la población, de desprotección llevada a sus últimas consecuencias, de conversión en negocio de todo lo que supone cualquier derecho o servicio público, de total abandono a su suerte de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Ante este sombrío y trágico paisaje, cada vez está más claro que la salida de la Unión Monetaria y del euro puede ser la única solución posible para romper con toda esta situación insostenible de presiones, para partir de cero, refundando nuestro Estado Social declarado en la Constitución, y procediendo a una derogación y/o revisión de todas las normas que actualmente lo rigen, lanzando además Comisiones de Investigación que sienten en los banquillos de los acusados a los verdaderos culpables de esta crisis y de sus efectos.

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