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25 septiembre 2012 2 25 /09 /septiembre /2012 23:00

Mucha polémica ha suscitado últimamente el Consejo General del Poder Judicial y todo lo relacionado con él, a raíz del conflicto en torno a la dimisión (forzada) de su ex Presidente, Carlos Dívar. Todo ello ha servido como buen revulsivo para visibilizar, no sólo los posibles focos de corrupción que pudieran existir dentro del propio órgano de gobierno de los jueces, sino también una revisión de sus normas de funcionamiento, e incluso de la propia configuración del Poder Judicial. A este respecto, una de las organizaciones que más ha batallado para poner el acento donde debe estar, ha sido la Plataforma Ciudadana por una Justicia de Todos.

 

justicia1.jpgY uno de los miembros de su Coordinadora, Rafael Lafuente, escribió un interesantísimo artículo en Mundo Obrero, el cual tomo como buena referencia a la hora de confeccionar este artículo. Como decíamos, el caso Dívar ha actuado como punta de lanza a la hora de denunciar no sólo algunos aspectos del comportamiento del Poder Judicial, su oscurantismo y prepotencia entre otros, sino también para denunciar otros aspectos económicos, como la supuesta indemnización de 208.000 euros, a la que parece ser que Dívar renunció. Pero en todo caso, un hilo de descrédito se ha ido tejiendo en torno a este tercer Poder del Estado de Derecho, y no precisamente sin razón. No podemos perder el norte en lo que a la concepción de la propia Justicia se refiere, y por tanto, reclamar como pueblo que disfrutemos, como toda sociedad avanzada debe demandar, de una Justicia entendida como un aspecto más de la propia democracia, y como un servicio público de calidad. 

 

Calidad, garantías, cercanía, rapidez, confianza, además de los propios principios de funcionamiento de todo servicio público (gratuidad y universalidad) deben ser los inspiradores del modelo de Justicia que debemos alcanzar. Una Justicia cuyas Instituciones representativas provengan de la soberanía popular, y que por tanto estén sometidas al control de ésta. Y después de episodios como los anteriormente comentados, muchos pensamos que ya es hora de repensar y de replantearse muchas cosas, como por ejemplo, esos mecanismos de control ciudadano a los que antes aludíamos, las competencias y estatutos del CGPJ, así como la justificación de su propia existencia.

 

justicia2.jpgEn efecto, estamos hablando de una Institución caduca, muy politizada, cuyas competencias y normas de funcionamiento se debieran rediseñar, con el objetivo final (entre otros muchos) de hacer a este órgano mucho más transparente. El órgano de gobierno de los jueces debe convertirse en un órgano guiado y controlado por reglas completamente democráticas, donde sus criterios de actuación, decisiones a tomar y gastos a contemplar no sean opacos, sino transparentes y públicos de cara a la ciudadanía, y donde sus miembros tengan la obligación de rendir cuentas y de hacer público todo su patrimonio y toda su información, como ya ocurre en otros ámbitos y otros poderes. Ha de dejar de ser, como dice Rafael Lafuente, "una superestructura inexplicable para la democracia del siglo XXI".

 

Pero conectando con otros muchos artículos donde hemos escrito sobre la Justicia, tenemos que enlazar el debate ciudadano sobre la renovación del CGPJ con el debate, de mayor envergadura, sobre la Justicia que queremos  y necesitamos, unas de las grandes olvidadas, de las hermanas pequeñas, y aquélla situada en la cúspide de las Instituciones que son responsables de un mayor déficit democrático. Y como continúa el señor Lafuente: "Para poder cambiar esta situación, todos debemos reclamar que la Justicia es nuestra, porque es nuestra la democracia. Pensar que la Justicia es sólo de los que trabajan en ella es como entender que son los tecnócratas quienes deben dirigir la política económica, al margen de la propia ciudadanía".

 

justicia3.jpgHemos de alcanzar, por tanto, un nivel de gobierno auténticamente democrático y participativo en el Poder Judicial. Controlar desde la ciudadanía los procesos de elección de los vocales y representantes del CGPJ, su tiempo de mandato, su renovación y sus retribuciones (actualmente, entre un 30 y un 50% superiores a las de los Ministros). Desde la izquierda estamos también en contra de las propuestas que en torno a este tema ha realizado el actual Ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, sobre la supuesta "despolitización" de los miembros del CGPJ, otorgando al propio gremio judicial la posibilidad de que ellos mismos elijan a sus representantes, pues nos parece que redundará en un mayor grado de opacidad, de corporativismo y de falta de transparencia y de control ciudadano.

 

Y por supuesto, nos oponemos tajantemente a las nuevas tasas y precios públicos a implantar en algunas instancias judiciales, pues van en contra de la filosofía de servicio público que hemos declarado que ha de caracterizar a la Justicia. Nos oponemos a las privatizaciones encubiertas y a la existencia de Tribunales procedentes de la época franquista, como la Audiencia Nacional. Apostamos en cambio por una Justicia más abierta y participativa, más controlada por la ciudadanía, más intervenida políticamente, más servicio público, más modernizada tecnológica y administrativamente, con mayores garantías de acceso en condiciones de igualdad, y sobre todo, rapidez, agilidad y cercanía con los ciudadanos. Es hora de repensar la Justicia que queremos, de todos y para todos.

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